El Tribunal de Cuentas acaba de terminar su evaluación de los contratos públicos concedidos por la Junta de Castilla-La Mancha durante los años 2016 y 2017. La conclusión del ente auditor es demoledora, puesto que más de 650 de estas adjudicaciones contienen anomalías e irregularidades varias.
El informe del organismo fiscalizador anota que el gabinete socialista ha comprometido 988 millones de euros en contratos celebrados de forma inadecuada. De acuerdo con el Tribunal de Cuentas, decenas de los expedientes estudiados carecen de la debida justificación, de modo que su celebración estaría en el aire.
Según la evaluación, el gobierno autonómico que dirige el socialista Emiliano García-Page habría aportado numerosos expedientes deficientes. En consecuencia, los auditores observan una ausencia reiterada "de informes o estudios económicos que garanticen que los precios de los contratos sean adecuados al mercado".
Ante esta situación, el Tribunal de Cuentas recuerda a la Administración autonómica que "la inversión de fondos públicos y el consiguiente gasto que la mayoría de los contratos implica sólo puede justificarse por la existencia de una auténtica, efectiva y concreta necesidad de interés público que sea motivadora de la tramitación de cada expediente".
PP: gasto "irregular y presuntamente ilegal"
Los principales partidos de la oposición ya han reaccionado. La secretaria regional del Partido Popular, Carolina Agudo, ha pedido explicaciones a García-Page "por el despilfarro de casi 1.000 millones de euros". La dirigente azul ha señalado que el gobierno socialista "gasta el dinero de manera irregular y presuntamente ilegal".
En la misma línea se ha pronunciado Paco Núñez, que lidera la candidatura del PP de cara a las próximas elecciones autonómicas. El dirigente popular se ha comprometido a "investigar a dónde han ido a parar esos 1.000 millones de euros" y a "depurar responsabilidades y posibles consecuencias jurídicas de estos despilfarros".
Cs: un informe "alarmante"
Idéntico tono es el que ha mantenido la aspirante de Ciudadanos a la presidencia regional, Carmen Picazo. De acuerdo con la líder naranja, el informe del Tribunal de Cuentas es "demoledor" y pone de manifiesto que el Ejecutivo de García-Page "no justifica sus gastos y, lo que es aún más grave, utiliza procedimientos que buscan facilitar las adjudicaciones a dedo".
Picazo ha anunciado que un hipotético gobierno de Cs evitaría polémicas de este tipo con la creación de una Oficina de Lucha contra el Fraude y la Corrupción. Además, ha sentenciado que es "alarmante" que la Junta "acepte ofertas presentadas fuera de plazo, modifique contratos sin ajustarse a la Ley, emplee tramitaciones de urgencia sin acreditar los motivos y actúe con una clara falta de control a la hora de aplicar los criterios de adjudicación".