El Plan Presupuestario de 2020 enviado por el Gobierno de España a la Comisión Europea refleja un objetivo de aumento de la recaudación valorado en 3.000 millones de euros. Esta cifra, equivalente a 160 euros de esfuerzo fiscal adicional por familia, se ha quedado al margen del discurso electoral de Pedro Sánchez, que ha ocultado esta subida recaudatoria en los primeros actos de pre-campaña y solo ha hecho públicos estos datos por exigencia de Bruselas.
Según el Gobierno, la presión fiscal (ajustada a las rentas de la propiedad y otras vías de ingresos) va a experimentar un aumento desde el 35,8% del PIB previsto para 2019 hasta el 36,1% planteado para 2020. Con el cálculo tradicional, los ingresos públicos se elevarían del 39,3% al 39,6%. De ahím el aumento de casi 3.000 millones de euros en la recaudación.
Sin embargo, los cálculos del Ejecutivo socialista chocan con las estimaciones que preparan los técnicos de la Comisión Europea. En Bruselas creen que los ingresos se van a quedar estancados en el 38,9% del PIB en 2019 y 2020, mientras que el gasto subiría al 41,2% y al 41% del PIB en ambos ejercicios.
Discrepancias con la Comisión Europea
La brecha entre los cálculos del Gobierno español y las estimaciones de la Comisión Europea queda también de manifiesto en la estimación de déficit presupuestario. Las cuentas de Sánchez plantean que la desviación fiscal en 2019 será del 2% del PIB, pero Bruselas insiste en que se elevarán al 2,3%. Para 2020, la diferencia es muy similar: el Gobierno socialista habla de un desajuste del 1,7% del PIB, mientras que la Comisión pronostica una brecha del 2%.
El 50% de la subida de los ingresos estaría ligado al impuesto al diésel (730 millones de euros de recaudación) y a la aplicación del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (720 millones de euros de ingresos adicionales). El resto de medidas siguen pendientes de concreción, lo que probablemente invitará a la Comisión Europea a pedir más detalles al gobierno de España.
Por otro lado, Sánchez confía en que los ingresos fiscales suban un 4,8% durante el próximo año, más que duplicando la tasa de crecimiento del PIB que esperan Moncloa y Bruselas. El aumento sería del 4,6% en los tributos sobre la producción y las importaciones, mientras que los gravámenes sobre la riqueza y la renta crecerían un 5,1% (con una subida del 5,9% en el IRPF) y los tributos empresariales subirían un 2,3%.