El sector del tabaco en nuestro país constituye alrededor de 3.200 millones de euros al año, el 0,3% del PIB. La actividad genera 9.010 millones de euros de recaudación directa y emplea a casi 50.000 personas. Cifras que lo son a pesar de las enormes restricciones legales y la hiperregulación a la que se somete al sector.
Las constantes subidas de impuestos que el tabaco ha venido soportando desde 1990 han encarecido el producto un 600%. En 2011, además, Rodríguez Zapatero desplegó una de las legislaciones anti-tabaco más restrictivas de Europa en aquel momento. El resultado de las políticas prohibicionistas, sin embargo, ha sido limitado. El tabaco es un bien inelástico y cuenta con una demanda constante y poco sensible a las circunstancias del mercado. Así, el negocio de tabaco sólo ha caído, en promedio, un 0,8% interanual, hasta los 11.752 millones de euros en 2018, y un 1,8% en el consumo. Debemos tener en cuenta, además, que frente a la hiperregulación, parte de la demanda ha migrado hacia el mercado ilegal. Sólo en 2017 se aprehendieron 75 millones de euros en tabaco ilegal en España.
Como es sabido, el tabaco es uno de los productos más gravados de nuestro país, con una carga fiscal del 77% sobre el precio de producto final, muy por encima del 47% de los hidrocarburos o del 43% del alcohol. Una cifra récord, aceptada por la Asociación Empresarial del Tabaco (ADELTA), que podría seguir subiendo en los próximos años.
El impacto de la prohibición total
Ha sido en este contexto en el que la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha deslizado la posibilidad de prohibir fumar cigarrillos también en el automóvil particular, entre otras "muchas medidas" orientadas a la erradicación del consumo de tabaco. Así las cosas, y de seguir con la actual dinámica, no parece muy alejado un escenario en el que se establezca la prohibición total, de facto o de iure, de la venta de tabaco.
De consumarse la tendencia prohibicionista, el impacto más relevante se produciría a nivel recaudatorio. La prohibición de cualquier actividad relacionada con el tabaco en España supondría la pérdida de unos 35.000 empleos a jornada completa, un 70% del empleo del sector. El impacto sería doblemente negativo: por una parte, cada puesto de trabajo eliminado supone la pérdida de cotizaciones a la Seguridad Social y de recaudación por IRPF (entre otros). Y, por otra, un coste para el Estado derivado de los miles de nuevos subsidios por desempleo.
De tal suerte que el impacto para las arcas públicas sería algo superior a los 9.700 millones de euros, un cálculo establecido en base a la pérdida de recaudación por el impuesto sobre las labores del tabaco, el IVA asociado al producto y el doble efecto arriba descrito, y tomando como base el salario más común en España -1.636€/mes-.
O, lo que es lo mismo, la prohibición estaría poniendo en riesgo el 12% del presupuesto total en Sanidad, el presupuesto total en Defensa o el de Seguridad Ciudadana. Se trata de una cifra que duplica el presupuesto en infraestructuras del 2019 y supera en más de 1.500 millones de euros el promedio de reducción de déficit entre los años 2014 y 2018; supondría, además, un agujero del 50% en el ritmo de reducción de déficit acordado con Bruselas para el año 2019
El terremoto económico tendría un doble epicentro: Extremadura y Canarias, donde se concentra la producción y la fabricación, respectivamente. En el caso extremeño se produciría la destrucción inmediata de 4.500 puestos de trabajo a tiempo completo. La región pasaría del 22,5% de paro actual -la segunda cifra más alta de España- al 24%. En el caso concreto de Cáceres, provincia principal del cultivo, la tasa de desempleo se vería incrementada en casi tres puntos porcentuales hasta casi alcanzar el 22%. Y algo parecido ocurriría en Canarias, la tercera comunidad autónoma con más paro del país. En las islas se concentran 358 millones de euros en la producción de la industria tabaquera y casi 3.800 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, si agregamos los existentes en el sector industrial y los estimados para la distribución minorista (estancos).
Así, para regiones como Extremadura y Canarias, con un PIB per cápita un 42% y un 31% inferior a la media de la Unión Europea, respectivamente, la prohibición supondría una verdadera tragedia económica.
Un ejercicio de libertad
La referida inelasticidad en la demanda del tabaco garantiza, además, un aumento constante de la recaudación. Un incremento de la fiscalidad de sólo 3 puntos porcentuales en los próximos 3 años podría suponer un incremento de la recaudación de casi 200 millones de euros, hasta los 9.300 millones; si el incremento fuera de 5 puntos porcentuales se alcanzarían los 9.500 millones, casi un 8% más que la recaudación asociada a este bien de 2018. A este impacto directo hay que añadir el impacto recaudatorio proveniente de mantener a 50.000 personas pagando sus cotizaciones sociales y cargas fiscales directas.
Según el informe Evaluación del control del tabaquismo sobre los costes empresariales y sanitarios, elaborado por el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, el impacto económico del tabaquismo es de 7.695 millones de euros. En razón de esto, y restando esta cifra a los ingresos que el Estado obtiene por la venta de tabaco, aún quedaría un superávit de 1.315 millones de euros, a los que habría que añadir los efectos del empleo sobre las arcas públicas.
Si bien ha quedado demostrado lo lesivo que para la economía sería la extinción del sector, no debería ser éste el principal argumento por el que la actividad tabaquera debe seguir operando. La razón última tiene que ver con un valor supremo e inherente al ser humano: su libertad. La misma que le permite escoger entre beber o no alcohol o conducir una motocicleta. El mismo sistema que ampara la libertad sexual o de culto. Se trata, en fin, de un ejercicio de libertad individual. Es por eso que la vocación prohibicionista de la Administración no debería ir más allá del ejercicio teórico que aquí se ha hecho.