Las "farmacias rurales" están en pie de guerra. Los boticarios de la llamada España Vacía consideran que las Administraciones Públicas deben tomar cartas en el asunto para garantizar su sostenibilidad financiera. En este sentido, distintos gobiernos regionales llevan años aprobando subvenciones y ayudas que buscan "rescatar" a dichos establecimientos para mejorar su rentabilidad.
No es fácil definir con precisión qué entendemos por "farmacia rural". Según la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, cualquier farmacia establecida en un núcleo de población con menos de 30.000 habitantes sería susceptible de ser clasificada de este modo. No obstante, la Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR) aplica el término a las boticas existentes en ciudades de menos de 5.000 residentes.
Es importante saber a qué definición nos acogemos, puesto que dicha elección determina el alcance del debate. Si hablamos de poblaciones con menos de 30.000 habitantes, entonces hay 9.000 farmacias en esta situación. Si nos centramos en localidades con menos de 5.000 residentes, el número de farmacias rurales bajaría a 4.500.
Podemos incluso ser más específicos. Así, si nos centramos solo en poblaciones de menos de 2.000 habitantes, encontramos que dichas demarcaciones acogen cerca del 15% de las farmacias existentes en nuestro país o, lo que es lo mismo, algo más de 3.000 boticas. Y, rizando el rizo, un análisis centrado en núcleos de menos de 1.000 habitantes revela que hay 2.000 farmacias en este tipo de localizaciones.
Evidentemente, el declive demográfico y económico de estas zonas ha tenido un impacto en la rentabilidad de dichos establecimientos, conocidos como Farmacias VEC o Farmacias de Viabilidad Económica Comprometida. La definición se aplica a establecimientos que no alcanzan el 10% de la facturación media, lo que en la práctica supone un volumen de ventas inferior a los 200.000 euros.
El sector, marcado por la falta de libertad y el elevado grado de intervencionismo, lleva años reclamando un aumento de las ayudas destinadas a "rescatar" a este tipo de establecimiento. Desde 2011 está en vigor un sistema de subvenciones que llega ya al 5% de las cerca de 22.000 boticas que operan en nuestro país, con porcentajes que llegan al 15% en Castilla y León.
Las farmacias que han conseguido el reconocimiento de las Administraciones como boticas de la categoría VEC reciben una ayuda que llega a los 830 euros mensuales. Sin embargo, desde SEFAR advierten que hará falta más subvenciones para aumentar la rentabilidad de dichas farmacias.
El modelo navarro
Aunque la farmacia está muy intervenida por la legislación económica nacional, Navarra es la excepción a esta regla. En el año 2000, la comunidad foral introdujo una notable relajación de estas restricciones y experimentó en apenas un lustro una subida del 77% en el número de boticas abiertas.
No hablamos de un caso aislado. Como explica Jesús Fernández-Villaverde, en países europeos como Reino Unido, Irlanda, Holanda, Suiza, Dinamarca, Noruega o Suecia se han introducido regulaciones que favorecen la competencia y la apertura de nuevas farmacias. También en estos casos hay un problema de despoblación, pero la solución ha sido de mercado, con incentivos fiscales en Reino Unido y acuerdos público-privados en Noruega.