O, lo que también podría titularse, la asfixia sin límite de los contribuyentes para complacer al administrador indolente, incapaz de sujetarse a las exigencias de una prudente y eficaz gestión de los recursos económicos.
Se diría que en España ha sonado el clarín para movilizar a las Autonomías, no sólo despertando sus exigencias de más recursos para atender gastos no siempre justificables –eso vienen haciéndolo desde la Lofca–, sino que ahora pretenden que todos aumenten los impuestos poniéndolos al nivel de los más altos. ¿Era esto la autonomía fiscal?
Este verano ha sido muy fértil en manifestaciones de presidentes autonómicos clamando por esa igualdad, alegando incluso razones de justicia, cuando, si por justicia fuera, habría que proclamar la igualdad, pero con quien menos grava, porque mejor administra. Lo contrario, seguir la pretensión de los que buscan la igualdad impositiva por arriba, es establecer la dictadura del poder sobre la indefensión del ciudadano, que de cada jornada trabaja más horas para la Administración que para sí y su familia.
Se preguntarán cómo es posible que así sea, si, al menos en teoría, los que aprueban las leyes, tanto en las Cortes Generales como en los Parlamentos autonómicos y en las sedes municipales, son nuestros representantes. Pues ustedes sabrán; quizá sea que, una vez elegidos, dejan de representarles para obedecer a otros intereses no coincidentes con los suyos.
Los impuestos, todos ellos, y las figuras afines a los mismos, implican siempre sacrificio de los contribuyentes; al menos de los que tributan, no de los que defraudan. El argumento de quien obliga a ello es que así tiene que ser para atender a las necesidades sociales.
¿Se consideran necesidades sociales los 330 altos cargos designados por el presidente en diez meses? ¿Quizá son necesidades sociales alimentar a los 19.000 designados a dedo – asesores sin capacidad para asesorar, parientes para atenciones de confianza, etc.–? Dar de comer al hambriento siempre ha sido una obra de misericordia; pero, si por hambre tuviera que ser, los hay con mucho mayor mérito.
Desde que las elecciones nos han arrojado al multipartidismo, se han multiplicado de forma insultante el número de cargos, subcargos y carguitos para gratificar generosamente el apoyo a los Gobiernos –a todos los niveles–, pues la lealtad a los compromisos se paga en euros; si no hay euros, no debe esperarse lealtad.
Las necesidades sociales básicas de los españoles deben ser las mismas dondequiera que vivan. Hay otras funciones que no son necesidades básicas, quizá tampoco necesidades –red de embajadas en el exterior, inspectores para vigilar que no se hable español en los recreos escolares, sostenimiento de fundaciones, asociaciones, clubes de amigos de…. –, incluso algunas pueden ser ilegales, por lo que, aun siendo legales, deben sostenerlas quienes las promuevan con su propio patrimonio.
España no puede ser pesebre de un Estado y diecisiete estaditos; 18 estructuras de gasto, de poder y de intervención, cercenando la libertad y los recursos de los ciudadanos.