El análisis que ha llevado a cabo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre algunas de las partidas presupuestarias que manejan las Administraciones Públicas ha evidenciado de forma clara e incontestable que España cuenta con un enorme margen de maniobra para reducir el gasto, a diferencia de lo que afirman, una y otra vez, los políticos y sus palmeros. El enorme peso que representa el Estado sobre el conjunto de la economía puede y debe rebajarse, pero el problema es que no existe voluntad política para ello.
Y la prueba es que ni siquiera haría falta abordar las urgentes y positivas reformas estructurales que precisa el llamado Estado del bienestar para lograr tal objetivo, dado que bastaría, simplemente, con eliminar buena parte del gasto innecesario e ineficiente que acumula el sector público para aligerar la pesada carga fiscal que soportan las familias y empresas. No en vano, de los casi 500.000 millones de euros que gastó el Estado el pasado año, la AIReF apenas ha revisado una partida próxima a los 30.000 millones (el 6% del total), correspondiente a subvenciones, medicamentos y políticas activas de empleo, y su trabajo ha sacado a la luz el ingente despilfarro de dinero que protagonizan políticos y burócratas.
En materia de subvenciones, cuya cuantía asciende a 14.000 millones, este organismo alerta de las graves deficiencias observadas. Para empezar, porque constata que la mayor parte de este dinero se destina sin ningún tipo de planificación ni estrategia, de modo que no responde, en ningún caso, al principio de interés general que, en teoría, se presupone. Así pues, buena parte de las subvenciones que se conceden año tras año carecen de justificación alguna. Además, tampoco se evalúan los resultados obtenidos, de modo que se desconoce tanto su utilidad práctica como la consecución de los objetivos perseguidos. Y, por si fuera poco, no existe rendición de cuentas, de modo que reina la opacidad en su reparto y destino. Si a todo ello se le suma la ausencia de sanciones para evitar irregularidades, el resultado es que las subvenciones en España constituyen un agujero negro por el que se tiran miles de millones de euros del contribuyente con el único fin de beneficiar a algunas empresas y colectivos escogidos a dedo.
En cuanto al gasto farmacéutico, si bien el ahorro que plantea la AIReF no es muy sustancial, llama la atención sobre la necesidad de modificar y mejorar el sistema de copagos, cuya puesta en marcha ha cosechado buenos resultados en los últimos años, a diferencia de lo que defienden la mayoría de partidos. Asimismo, el análisis realizado por esta entidad aflora lo que, por otro lado, ya era un secreto a voces. A saber, que las políticas activas de empleo no sirven para nada, salvo para malgastar el dinero que con tanto esfuerzo y trabajo ganan los españoles. Los cerca de 6.000 millones de euros al año que se destinan a la formación y colocación de parados resultan del todo punto inútiles, dado que no logran mejorar su empleabilidad. La propuesta de la AIReF, consistente en dotar de mayor autonomía e incentivos a las oficinas del antiguo Inem para recolocar a los desempleados, tampoco ha cosechado ninguna reacción por parte de las formaciones políticas.
El trabajo de la AIReF, por tanto, demuestra, al menos, dos cosas. En primer lugar, que es perfectamente posible eliminar gasto y mejorar servicios sin necesidad de acometer grandes reformas o cambios en las políticas presupuestarias. Bastaría con aplicar mínimamente el sentido común. Y, en segundo término, que a la mayor parte de la clase política, contraria a reducir el gasto, no le importa nada el bienestar de los ciudadanos, y aún menos el de sus bolsillos, puesto que no piensa poner freno al despilfarro de recursos de la Administración.