Francisco Carnicer tiene 25 años y, como él mismo confiesa, "tiene la vida destrozada" debido a la persecución fiscal que inició la Junta de Andalucía bajo el mandato de la socialista Susana Díaz. Su pesadilla comienza tras la muerte de su tía carnal en 2012. Un campo viejo con una casa antigua sin reformar, un local y un piso era todo el patrimonio que su familiar dejó a su madre y a él. Desde ese momento, y con 15 años, el joven sevillano descubre lo que la Administración andaluza es capaz de hacer con tal de recaudar dinero.
El denominado impuesto a los muertos, (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones) que ha ahogado a miles de herederos en Andalucía, ha acabado con la ilusión de vivir de este chico que, desde hace más siete años, se ve envuelto en la burocracia más hostil. Tras el fallecimiento de su tía, la Junta le reclamaba 206.925,45 euros para poder heredar. Los padres de Francisco no pudieron hacer frente al pago y los bienes quedaron embargados. Hasta el piso donde vivían, propiedad de la madre de Carnicer, fue pasto de la Junta de los socialistas. También fue embargado. No había piedad para los endeudados con el fisco ni soluciones que valiesen. La única opción era pagar lo que pedían.
La madre de Carnicer, con un 66% de minusvalía, no podía hacerse cargo del asunto. Entonces, este adolescente se armó de valor y consiguió acordar con la Hacienda andaluza que "le dejaran vender el local embargado para pagar la deuda". Los funcionarios terminaron accediendo, no sin poner trabas a sus súplicas. "Me trataban como a un delincuente. Tuve que presentar mil documentos para que me permitiesen vender lo que era nuestro y hacer frente al tributo. No se fiaban de mí, incluso me acompañaron hasta el lugar para la venta. Fue peor que si estuviera con la mafia", narra con amargura.
100.000 euros en intereses
La operación salió y el joven pudo quitarse de encima la estratosférica cifra reclamada por la Junta, no sin antes pasar por un calvario que le llevó a dejar los estudios universitarios. Sin embargo, tras haber abonado los 206.925,45 euros de Sucesiones, recibe una nueva carta de la Junta donde le solicitan otros 100.171,76 euros en concepto de intereses de demora y recargos por la tardanza en el pago del tributo. Vuelta a empezar. De nuevo, Carnicer y sus padres son embargados y en esas están hasta hoy.
"La Junta nos hizo una sobrevaloración de 260.000 euros de los inmuebles. El precio de mercado no tiene nada que ver, está muy por debajo. Sólo ruego que el nuevo Gobierno andaluz revise mi expediente para que ajusten los valores al coste real y no al que los políticos crean conveniente", critica el exuniversitario.
Su abogada, Carmen Julia García, movió cielo y tierra. Alegó que la tasación pública de los peritos municipales estaba inflada. En el documento, la letrada arguye que las propiedades fueron valoradas en 661.242,93 euros, cuatro veces más de su valor catastral y sin tener en cuenta el estallido de la burbuja inmobiliaria que dejó un año 2012 raquítico a nivel económico por aquel entonces. Pero, para la Junta, estos aspectos no fueron tenidos en cuenta y la denuncia se guardó en un cajón.
"Muertos en vida"
Ni el padre del sevillano ni su madre pueden hacer frente a los intereses. "No podemos tener nada a nuestro nombre. Hasta cuatro euros nos han llegado a embargar de la cuenta del banco. Todo lo que ingresemos desaparece. Nuestras vidas están arruinadas y nuestro nombre no puede aparecer por ningún sitio porque en tal caso no nos queda ni para comer", relata con la voz temblorosa a Libre Mercado.
Tampoco a este chico lo hubiera salvado de caer en el ruinoso abismo del tributo a las herencias el nuevo Gobierno andaluz, ya que PP y Ciudadanos aprobaron el 99% de bonificación sólo para el grupo de familiares directos, excluyendo así a tíos y sobrinos, como es su caso, algo de lo que se queja con rotundidad el protagonista de esta historia. "Es muy injusto. Mi tía era como mi madre, ella no tenía hijos, prácticamente me crió", recuerda el muchacho.
Carnicer es ahora teleoperador y ve el futuro muy negro a pesar de su edad. "Me hubiera gustado seguir estudiando, pero me he visto en la ruina antes de poder empezar siquiera a trabajar. Me quitaron hasta la beca de la universidad porque señalaban que tenía un gran patrimonio y los bienes estaban embargados". De todos modos, no tira la toalla y mantiene la esperanza de que la nueva Junta de Andalucía revise su caso. "Ruego que, por favor, la Agencia Tributaria revise mi expediente y compruebe las tasaciones presentadas por un arquitecto ajustadas al precio real de mercado. No podemos pagar tantos intereses. Es como estar muertos en vida", concluye el afectado a este diario.