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EDITORIAL

Un desperdicio que no podemos permitirnos

Cuando se habla de trabajadores mayores, pensiones o mercado laboral parece que hay una competición por ver quién es más demagógico en sus ofertas.

EDITORIAL
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Esta semana, la noticia de que Telefónica ofrecerá un nuevo plan de bajas incentivadas a sus trabajadores de más de 53 años ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la edad de jubilación y la baja tasa de empleo de los mayores de 50 años en España.

No seremos nosotros los que discutamos el derecho de cualquier compañía privada a reorganizar su plantilla. Porque, además, hay que recordar que lo hace asumiendo los costes y buscando el acuerdo con los afectados. En este sentido, no debemos olvidar que en el anterior plan de prejubilaciones más del 85% de los posibles candidatos se apuntó voluntariamente a un programa muy generoso en sus condiciones. Pero una cosa es que una empresa se vea en la necesidad de reorganizar su plantilla, algo que ocurre constantemente en las economías más avanzadas y competitivas, y otra que el mercado laboral no sea capaz de ofrecer a esos trabajadores opciones alternativas para que sigan siendo productivos y generando riqueza.

Porque más allá de este caso particular, en el que se intuye el efecto del cambio tecnológico que en la última década está transformando el sector de las telecomunicaciones, deberíamos reflexionar sobre el papel que tienen los trabajadores mayores en el mercado laboral español. De hecho, hace apenas unos días la OCDE publicaba su informe Working Better with Age, en el que se compara la situación de los trabajadores mayores de 50 años de los países ricos. Viendo las cifras, España tiene serios motivos para la preocupación.

Desde el punto de vista demográfico, ya sabemos que en 2050 nuestro país será uno de los más envejecidos del mundo, por el efecto combinado de una noticia muy positiva -el incremento de la esperanza de vida; somos el país, junto a Japón en el que la esperanza de vida es más elevada- y una mala -la bajísima tasa de natalidad que sufrimos desde hace cuatro décadas-. La consecuencia es que, por ejemplo, la edad mediana se situará en España alrededor de los 50 años, con todo lo que eso implica.

Pero más allá del debate sociológico sobre el tipo de sociedad hacia el que nos dirigimos, el cambio en las estructuras familiares o las razones del desplome de la natalidad, queda la realidad económica. Y en este punto no podemos ser demasiado optimistas. España enfrentará los retos del envejecimiento con demasiados deberes pendientes: desde la reforma de las pensiones al equilibrio de las cuentas públicas (no debemos olvidar que entraremos en la tercera década del siglo XXI con una deuda pública que rondará el 100% del PIB).

Y entre esos deberes pendientes, destaca el reto de ofrecer a los trabajadores mayores un mercado laboral en el que puedan desarrollar su enorme potencial. Nuestro país presenta una de las tasas más bajas de Europa de empleo y actividad entre los mayores de 50 años. Además, la edad real de jubilación está muy lejos de los 67 años que planteaba la reforma de 2011. Los políticos españoles han tratado a estos trabajadores como una molestia, un activo ya amortizado o un engorro al que había que buscar una solución temporal, con el único objetivo de que pasara el tiempo hasta que alcanzasen la edad de jubilación.

En realidad, los trabajadores de 55-60 años poseen una serie de características que los hacen únicos. Su experiencia y conocimientos suponen un capital de un valor incalculable, que ninguna sociedad se puede permitir desaprovechar. Hablamos de personas que están, en su gran mayoría, en perfectas condiciones físicas y a las que, en buena lógica, les deberían quedar muchos años por delante para seguir aportando su capacidad de creación de riqueza. Es cierto que, para aprovechar ese enorme potencial, necesitaríamos también un mercado laboral diferente, que les ofrezca oportunidades y no les expulse del mismo a las primeras de cambio: un marco regulatorio flexible, que anime a las empresas a contratarles, sin la espada de Damocles de unos costes inasumibles; una formación que sea útil y que realmente esté enfocada en las necesidades de las empresas y en facilitar al trabajador los conocimientos que necesite para adaptarse a un mercado y una tecnología cambiantes; un esquema normativo moderno, que facilite múltiples opciones para estos empleados, desde las jornadas reducidas para aquellos que lo deseen, a la compatibilidad entre el cobro de la pensión y el sueldo, pasando por los incentivos para alargar la vida laboral.

Desgraciadamente, vemos poco interés entre los políticos españoles al respecto. Cuando se habla de trabajadores mayores, pensiones o mercado laboral parece que hay una competición entre nuestros partidos por ver quién es más demagógico en sus ofertas. En este sentido, los anuncios del Gobierno de Pedro Sánchez, entre los que destaca la posible derogación de la reforma laboral de 2012, no sólo no nos acercan a la realidad de los países más ricos y productivos de Europa, sino que nos alejan de los mismos. Y eso por no hablar de la derogación ya en marcha de la reforma de las pensiones de 2013 y el ocultamiento, vía Pacto de Toledo, de las consecuencias que tendrá esta medida, en un futuro no tan lejano, para los actuales trabajadores y para nuestras finanzas públicas. En ambos casos, volvemos a las mismas recetas equivocadas de las últimas décadas.

En lo que hace referencia a los trabajadores mayores, sobre todo para aquellos que se han quedado sin empleo o buscan un cambio en su carrera con el que encarar con ilusión sus últimos años de vida activa, el planteamiento vuelve a ser el de siempre: un paternalismo que ignora el potencial de los mismos y sólo les ofrece las migajas de la subvención o la prestación por desempleo. Como si lo único que se pudiera hacer por ellos es arrinconarlos por unos años, a la espera de que lleguen a los 65-66 años y empiecen a cobrar la pensión. Como si no tuvieran una enorme capacidad de seguir aportando valor a nuestra economía. No sólo es un error histórico desde un punto de vista social. Es, además, un desperdicio económico que no podemos permitirnos.

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