Las organizaciones no gubernamentales que se presentaron como acusación en el caso de los 15 inmigrantes que perdieron la vida en la playa del Tarajal, han sido señaladas por la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc).
Guillermo Prada, delegado de Aprogc y veterano agente de fronteras con residencia en Melilla, critica duramente a las ONG que han conseguido que se reabra el caso del Tarajal: "Viven de subvenciones a costa de denigrar la imagen y destrozar las vidas de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que trabajan duramente en las fronteras".
Prada advierte de que las cuantías que reciben del Estado español, y por ende, del bolsillo de los contribuyentes, suponen la vía financiación principal de dichos organismos."Tienen un claro componente de odio hacia nosotros. El caso del Tarajal se archivó en dos ocasiones, y ahora, vuelven a hacer ruido para justificar su labor ante las instituciones. No conseguirán nada puesto que ya se demostró que nuestros compañeros son inocentes y se volverá a probar una vez más ante la juez. Estamos seguros. Sin embargo, lo que sí van a conseguir es que en el próximo ejercicio vuelvan a otorgarles nuevas ayudas públicas".
Prada explica a Libre Mercado que "las ONG negocian con la excusa de la solidaridad". Y apunta sobre todo a las seis organizaciones que se han personado contra los guardias civiles: Asociación Comité Renne Cassin, Asociación Sociedad Humana, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Asociación coordinadora de barrios para el seguimiento de menores jóvenes, De Drets Humans Asociación Observatorio y Asociación Pro Derechos Humanos España.
"Se inventan que existen devoluciones en caliente. Es totalmente falso, un término acuñado para desprestigiarnos. Siempre que entran inmigrantes ilegalmente se siguen los procedimientos protocolarios establecidos. No se devuelven en el momento. No se les maltrata, jamás han conseguido probar nada ninguna de estas ONG. No han ganado ni un solo caso. Pero sí logran convencer y dañar nuestra imagen. Falsean acerca de lo que sucede en las fronteras de Ceuta y Melilla, son delitos contra los derechos humanos. Es todo un cuento para poder seguir pidiendo subvenciones. Europa y España trabajan con el máximo respeto a los inmigrantes, tenemos la Agencia Frontex en nuestras aguas. No hay necesidad de que exista ningún barco como el Open Arms, pero ellos sí tienen la necesidad de seguir saltándose las leyes y cometiendo delitos de cooperación con la inmigración ilegal", expone con contundencia el experto en fronteras.
Subvenciones millonarias
Analizando las partidas presupuestarias de las ONG y en base a las declaraciones de la Aprogc, Libre Mercado ha tenido acceso a algunas de las subvenciones otorgadas a las ONG personadas en el caso del Tarajal. Ciertamente, llama la atención la estratosférica cifra con la cuenta la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), año tras año, según su Portal de Transparencia.
En el informe de 2018, CEAR declara ingresos por 64.436.159 euros. De dicha cantidad, el 92,3% procede de subvenciones estatales, (54.455.527,38 euros); el 4,3% corresponde a subvenciones locales (2.794.088,91 euros), el 1,5% a subvenciones autonómicas y forales (981.725,98 euros).
Esta entidad dice en su web trabajar desde el año 1979 "defendiendo el derecho de asilo y los derechos humanos, promoviendo el desarrollo integral de las personas refugiadas que vienen huyendo de conflictos bélicos o de violación de DDHH, solicitantes de asilo, apátridas y migrantes con necesidad de protección internacional y/o en riesgo de exclusión social".
Observatorio de Derechos Humanos (DESC)
DESC es otra de las ONG denunciantes. También recibe subvenciones públicas, tal y como apuntan desde Aprogc. En su página web se atisba una clara ideología y posicionamiento. Sus miembros se dedican a ofrecer asesoramiento sobre okupación, indican cómo actuar ante un desalojo y critican el capitalismo inmobiliario, entre otros asuntos.
En cuanto a las partidas presupuestarias que manejan, proceden de la Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo. En el informe de la entidad figuran los gastos de la memoria de 2019: estructura de la organización (24.450 euros), personal, salarios y seguridad social (224.750,00 euros de los que el director percibiría 32.250), 6 técnicos "solidarios" (137.500 euros), y Seguridad Social (55.000 euros).
A dichas cantidades se sumarían proyectos y acciones como complemento en 2019, en total, 272.900 euros por colaborar prestando ayuda a Palestina, o trabajar con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
El Observatorio catalán asegura que desde 2010, "los recursos económicos y materiales con los que cuentan, provienen fundamentalmente de las administraciones públicas, bien sea como subvenciones, ayudas, contratos, convenios u otras formas de colaboración o prestación de servicios".
Asociación Pro Derechos Humanos España
La Apdhe, también acusación particular del caso del Tarajal, se destaca por ser un organismo que "persigue los crímenes del franquismo". Además, dejan claro su apoyo al "pueblo palestino" y defienden a ultranza a Iñaki Rivera, un abogado argentino residente en Barcelona e implicado en la causa independentista.
Rivera, por cierto, fue portavoz de Trial International Trial Watch (ITW), una supuesta entidad internacional que hacía de vigilante en el juicio del 1 de octubre. La misión era desvirtuar la imagen del Tribunal Supremo.
En este sentido, coincide que la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de España (Apdhe), es miembro fundador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), por lo que ambas están relacionadas.
Pese a que indican que solo se sostienen gracias a la aportación de los socios y que no reciben ningún tipo de subvención, Sí existe una ayuda concedidas por la Comunidad de Madrid de 2.500 euros por el proyecto: "Participa y conoce tus derechos".
Libre Mercado también ha intentado conocer informes o auditorías realizadas sobre las cuentas de la ONG pero no ha recibido respuesta por parte de APDHE
Asociación Sociedad Humana
La Asociación Sociedad Humana abre su web acusando a la Guardia Civil de la muerte de los inmigrantes en el caso del Tarajal. Esta asociación dedicada al trabajo voluntario en fronteras, tiene su sede en Tarragona.
Tampoco han contestado ni se han pronunciado ante este diario cuando se les ha solicitado sus métodos de financiación. No obstante, se puede leer que en el artículo 17 de sus estatutos se recoge que "la Junta Directiva, tiene las facultades de realizar las gestiones necesarias para ante los organismos públicos, entidades y otras personas, para conseguir, subvenciones u otras ayudas".
Igualmente, la ONG llamada Coordinadora de Barrios Para Seguimiento de Menores y Jóvenes y el Comité Renne Cassin, no publica sus cuentas y tampoco ha respondido a las peticiones de información realizadas por Libre Mercado.
Daños psicólogicos
La Aprogc ha admitido a Libre Mercado que, esta vez, cuando "vuelvan a archivar el caso", tomarán medidas contra las seis ONG citadas. "Estamos hartos de que perjudiquen nuestra imagen. Están empeñadas en que los guardias civiles sean condenados sí o sí, pese a basarse en testimonios imposibles, vagos, confusos, imprecisos y contradictorios en sí mismos, entre sí y en relación con los informes de autopsia; además incoherentes, faltos de corroboración", lamentan.
Finalmente, Guillermo Prada ha transmitido que cada vez que denuncian a los agentes "sus carreras se paralizan y sufren psicológicamente. Por lo tanto, "van a denunciar a las ONG por falsas acusaciones y pedirán indemnizaciones por daños y perjuicios". El delegado concluye, "ya estamos cansados y queremos que la gente sepa que se financian además con sus impuestos".