Crear un negocio en España es bastante costoso debido a los altos impuestos que se deben pagar. Por eso, la Ley de Segunda Oportunidad que se aprobó en el año 2015 ha cobrado un nuevo sentido gracias al Tribunal Supremo. La justicia ha señalado que los emprendedores que inician un negocio y fracasan si después quieren volver a intentarlo, podrán librarse de hasta el 70% de la deuda que tengan contraída con Hacienda y la Seguridad Social.
La resolución se centra en aquellos trabajadores por cuenta propia en situación de insolvencia, es decir no todos podrán acogerse a dicha normativa. El Supremo, además, ha dejado en manos de los tribunales que parte de la deuda se anula o cómo se pagará en un plazo de cinco años. Es decir, amplía la flexibilidad para poder pagar la factura con el fisco.
La Ley se aprobó en 2015 pero dejaba fuera las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social. "El espíritu de la citada Ley era precisamente que autónomos que han fracasado en su negocio pudieran volver a intentarlo en condiciones que fueran ventajosas y razonables, situación que en ningún caso se dio en la promulgación de ésta", declaran desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).
Eduardo Abad, presidente de UPTA, manifestaba la decepción que suponen las oportunidades perdidas y lamentaba cómo miles de trabajadores por cuenta propia, que no han podido superar la situación de cierre de sus actividades, han acabado como deudores de la administración. Todos estos casos podrían haber tenido solución en su momento y no haber hecho pasar un calvario a cientos de trabajadores autónomos afectados.
"Desgraciadamente, los juzgados están haciendo el trabajo del legislador y es en las instancias judiciales donde se están resolviendo asuntos importantes del trabajo autónomo, que tendrían que estar perfectamente definidos en las Leyes correspondientes", comentan desde la organización.
El Tribunal Supremo ha dado la razón a las asociaciones de autónomos, entre ellas ATA que solicitó que en la Ley de Segunda Oportunidad se incluyesen los créditos públicos que representan a las deudas contraídas con Hacienda y la Seguridad Social. "Ha tenido que llegar el Tribunal Supremo para decir lo que desde ATA llevamos diciendo años, que no podía existir una Ley de Segunda Oportunidad sin que se incluyesen los créditos públicos, que son los que realmente hunden a los autónomos", señala Lorenzo Amor, presidente la Asociación de Trabajadores Autónomos.