En las pasadas elecciones generales, Vox sorprendió a la opinión pública con un programa económico de acervo liberal en el que planteaba distintas reformas orientadas a reducir el peso del Estado sobre el día a día de las empresas y las familias. La repetición de los comicios no parece haber alterado estos compromisos, resumidos ahora en un breve documento de 15 páginas que esboza tres grandes líneas de actuación.
En primer lugar, Vox llama a eliminar la deuda y el déficit con la adopción de los presupuestos de base cero. Este protocolo contable consiste en olvidar los gastos del pasado y construir por completo un nuevo esquema presupuestario. Introducido por primera vez en 1970, en la empresa Texas Instruments, la Oficina de Gestión y Presupuestos de la Casa Blanca terminó recomendando su por parte de la esfera pública a finales de aquella década.
El recordado catedrático de Hacienda Pública, José Barea, importó el concepto a nuestro país y llegó a plantear su aplicación en la primera legislatura de gobierno de José María Aznar, cuando ocupó la dirección de la Oficina Presupuestaria de La Moncloa. Más recientemente, el Círculo de Empresarios recomendó esta forma de optimizar el gasto como principio clave para el manejo de los desequilibrios fiscales.
Por definición, la adopción el presupuesto de base cero logra siempre el objetivo que plantea Vox, puesto que el encaje automático de ingresos y gastos acarrea el fin del déficit y facilita la reducción de la deuda. Sin embargo, está por ver que la aritmética parlamentaria sea suficiente para conformar un Gobierno en el que los de Santiago Abascal puedan poner encima de la mesa este método de gestión presupuestaria.
En segundo lugar, la agrupación sugiere la "eliminación de gasto superfluo y duplicidades", con el "cierre de entes públicos que no proporcionen bienes y servicios beneficiosos para los ciudadanos". Por esta vía, consideran que el gasto podría bajar en 24.236 millones de euros mediante este tipo de ajustes. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, Vox ve factible conseguir ahorros por 821 millones a base de reducir las subvenciones y optimizar ciertos capítulos de gasto.
Aunque este tipo de medidas son prometedoras, es importante recordar que muchos de estos ajustes requieren varios años de trabajo. Así quedó patente con el lento y complejo desarrollo de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, un esfuerzo que acumuló un ahorro de 35.000 millones de euros entre los años 2012 y 2016, pero que tardó varios ejercicios en coger vuelo, debido a la complejidad de auditar, consolidar y cerrar organismos públicos.
En tercer lugar, Vox plantea una reducción de impuestos que incluiría los siguientes cambios:
- IRPF: los solteros sin familia no pagarían impuestos por sus primeros 7.000 euros de renta, mientras que las familias con dos hijos verían aumentado dicho mínimo hasta los 14.000 euros. Los tramos del tributo quedarían simplificados a dos: hasta los 60.000 euros, la retención sería del 22%; por encima de dicho umbral, se aplicaría una tasa del 30%. En total, la reducción del gravamen sobre las rentas de las personas físicas devolvería unos 3.000 millones a los trabajadores españoles.
- Impuesto de Sociedades: el tipo general caería al 22%, aunque Vox sugiere que el gravamen óptimo se alcanzaría equiparando a España con Irlanda y dejando el tipo de referencia en un 12,5%.
- IVA: los de Santiago Abascal quieren liquidar el impuesto por criterio de caja (solo se ingresa en las arcas públicas la diferencia entre el IVA cobrado y el IVA pagado). El tipo del gravamen sería del 0% para la compra de primera vivienda.
- Otros tributos: Vox pide la derogación definitiva del Impuesto de Patrimonio, el Impuesto de Sucesiones y la Plusvalía Municipal. Además, defiende una cuenta corriente fiscal para que los contribuyentes puedan descontarse del pago de impuestos cualquier cantidad que les adeuden las Administraciones Públicas.
Este tipo de medidas requerirían el apoyo de los hipotéticos socios de legislatura con los que Vox podría acordar un programa de gobierno. Considerando las posiciones de PP y Cs en el terreno tributario, lo más probable es que se alcanzase un acuerdo de mejora del Impuesto de Sociedades y que se procediese a la eliminación o bonificación generalizada de algunos de los tributos que pretende retirar Vox. En el IRPF y el IVA, el margen de mejora sería probablemente más limitado.
Por otro lado, habida cuenta de la difícil situación presupuestaria que atraviesa España (Bruselas estima que acabaremos el año 2019 con un déficit del 2,3% del PIB, cifra casi idéntica a la registrada en 2018), la aprobación de las rebajas fiscales que defiende Vox requerirían medidas contundentes de reducción de gasto, un campo donde los obstáculos comentados anteriormente podrían retrasar la puesta en marcha de la agenda tributaria del partido de Santiago Abascal.
Equipo económico
Las ideas económicas de Vox cuentan con tres defensores de referencia. El portavoz de la formación, Iván Espinosa de los Monteros, ha cultivado desde hace años el discurso económico liberal que hoy viene recogido en el programa electoral. A su lado, encontramos al economista y consultor Rubén Manso, candidato al Congreso por Málaga, y a Víctor González, vicepresidente de Vox y empresario. Tanto Manso como González han representado al partido en distintos debates y eventos de cariz económico.