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El Gobierno se remite a "la ley" para no subir las pensiones ni el sueldo a los funcionarios antes de las elecciones

El PSOE asegura que, al estar en funciones y sin Presupuestos, "la ley" les impide llevar a cabo lo acordado para 2020 antes de los comicios.

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El PSOE asegura que, al estar en funciones y sin Presupuestos, "la ley" les impide llevar a cabo lo acordado para 2020 antes de los comicios.
La portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá, este viernes | EFE

En unas cinco ocasiones los periodistas le han preguntado al Gobierno del PSOE si piensa tomar alguna medida para subir las pensiones y el sueldo a los funcionarios en 2020, como estaba previsto. Lo han hecho este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y los encargados de contestar a la prensa han sido la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, y el ministro de Política Territorial y Función Pública, Luis Planas.

Aunque las respuestas de Celaá y de Planas han sido ambiguas y sin especificar fechas ni cuantías, la frase más repetida ha sido la que aludía a "la ley". Los socialistas aseguran que, al estar en funciones y sin Presupuestos, "la ley" les impide llevar a cabo sus compromisos. Eso sí, antes de las elecciones.

"Es nuestra voluntad hacerlo, pero este Gobierno tiene que someterse a la ley", ha dicho Planas. "Se tiene que llevar a cabo respetando la ley", ha insistido.

Después de las elecciones, sí

Tras los comicios del 10 de noviembre, y siempre y cuando continúen en el poder, el Gobierno ha asegurado que subirá las pensiones y elevará el salario de los funcionarios.

Los funcionarios habían pactado en 2018 una subida salarial para 2020. Este incremento afectaría a 2,5 millones de empleados públicos y sería de un 2%, que se podía elevar en función de la marcha del PIB y del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Por el lado de las pensiones, el compromiso de Sánchez era ligarlas al IPC, pero de no hacerse, se revalorizarán de forma automática tan sólo un 0,25%, el mínimo legal, según establece el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP).

Celaa ha asegurado que "tiene el propósito de seguir manteniendo el poder adquisitivo de las pensiones" y de "mantener el sistema público para que los pensionistas continúen con poder adquisitivo". Eso sí, siempre y cuando se queden en Moncloa. "Confiamos en que este Gobierno pueda hacerlo", ha dicho Celaá, al tiempo que ha añadido que está "entre sus propósitos"

Pero tal y como había publicado este viernes El Mundo, los socialistas podrían estar buscando alguna vía legislativa para cumplir sus compromisos antes del 10-N. Según las fuentes del diario de Unidad Editorial, el Gobierno ya habría consultado a la Abogacía del Estado para ver si existe respaldo jurídico para aprobar por decreto ley estas dos potentes medidas. Preguntada por este asunto, Celaá ha negado que se haya producido tal consulta, y ha añadido que el Gobierno "aún tiene tiempo" para llevar a cabo esa revalorización.

Lo que ha quedado claro es que el Ejecutivo socialista dejará para después de las elecciones las ingenierías legales, si es que tuviera que emplearlas porque no logra ni formar gobierno. Asegura que hacerlo antes sería "electoralista". Pero ¿no sería electoralista ligar la aprobación de estas medidas precisamente a su victoria?

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