No hay solución. Y cuanto antes lo asumamos, mejor para todos. Si tienen razón los optimistas, no será muy grave, se solucionará entre un poco de inmigración y un mucho de reformas paramétricas, esos recortes que sólo afectan a los nuevos pensionistas y que, a pesar de sus potentes efectos, nos tragamos como si fuera una aspirina (subir la edad de jubilación, tener en cuenta toda la vida laboral para el cálculo de la base, subir el número mínimo de años cotizados para cobrar el 100%...).
Si no tienen razón, en algún punto entre 2025 y 2035, coincidiendo con la próxima crisis de deuda, llegará el hachazo a la Seguridad Social: un recorte brutal para los ya pensionistas y para los que lo serán en un futuro próximo, del ¿10%? ¿15%? ¿20%? Eso es imposible saberlo. Los jubilados griegos ya han experimentado en sus carnes lo que significa un Estado quebrado para la principal partida de gasto público. Esperemos que a los españoles no les toque aprender por la vía dura. Y lo normal es que todo se resuelva por una vía intermedia: un poco de lo apuntado en el primer párrafo y otro poco de recorte repentino en la siguiente recesión.
Entre 2011 y 2013 se pusieron las bases de lo que debería haber sido un sistema de pensiones sostenible. Con un reparto de culpas, si se puede decir así, porque en ese futuro se sumaban los efectos de las reformas de PP y PSOE, que establecían las bases para un futuro a medio plazo con al menos algún asidero de racionalidad: por un lado, las reformas paramétricas de 2011 suponían un esfuerzo para controlar el gasto de entrada, el que suponen los nuevos pensionistas; por el otro, el Índice de Revalorización aprobado en 2013 miraba también a los ya jubilados, a los que cobran una prestación, a quienes se hacía copartícipes del esfuerzo: si no había fondos, sus prestaciones sufrirían pequeños recortes en poder adquisitivo cada año. Y el Factor de Sostenibilidad intentaba asegurar el equilibrio financiero a medio plazo. El cuadro no era perfecto, porque seguía sin plantear un esquema de apoyo al ahorro, una reforma del sistema fiscal que incluyese las cotizaciones y una reforma laboral real que impulsase el empleo. Pero tenía dos grandes virtudes: era automático (si los partidos eran responsables y sabían explicarlo bien podía poner fin al recurrente debate anual sobre la revalorización de las pensiones) y repartía las cargas entre generaciones (los jubilados del futuro verían su pensión recortada mucho más que los actuales, pero también hacía a estos en cierta media copartícipes de la sostenibilidad del sistema).
Esto último es importante porque el camino que van a escoger nuestros políticos (esto es una apuesta personal, pero ya verán como es así), las reformas paramétricas muy duras y aplicadas a marchas forzadas tiene sentido presupuestario porque es la forma más sencilla de reducir el gasto, pero también comporta una cierta injusticia: todo el ajuste se lo comen los mismos y unas pocas cohortes, los que tengan la mala suerte de jubilarse en el momento inadecuado, acabarán asumiendo casi todo el coste.
Las marchas de las últimas semanas no han tenido el impacto que sus organizadores pretendían. A ello han contribuido en parte el tema catalán y, en parte, cierto hartazgo entre el conjunto de la población por unas asociaciones de jubilados que ni representan a este colectivo ni dan muestras del más mínimo reconocimiento de todo lo que el resto de la población, que al fin y al cabo paga sus pensiones, ha hecho por ellos en los últimos años.
Y sí, los jubilados actuales también hicieron lo suyo durante su vida laboral. Pero hay dos diferencias: en primer lugar, ese esfuerzo se reconoce en cada ocasión que se trata el tema; y en segundo término, habría que preguntarse si los que más protestan son los que más tienen que callar, desde esos prejubilados que cotizaron mucho menos de lo que cobrarán como pensionistas a los que pasaron de cotizar y ahora exigen que se suban los complementos a mínimos y las no contributivas.
La ratonera
En cualquier caso, todo eso ya da igual. Lo que sí se ha demostrado de forma fehaciente desde 2013 es que estamos atrapados en una ratonera, en un laberinto político-presupuestario sin salida.
Por un lado, los jubilados españoles son absolutamente dependientes del sistema de la Seguridad Social. A diferencia de daneses, alemanes, holandeses o ingleses, reciben casi todos sus ingresos del sistema de reparto público. Están con las manos atadas. Por eso temen cualquier mínima reforma o retoque que afecte a su mensualidad. Se ha cumplido lo que muchos llevamos décadas advirtiendo: que el sistema les hace esclavos de sus políticos y del Presupuesto anual. En buena parte por eso no están dispuestos a la más mínima transacción. Ni cobran mucho, porque el sistema da para lo que da, ni tienen más alternativas de ingresos.
Según datos del estudio "La revolución de la longevidad y su influencia en las necesidades de financiación de los mayores", de la Fundación Edad & Vida, "el 69,7% de los mayores de 65 años viven sólo de la pensión pública". O lo que es lo mismo, dos de cada tres jubilados no tienen otros ingresos, lo que les hace muy vulnerables ante cualquier medida que suponga un recorte, aunque sea mínimo, a las prestaciones. Es lógico, por lo tanto, que éste sea un tema del que no quieran ni oír hablar.
Además, éste es un problema que ya no tiene solución. Incluso aunque convenciéramos a los españoles de que cambien sus hábitos de ahorro, eso ya no serviría de nada a los actuales jubilados (de hecho, ni siquiera tendría mucho impacto en los trabajadores de más de 50-55 año, que apenas tienen margen de maniobra). Todas las noticias al respecto apuntan en la misma dirección: ahorramos poco, como advertía hace apenas unas semanas la CMNV, y el ahorro destinado a la jubilación es muy bajo si lo comparamos con los países más ricos de Europa. Como explicábamos en Libre Mercado hace unos meses, "los españoles tienen ahorros en instrumentos específicos para la jubilación que no superan el 15% del PIB. Enfrente, destacan los casos de Dinamarca u Holanda, con cifras cercanas o superiores al 200% del PIB".
Por si esto fuera poco, el sistema de pensiones descansa sobre una sola pata: el modelo de reparto, con nula presencia de los planes de empresa (salvo en el País Vasco) o el ahorro privado incentivado por el Estado (no nos referimos a los planes de pensiones, sino a cuentas de capitalización similares a las implantadas en Suecia o Reino Unido). Todo esto ha provocado una situación en la que los jubilados son muy vulnerables. Su única alternativa a la pensión suela pasar por su vivienda y de ahí la pujanza de los nuevos productos que buscan ofrecer una renta a cambio de los inmuebles (desde hipotecas inversas a compras con usufructo o venta+renta vitalicia).
La tragedia
Pero todo esto es sólo una parte. Los jubilados en cierta medida son esclavos de la Seguridad Social: se lo deben todo a las cotizaciones que pagan los trabajadores cada mes y a los complementos que deciden los políticos cada año en el Presupuesto. Eso sí, no están inermes: también son los dueños de las urnas.
Según las Proyecciones de población que el INE publicaba en 2018, "el porcentaje de población de 65 años y más, que actualmente se sitúa en el 19,2% del total de la población, pasaría a ser del 25,2% en 2033". No hablamos de un futuro muy lejano, en el que sea complicado anticipar los efectos de natalidad, envejecimiento o inmigración. La década de los años 30, cuando todos los estudios aseguran que el sistema comenzará a estar al límite, está a la vuelta de la esquina. Falta menos para 2030 de lo que nos separa ahora mismo de 2007-08, cuando comenzó la crisis.
El resultado de esta doble trampa es inevitable. Hablamos de nueve millones de votos que viven de una prestación y a los que se les dice que cualquier reforma es un ataque. Porque, además, es un colectivo que tiene todas sus preocupaciones enfocadas en un único aspecto: su pensión y, con menos intensidad, la calidad del sistema sanitario. Ningún partido se atreverá a rozar siquiera cualquier medida que suponga una contención del gasto.
De hecho, no es que no se toquen las pensiones, es que desde que comenzó la recuperación se están subiendo. Las pensiones más bajas y no contributivas se incrementan casi cada año bastante por encima del IPC (erosionando el carácter contributivo del sistema, pero ahí nos metemos en otro lío que dejaremos para otro día). Pero incluso el resto, las más altas, lo normal es que también crezcan como mínimo con la inflación. Decimos como mínimo, porque ya sabemos que cada año se suben las pensiones de acuerdo a la previsión del IPC: y luego, si los precios suben más de lo pronosticado, se compensa a comienzos del siguiente ejercicio; la trampa para las cuentas públicas es que cuando el IPC es inferior a lo planteado por el Gobierno de turno, nadie les pide que devuelvan lo cobrado de más y consolidan la subida (esto es lo que va a ocurrir en este año).
Por cierto, que nos hemos acostumbrado a esta anomalía, pero en un país normal, la revisión de las pensiones para ajustarlas al IPC se haría a final de año: se compensa a los jubilados por la pérdida de poder adquisitivo real que hayan sufrido, no se anticipa una previsión en la que es muy complicado acertar y que, como decimos, no actúa igual en las dos direcciones. Si la inflación estuviera en el 10-15%, podría tener cierta lógica hacerlo a comienzos del año. Pero en los niveles actuales, lo lógico sería esperar al fin de cada ejercicio. Sería más justo y mucho más sostenible a medio plazo. Y al mismo tiempo, políticamente es imposible de plantear.
En lo que a mí respecta, no culpo a los pensionistas de no querer negociar ni un euro. En parte nos encontramos ante uno de los problemas clásicos de las democracias. Todos tenemos incentivos a ser egoístas y a defender lo nuestro, sin mirar la situación de conjunto, entre otras cosas porque no sabes cómo se comportarán los demás. Si tú cedes eso debe ir acompañado de una actitud similar por los que te rodean; si no lo hacen, tu sacrificio sólo sirve para facilitar que los otros derrochen más. Es la tragedia de los comunes llevada a su máxima expresión: el mayor común que nos podemos imaginar es el Presupuesto.
Por eso, si convencemos a los jubilados de que es necesaria una reforma para controlar el gasto en pensiones, habría que acordar al mismo tiempo reformas en muchas otras partidas de gasto: hacer sostenibles las cuentas públicas con sacrificios de todos, no sólo de un colectivo. El problema es, ¿cómo de creíble es esto? Pues muy poco. Lo normal sería que lo que nos ahorremos por un lado acabemos malgastándolo en otro. En esa tesitura, a ver quién les convence de que merece la pena hacer las reformas ahora para hacer más sostenible el sistema a futuro. Casi es lógico pensar que la vela que va delante es la que alumbra, que mejor se quedan ahora con todo lo que puedan y que ya veremos lo que ocurre en el futuro. El problema es que el futuro está muy cerca y todos estos incentivos perversos nos afectarán a todos, a los pensionistas de 2019 y a los de 2035.