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EDITORIAL

Madrid y los infiernos fiscales

Lejos de imposibilitar el estimulante ejemplo que está ofreciendo Madrid, lo que deberían hacer las demás regiones españolas es seguirlo para tratar de hacer más con menos.

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El autonómico es un régimen de descentralización administrativa tan mal diseñado que ofrece poderosos incentivos para que los Gobiernos regionales disparen el gasto público sin tener que asumir la desagradable responsabilidad de elevar la presión fiscal del contribuyente. Además, el control de la deuda autonómica resulta enormemente laxo, por lo que los gobernantes autonómicos pueden fácilmente endosar las suyas a sus sucesores o incluso mutualizarla, haciendo que sea el Reino de España o la Administración central quien termine respaldando sus desfases entre gastos e ingresos.

No obstante, las comunidades autónomas tienen cierta soberanía fiscal, como parcialmente ocurre en el caso del tramo autonómico el IRPF o totalmente, como sucede con los impuestos de Donaciones y Sucesiones. Madrid es desde hace tiempo la comunidad con el tramo del IRPF más bajo y la que más bonifica los impuestos de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio. Esto no la convierte en ningún paraíso fiscal, pero sí en una de las regiones más atractivas para vivir, invertir y crear puestos de trabajo.

El impulso que Isabel Díaz Ayuso quiere dar a las políticas de bajos impuestos mediante la ampliación de ciertas deducciones y la reducción de un 5,5% en el tramo autonómico del IRPF, si bien ha estimulado la también generalizada bajada de impuestos propuesta en Andalucía, ha despertado los recelos de los partidarios de los infiernos fiscales, entre los que se cuenta el presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig.

Aunque la petición de Puig de "recentralizar" ciertas figuras tributarias, dirigida a acabar con lo que él considera despectivamente "paraísos fiscales", difícilmente vaya a ser atendida, resulta grotesco que este supuesto partidario de las autonomías no quiera conceder autonomía alguna –por pequeña que sea– a las Administraciones regionales a la hora de establecer la presión fiscal que han de soportar sus ciudadanos. Y es que arremeter contra la "competencia fiscal entre autonomías" es tanto como negar su responsabilidad y cercenar el rasgo más beneficioso que pudiera tener cualquier régimen descentralizado.

Lejos de imposibilitar el estimulante ejemplo que está ofreciendo Madrid, lo que deberían hacer las demás regiones españolas es seguirlo para tratar de hacer más con menos. A este respecto, hay que advertir que, si bien es cierto que la deuda autonómica de Madrid ha aumentado preocupantemente en los últimos años, sigue siendo de las más bajas de España, por lo que lo único que habría que exigir al Ejecutivo madrileño no es que renuncie a su ambiciosa y estimulante política de bajada de impuestos, sino que ésta vaya acompañada de una valiente reducción del gasto público, sin confiar demasiado en que la Curva de Laffer vaya obrar el milagro de conseguir recaudar más gravando menos.

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