España no sólo se juega la formación de un Gobierno en las elecciones del próximo 10 de noviembre (10-N), sino la aprobación de la mayor subida de impuestos de la historia reciente, a la vista de la larga lista de incrementos tributarios que incluyen los partidos de izquierda en sus respectivos programas.
Así, en caso de que el PSOE obtenga el respaldo suficiente en las urnas para alcanzar algún tipo de acuerdo con Podemos y Más País, todas las promesas de gasto que han anunciado durante la campaña se acabarán traduciendo, de una u otra forma, en un histórico palo tributario, cuyo impacto, aunque no ha sido estimado en los programas, superará de lejos la subida de 5.000 millones de euros que aprobó el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy nada más llegar al poder, a finales de 2011.
Y es que, a las medidas impositivas que ya han barajado en diversas ocasiones Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, se suman ahora las que plantea Íñigo Errejón a través de su nueva formación, dando como resultado una nutrida retahíla de incrementos fiscales. Entre las medidas presentadas en los pasados comicios de abril, que todavía persisten, y las nuevas de cara a noviembre, destacan las siguientes:
- Subida mínima de dos puntos en los tipos del IRPF para rentas superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos para los de más de 300.000 euros.
- Subida mínima de cuatro puntos en el IRPF para las rentas del ahorro superiores a 140.000 euros, pasando del 23% al 27%.
- Aplicación de un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para grandes corporaciones, que subiría al 18% en el caso de los bancos y empresas de hidrocarburos.
- Recorte de las deducciones en el Impuesto de Sociedades.
- Aplicar un tipo agravado en el Impuesto de Sociedades a las empresas "contaminantes".
- Incremento de las cotizaciones a través de una nueva subida del salario mínimo interprofesional.
- Disparar los costes laborales mediante la fijación de una semana laboral de 4 días (32 horas semanales) sin reducción salarial.
- Aumento de las cotizaciones que pagan los autónomos bajo la excusa de adecuar dicha contribución a sus ingresos reales. El 80% de los autónomos cotiza por la base mínima, de modo que la mayoría pasaría a cotizar más para poder trabajar.
- Destopar las cotizaciones sociales a los sueldos de más de 45.000 euros brutos anuales, lo cual supondría un pago medio de 2.200 euros al año por trabajador, aumentando, además, el coste laboral para, al menos, dos millones de asalariados.
- Aumentar la fiscalidad del diésel con el fin de equiparar su precio al de la gasolina, perjudicando con ello a la mitad de los conductores.
- Armonización fiscal a nivel autonómico, lo cual se traduciría en la reintroducción del Impuesto de Patrimonio en todo el territorio nacional, a partir de un mínimo exento por primera vivienda de 400.000 euros, y en una subida del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en las regiones que lo han eliminado o reducido de forma sustancial.
- Elevar el IVA a los alimentos ultraprocesados o ricos en grasas y azúcares.
- Creación de la tasa Google a empresas tecnológicas.
- Creación de la tasa Tobin a transacciones financieras.
- Endurecer el régimen de las Sicav para elevar su tributación.
- Endurecer el régimen de las Socimi (empresas de inversión colectiva en inmuebles en alquiler) para que, entre otras medidas, paguen un tipo del 15% sobre los beneficios no distribuidos.
- Eliminar las ventajas fiscales que disfrutan los planes privados de pensiones, cuyos partícipes rondan los 7,6 millones de personas.
- Incremento sustancial de la factura eléctrica debido al fomento de las energías renovables.
- Limitación de vuelos nacionales y encarecimiento generalizado de los billetes de avión mediante el aumento del IVA, un mayor gravamen al queroseno y la creación de una tasa adicional y específica a este tipo de viajes.
- Creación de un nuevo impuesto a la distribución y venta de plástico de un solo uso, embalaje o de productos de usar y tirar.
- Subida del impuesto de matriculación a todos los vehículos que emitan CO2, frente al umbral mínimo actual de más de 120 g/km, y una nueva elevación del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.
- Nuevos aranceles mediante la creación de un "impuesto de carbono" en las fronteras de la UE que se aplicaría a las actividades intensivas en energía, desde el transporte aéreo y marítimo a los sectores industriales más contaminantes procedentes de terceros países.