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El Tribunal de Cuentas denuncia el descontrol de los 3.819 millones de ayuda al desarrollo

Se han detectado "una serie de deficiencias" entre las que aparece la ausencia de manuales de procedimientos de gestión.

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Se han detectado "una serie de deficiencias" entre las que aparece la ausencia de manuales de procedimientos de gestión.
Sede del Tribunal de Cuentas | EFE

En línea con su actividad fiscalizadora habitual, el Tribunal de Cuentas acaba de publicar un informe dedicado a los programas de Ayuda Oficial al Desarrollo que gestiona la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). De acuerdo con el documento de marras, el desembolso asumido por este concepto ascendió a 3.819 millones de euros durante el año 2016.

El presupuesto en ayuda al desarrollo suponía el 0,3% del PIB en 2009. Los ajustes fiscales llevaron este porcentaje al 0,09% registrado en 2015, si bien el curso 2016 se cerró con un fuerte repunte interanual que devolvió esta rúbrica a niveles similares a los años de la burbuja. Pese a dicho crecimiento, tanto PSOE como Podemos aspiran a que este capítulo suponga el 0,7% del PIB, lo que supondría aumentar el gasto en ayuda al desarrollo más de 4.000 millones de euros.

Según el informe del órgano auditor, el grueso del presupuesto de la AECID se manejó desde el gobierno central. Sin embargo, las duplicidades y complejidades propias de nuestro sistema autonómico afloran también en este capítulo, puesto que 27 millones de euros incluidos en el estudio fueron manejados por Ayuntamientos y gobiernos regionales.

En lo tocante al análisis del sistema de control interno, referido a los procesos de concesión, tramitación y justificación de subvenciones, así como al seguimiento y control de las actuaciones financiadas por el erario público, el Tribunal de Cuentas detecta "una serie de deficiencias" entre las que aparece la ausencia de manuales de procedimientos de gestión adaptados a los procedimientos, la coexistencia de un sinfín de sistemas y aplicaciones informáticas que impiden la gestión eficiente de los programas o la falta de documentación e inconsistencia documental de muchos expedientes.

Según el Informe 1317, "en lo tocante a la concesión de las subvenciones, la fiscalización advierte varias deficiencias relacionadas con la concesión y la justificación de las mismas. Se aplican criterios de valoración que no están previstos en las bases reguladoras ni las convocatorias, se detecta la ausencia de documentos que acrediten la justificación económica de las ayudas, se encuentran numerosos casos de presentación de la documentación justificativa de gastos fuera del plazo establecido, se dan episodios de desviaciones en la ejecución del presupuesto de los programas subvencionados, se observa la no consecución de los objetivos previstos en diferentes proyectos presentados, etc.".

Entrando a estudiar el análisis de los procedimientos de seguimiento y control de las subvenciones, el informe denuncia "la falta de información en un elevado número de ayudas" y también carga las tintas contra el hecho de que no se siguen los requerimientos para rendir cuentas. Además, el Tribunal de Cuentas denuncia "retrasos muy significativos en la revisión y comprobación económica de las cuentas justificativas", entre otras malas prácticas.

El ente auditor también estudia los recursos desembolsados por la AECID con la mirada puesta en su eficacia y eficiencia económica. Desde esta perspectiva, el análisis señala que la Agencia encargada de la ayuda al desarrollo no hace un uso adecuado de los instrumentos previstos, lo que impide un adecuado seguimiento y control de los expedientes.

De acuerdo con el informe del TdC, al que ha tenido acceso Libre Mercado, los problemas son de lo más variado: "incoherencias entre las memorias presupuestarias y los estados de gasto, ausencia de indicadores que midan el éxito o fracaso de determinadas actividades, falta de seguimiento de los resultados obtenidos, falta de vinculación entre los Planes Estratégicos de la AECID y las ayudas concretas aprobadas durante el año, inexistencia de una planificación estratégica en materia de subvenciones, ausencia de contabilidad analítica…".

Y la cosa no acaba aquí: según la fiscalización, "los principales resultados obtenidos en materia de transparencia fueron la ausencia de una carta de servicios con información estadística para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los contratos adjudicados, así como la falta de publicación de datos sobre beneficiarios de determinadas subvenciones concedidas por la AECID o sobre los pagos de subvenciones o reintegros, así como los procedimientos sancionadores".

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