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Holanda, el nuevo referente en materia de austeridad: así reduce su deuda pública

El saldo fiscal se resintió y la acumulación de desequilibrios terminó elevando el peso de la deuda en el país.

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El saldo fiscal se resintió y la acumulación de desequilibrios terminó elevando el peso de la deuda en el país.
Una calle de Amsterdam (Holanda) | Flickr/Moyan Brenn

Aunque el impacto de la Gran Recesión en la economía de los Países Bajos fue menor que el golpe recibido por otros países de la Unión Europea, lo cierto es que la deuda pública holandesa experimentó un crecimiento considerable entre los años 2007 y 2013, pasando del 40% al 70% del PIB tras años de inestabilidad presupuestaria.

La economía creció con fuerza antes del estallido de la crisis. En 2004 y 2005, el PIB subió a un ritmo anual del 2%, mientras que en 2006 y 2007 se alcanzaron cifras de crecimiento superiores al 3,5%. Sin embargo, la producción se desaceleró al 2,2% en 2008 y sufrió una corrección del -3,7% en 2009. No fueron mucho mejores los años siguientes: 1,3% en 2010, 1,6% en 2011… y de nuevo tasas negativas de crecimiento en 2012 (-1%) y 2013 (-0,1%).

El saldo fiscal se resintió y la acumulación de desequilibrios terminó elevando el peso de la deuda. Aunque el presupuesto estaba equilibrado en 2008 (superávit del 0,2% del PIB), los años siguientes se cerraron en números rojos: el saldo negativo fue del -5,2% del PIB en 2009 y 2010, manteniéndose en terreno negativo en 2011 (-4,4% del PIB), 2012 (-3,9%), 2013 (-2,9%), 2014 (-2,2%) y 2015 (-2%).

Sin embargo, las cuentas públicas que nos encontramos hoy presentan una situación mucho más favorable. En 2016 se alcanzó un tímido superávit y, desde 2017, el saldo positivo se sitúa en el entorno del 1% del PIB. Esta evolución ha permitido recortar la deuda pública hasta niveles inferiores al 50% del PIB. De hecho, en 2022 se podrían igualar los registros previos a la crisis, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional.

En comparación con el año 2010, las cuentas para 2019 reflejan un cierto aumento de la presión fiscal (desde el 42% al 44% del PIB) y un retroceso más fuerte del gasto público (del 47% al 43% del PIB). Este vuelco ha permitido mejorar la salud de las cuentas públicas y asegurar un descenso progresivo de la deuda.

Parterre la mejora descansa en la Ley de Sostenibilidad de las Finanzas Públicas aprobada en 2014. Desde entonces, hay un triple "techo de gasto" en funcionamiento, con "topes" que limitan los presupuestos del gobierno, el sistema sanitario y la seguridad social. Estos umbrales se fijan a partir de una estimación de crecimiento y de ingresos fiscales elaborada por un organismo independiente del Ejecutivo, similar a la AIREF española.

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