Quien piense que España está en condiciones de afrontar con solidez un posible cambio de ciclo a nivel internacional se equivoca de plano. Las turbulencias que han experimentado los mercados en las últimas semanas avanzan un menor crecimiento global a corto y medio plazo, debido, entre otros factores, al recrudecimiento de la guerra comercial que mantienen EEUU y China y sus negativos efectos sobre ambas potencias y el conjunto de Europa.
El Gobierno de Pedro Sánchez insiste en que el ritmo de crecimiento de España duplica a la media de la zona euro (0,5% en el segundo trimestre frente al 0,2%, respectivamente) y que, por tanto, no hay motivo de preocupación, ya que las bases de la economía son sólidas, pero lo cierto es que el país se debate entre un declive persistente y una nueva recesión durante los próximos dos años, cuyo resultado dependerá, en última instancia, de la aplicación o no del recetario correcto para sortear esta nueva coyuntura.
Y la razón no es otra que la persistencia de, al menos, tres graves problemas estructurales: endeudamiento, paro, y productividad. La combinación de estos factores convierte a España en un objetivo altamente vulnerable ante la llegada de otra tormenta financiera, tal y como revela un detallado informe elaborado por la consultora Freemarket.
Elevado endeudamiento
Tanto los gobiernos del PSOE como los del PP han desperdiciado el tiempo a la hora de eliminar una de las brechas más preocupantes de la economía nacional, el relativo al desequilibrio de las cuentas públicas y su elevado endeudamiento. España entró en la crisis de 2008 con un importante problema de deuda privada y sale de ella con otro, no menor, de deuda pública.
Por un lado, el país sigue registrando a día de hoy uno de los déficit más altos de la zona euro, equivalente al 2,5% del PIB en 2018, aunque inferior al límite del 3%, lo cual ha permitido abandonar el Procedimiento de Déficit Excesivo que establece la UE tras una década de reiterados e históricos incumplimientos. El Gobierno en funciones del PSOE confía en reducir esta brecha al 2% este año, gracias al aumento de la recaudación. Sin embargo, la clave no es tanto el déficit nominal como el estructural, que refleja el desequilibrio presupuestario asumiendo que la economía funciona a pleno rendimiento. Y es aquí donde saltan todas las alarmas, puesto que el esfuerzo para reducirlo no solo no es nulo, sino contrario al objetivo exigido.
El déficit estructural de España supera el 3% del PIB, el mayor de los países de la zona euro y de toda la OCDE, y medidas como la indexación de las pensiones al IPC, la recuperación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años, el incremento del permiso de paternidad o el aumento de empleados y sueldos públicos tan sólo contribuirán a su crecimiento.
Todo ello dificultará enormemente la necesaria reducción del endeudamiento público, cuyo nivel roza el 100% del PIB, limitando así el margen de maniobra fiscal que ostenta Estado en caso de problemas, al tiempo que acrecienta la vulnerabilidad del país ante un cambio en el sentimiento de los mercados. Si a ello se suma el volumen de deuda privada, todavía elevada en comparación con la media comunitaria, el resultado es una deuda total próxima al 250% del PIB.
Por otro lado, la deuda externa (diferencia entre el total de activos en manos de inversores españoles y los pasivos propiedad de agentes extranjeros) se redujo de forma significativa entre 2012 y 2014, pero, desde entonces, ha recuperado su senda alcista, situándose entre las más altas de la zona euro, tan sólo superada por Irlanda, Grecia y Portugal. Otro claro signo de fragilidad.
Alto paro estructural
El segundo gran agujero negro es la crónica tasa de paro que padece España, no de ahora, sino desde hace 40 años. La reforma laboral de 2012 mejoró algo la situación, ya que permitió flexibilizar los costes laborales, impulsando con ello la contratación y la competitividad en plena crisis, pero el caso es que, pese a ello, el mercado de trabajo sigue siendo uno de los más rígidos de la OCDE.
Y la mayor prueba es que el paro estructural, medido como tasa de desempleo no aceleradora de los salarios, rondaría hoy el 15%, el doble que la media de la UE (7,4%), tres veces más que Irlanda (5,71%), cinco más que Alemania (3,2%) e incluso vez y media más que la de Francia (9,34 %).
Tanto es así que con un paro próximo al 14% ya se está experimentando una aceleración salarial, cuyos efectos se traducirán, en última instancia, en pérdida de competitividad y destrucción de empleo.
Baja productividad
Por último, la productividad de España, cuya evolución marca el nivel de vida a largo plazo, es muy inferior a la media europea y nada apunta a que vaya a mejorar en el futuro inmediato.
El problema, en este caso, tal y como asevera el estudio de Freemarket, es la falta de capital tecnológico y el bajo peso de la innovación en comparación con otros países de la UE. Las ineficiencias del sistema educativo o el cúmulo de regulaciones que limitan la libre competencia, tanto en el mercado de bienes y servicios como en el laboral, explican, en gran medida, esta particular brecha.
Como resultado, la productividad por hora trabajada en España apenas se sitúa en el 80% de la media europea. Y, si bien este factor ha mejorado algo entre 2009 y 2012, ha vuelto a empeorar en los últimos años, lo cual, entre otras cosas, significa que el empleo creado es de bajo valor añadido.
No, España no está en condiciones de afrontar una fuerte ralentización de la economía mundial o una nueva recesión en el seno de la zona euro, ya que los pilares en los que se asienta el actual crecimiento son endebles. Si llega la tormenta, los españoles sufrirán de nuevo.