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Golpe del Supremo a Hacienda por acorralar al contribuyente

Esta sentencia tumba de las reformas de la Hacienda de Cristóbal Montoro en 2017.

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Esta sentencia tumba de las reformas de la Hacienda de Cristóbal Montoro en 2017.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero | EFE

El Tribunal Supremo ha acordado que la Administración no puede denunciar ante la justicia indicios de un posible delito fiscal una vez que éste ya haya sido liquidado o incluso, sancionado, con lo que anula un apartado del reglamento de inspección tributaria.

En la sentencia conocida ayer jueves, la sala de lo Contencioso-Administrativo estima parcialmente el recurso de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) y rechaza que Hacienda pueda remitir "ante el juez o la Fiscalía" dichas pruebas "en cualquier momento".

De este modo se pronuncia en contra de la previsión contenida en el artículo 197 bis al entender que no sólo carece "de habilitación legal suficiente, sino que se opone de manera radical" a la normativa tributaria.

Tal y como recuerda Expansión, esta sentencia "tumba otro artículo de un Reglamento que aprobó la Hacienda de Montoro en diciembre de 2017". Este cambio permitía que la Administración Tributaria comunicara al juez o al fiscal la existencia de indicios de delito contra la Hacienda Pública "en cualquier momento, con independencia de que se hubiera dictado liquidación administrativa o, incluso, impuesto sanción".

"A fuerza de ser repetitivos debemos insistir en algo obvio: la ley no contempla que se pase el tanto de culpa o que se remitan al fiscal unas actuaciones de comprobación después de haberse dictado una liquidación administrativa, y mucho menos después de haberse sancionado la conducta infractora", inciden los magistrados.

No obstante, la sala, a diferencia de lo reclamado por la AEDAF, avala que los contribuyentes sigan estando obligados a haber abonado posibles multas penales en caso de querer obtener un certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias.

La sentencia cuenta con dos votos particulares, el primero de ellos suscrito por los magistrados Nicolás Maurandi y Rafael Toledano, que defienden que la Administración pueda comunicar indicios en cualquier momento por ser "ajustado a Derecho".

Por su parte, el magistrado José Díaz cree que la sentencia debió anular también el artículo relativo a las multas penales

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