La oleada de invasiones okupas por todo el territorio nacional no sólo es debida a la legislación laxa que perjudica y vulnera los derechos del propietario. Existen otras poderosas razones para que los okupas se hayan visto fortalecidos y respaldados a la hora de no abandonar la vivienda cuando la situación ha llegado al límite.
Uno de los motivos es el empuje de organizaciones pro-okupación que, tal y como denuncian abogados y propietarios, asesoran a los okupas para que no dejen la propiedad, aún cuando hayan podido llegar a un acuerdo con el dueño del inmueble. Es decir, dichas asociaciones agravarían el conflicto entre los afectados enviando a equipos de juristas y profesionales antidesahucios para convencer al okupa de que no se vaya ni acepte ninguna propuesta económica.
El presidente y abogado de la Asociación de Vecinos Gatos Roxos, del barrio de As Gándara en Lugo, Jaime Gueimonde, vivió en sus propias carnes cómo colectivos de izquierdas gallegos fueron los responsables de que los okupas de la zona no abandonaran las viviendas. "Ya habíamos llegado a un pacto. Íbamos a dar dinero a las familias gitanas que usurparon cinco casas en el pueblo. En ese momento, llegaron varios abogados de estos colectivos para pedirle a los okupas de que no se fueran. De hecho, lo consiguieron y, finalmente, se quedaron en hogares que no eran suyos. El infierno se alargó para todos", transmite a Libre Mercado el jurista.
Expertos en 'asesoramiento okupa'
El Sindicato de Inquilinas es una de las organizaciones con ramificaciones por todo el país. Trabajan a través de asambleas y reuniones quincenales a las que asisten juristas y afiliados de ideología anticapitalista y de extrema izquierda. En Madrid cuentan con una gran actividad y muestran sus "logros" a través de sus redes sociales.
DESAHUCIO PARADO! #AngelSeQueda
Las vecinas de Carabanchel vuelven a impedir desahucios en el barrio. Poco a poco, la familia crece y, cada día, nos hacemos más fuertes.
Aquí os lo cuenta Ángel a href="https://t.co/ClUrgdIWKe">pic.twitter.com/ClUrgdIWKe
— Vivienda Carabanchel (@SVCarabanchel) April 24, 2019
Su finalidad es interceder entre el okupa y las empresas, bancos o dueños del piso en cuestión. Aseguran en su página web que los mueven nobles sentimientos y que su mayor afán es favorecer al pobre inquilino de las voraces fauces de fondos buitres. Pero la realidad y su forma de funcionar es bien distinta.
Así lo denuncia a este diario la letrada que defendía la causa de la familia Aguado. El Sindicato de Inquilinas de Madrid inició una campaña de acoso y derribo a uno de los dueños, Pedro Esteban Aguado, catedrático y con una hermana y un sobrino con minusvalía. "La plataforma me amenazó hasta en mi trabajo con llamadas telefónicas, publicaba mi foto, colgó carteles por todo el barrio con nuestras caras. Nos insultaban, y en estos momentos todavía no puedo volver a mi barrio", relataba con pesar.
Los Aguado vieron cómo era imposible recuperar sus viviendas heredadas gracias al esfuerzo de sus padres fallecidos. Hasta tres intentos hubo de desalojar a Rosi y al resto de okupas. Pero hasta allí se desplazaba el Sindicato de Inquilinos desplegando todos sus recursos. Cartelería, cascos de obra, pancartas, silbatos y llamamientos para obstaculizar la labor de desahucio a los agentes policiales. Y lo consiguen.
Una profesión de futuro
La matriz y origen de este tipo de movimientos fue la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que lideraba la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La asociación sigue activa y colabora con el Sindicato de Inquilinos en diversas ciudades y barrios. Su ideario, claramente en contra de la propiedad privada y el derecho a disponer de su propia vivienda a quienes la compraron, se puede leer en su página web.
La PAH no ha decaído. Es más, en vista de la lentitud y colapso de los juzgados para hacer efectiva la ley del desahucio exprés aprobada por Mariano Rajoy el pasado año, esta asociación conforma un gran grupo organizado por cientos de afiliados a su causa. Los socios son el apoyo económico y motor material. El Sindicato de Inquilinos de Madrid, por ejemplo, cuenta con un número de cuenta bancaria para su causa y solicita aliados para llevar a cabo sus acciones antidesalojo.
"El problema está en que estas plataformas ya tienen vida propia y no les interesa que deje de haber okupas, ya que han hecho del problema su forma de hacer caja", recalca Gueimonde. Y avisa de que "muchos okupas optan por hacer las maletas sin mayor ruido y aceptando una compensación. El drama está en que llegan estos expertos profesionales de la okupación y logran sus própositos", destaca el letrado.
Difícil es conocer sus cuentas, pero ayuntamientos como el de Manuela Carmena o el de Ada Colau no se han pronunciado nunca en contra de estas formas, en la mayoría de casos ilegales, de coaccionar a los propietarios. De hecho, las plataformas antidesahucios han catapultado a la carrera política, entre otros, al diputado de Podemos, Rafa Mayoral. El político fue abogado de la PAH y sigue presentándose como miembro activo contra desalojos. También su compañera de partido Irene Montero apareció recientemente en el distrito Embajadores de Madrid, apoyando el bloqueo de la Policía para impedir que los Aguado recuperaran la vivienda.
Hasta ahora, las consignas de los profesionales de la okupación se dirigen públicamente contra los fondos buitres o "los perversos mercados financieros". Por desgracia, quienes suelen estar detrás en la mayor parte de los casos son personas como Margarita o los hermanos minusválidos de Pedro Esteban y "las plataformas lo saben, pero les da igual", finaliza Gueimonde.