Banco Santander comunicó ayer martes a los sindicatos su intención de recortar más de 3.700 empleos y suprimir 1.150 oficinas en el marco del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la entidad acometerá por las duplicidades en la red tras la adquisición de Banco Popular y para abordar los retos de la transformación digital. Así lo confirmaron fuentes sindicales.
La reducción planteada por el banco afectará principalmente a la red comercial y a sus estructuras intermedias de apoyo, pero también a los servicios centrales en la medida en la que se reduzca la red a la que dan soporte. Las fuentes sindicales consultadas por Europa Press han señalado que el proceso no se iniciará antes de que finalice la integración tecnológica entre Santander y Popular, prevista para el próximo mes de julio. Así, ven probable que el acuerdo se cierre entre mayo y junio para comenzar a ejecutarse después del verano.
Aunque todavía falta la negociación, ya ha salido a la luz algunas de las suculentas condiciones que plantea el banco en su ERE. Tal y como ha publicado La Información, la entidad de Ana Botín quiere enviar a casa a sus casi 4.000 empleados cobrando el 80% de su sueldo.
Ya en 2017 activó un plan de bajas voluntarias que perseguía incentivar a 1.100 trabajadores del banco mayores de 50 años a abandonar sus puestos a cambio del regalo del tiempo, del 80% de su salario base, de una prima por desvinculación voluntaria y de favorables condiciones de financiación en caso de que decidieran abordar alguna operación financiera. Los 1.100 trabajadores aceptaron la oferta y otros 600 empleados extra, que también quisieron apuntarse. Ahora, parece que Banco Santander va a seguir una estrategia similar.