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De "reindustrializar" España al fin de la vivienda como "mercancía": las medidas económicas del acuerdo PSOE-Podemos

En el acuerdo se ha incluido un gran número de medidas que se sustentan en el intervencionismo del Estado y en el aumento del gasto público.

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En el acuerdo se ha incluido un gran número de medidas que se sustentan en el intervencionismo del Estado y en el aumento del gasto público.
El presidente del Gobierno español en funciones, el socialista Pedro Sánchez , durante su intervención | EFE

Acuerdo exprés entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Los líderes del PSOE y Podemos han sorprendido este martes anunciando un "principio de acuerdo" cuando no han pasado ni dos días de las pasadas elecciones. En un documento, que han firmado ambos políticos, se han incluido un gran número de medidas que se sustentan en el intervencionismo del Estado en todos los estratos de la economía de los españoles y en un aumento del gasto público.

Aunque los detalles del acuerdo se conocerán "en los próximos días", el texto contempla varios ejes prioritarios que girarán en torno a "un gobierno progresista" y a lograr "la justicia social como la mejor vacuna contra la extrema derecha", según han explicado sus protagonistas.

Punto a punto

El primer objetivo del documento es "consolidar el crecimiento y la creación de empleo. Combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad". En este sentido, la izquierda debería saber que hay poco que consolidar, porque el crecimiento y la creación de empleo se han frenado drásticamente durante los meses de Gobierno de Pedro Sánchez. En concreto, el paro desestacionalizado ha subido en octubre por primera vez desde 2012 y la creación de empleo registra el menor incremento desde 2015. Además, la precariedad laboral, que tanto se jactan Sánchez e Iglesias de defender, se ha disparado, ya que nuestro mercado laboral ya rompió hace varios meses el ritmo de crecimiento de los contratos indefinidos en favor de los temporales. La prueba está en que en octubre, se firmaron un total de 237.866 contratos indefinidos, un 1,84% menos que hace un año y en lo que va de ejercicio, el empleo indefinido acumula un total de 1,84 millones de contratos, un 4,8% menos que en el mismo período de 2018.

El segundo pilar del acuerdo se apoya en conseguir una "vivienda como derecho y no como mera mercancía". Antes de legislar sobre este sector, deberían tener en cuenta que el mercado inmobiliario no atraviesa por su mejor momento. La compraventa de viviendas ha registrado su peor septiembre de los últimos tres años, al igual que el dato de las hipotecas de agosto. Si a esto le sumamos que la actividad de la construcción también ha caído y que el paro ha aumentado, el descalabro es total. Tanto PSOE como Podemos plantean en sus programas económicos intervenir los precios de los alquileres, una medida que podría contribuir a conseguir precisamente el efecto contrario, ya que contraería la oferta de viviendas en alquiler en el mercado, lo que influye en el aumento de las rentas a los inquilinos.

En tercer lugar, no sólo no reconocen las deficiencias del sistema público de pensiones, sino que parece que no piensan hacer nada por solucionar el problema demográfico más grave que sufre España: a la población activa cada vez le cuesta más soportar unas pensiones que son cada vez más altas y que cobran unos jubilados que cada vez son más numerosos. Por eso es por lo que piensan blindar "las pensiones de nuestros mayores: asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida".

En cuarto lugar pretenden "apostar por la ciencia como motor de innovación económica y dignificar las condiciones de trabajo del sector". Difícilmente fomentarán la innovación de las empresas cuando ambos partidos proponen implantar la tasa Google, que es un impuesto sobre los beneficios de las tecnólogicas. Además, muchas de las compañías afectadas, como Amazon, ya han avisado de que repercutirán la tasa entre sus clientes.

La quinta idea es la "lucha contra el cambio climático: la transición ecológica justa, la protección de nuestra biodiversidad y la garantía de un trato digno a los animales". La lectura de esta parte puede hacerse en un aumento del gasto público para las actividades que ambos partidos consideren beneficiosas para el medio ambiente, e incluso, una penalización a las empresas que consideren contaminantes, como también contemplan en sus programas.

En el sexto guión se mezclan muchos objetivos. El primero es "fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a los/as autónomos/as". Ambos partidos contemplan una subida del impuesto de Sociedades y de las cotizaciones, por lo que habrá que esperar a ver cómo piensan de verdad ayudar a estos colectivos. La subida del Salario Mínimo, de hecho, ha supuesto un perjuicio para estos empresarios que ahora pretenden ayudar. También, pretenden "impulsar la reindustrialización y el sector primario". De aquí se deduce otro Plan E industrial, que suponga un importante despilfarro en las arcas del Estado. Como la riqueza de las empresas piensan penalizarla con una importante batería de subidas fiscales, dicen que quieren "facilitar desde la Administración las bases para la creación de riqueza, bienestar y empleo, así como el impulso digital".

El séptimo objetivo es "revertir la despoblación: apoyo decidido a la llamada España vaciada". Ya que los españoles parece que se empeñan en no vivir en los pueblos, el pacto de izquierdas les incentivará con el dinero de todos los contribuyentes a hacerlo. De hecho, en el debate a cinco de las pasadas elecciones, Pedro Sánchez ya anunció la creación de un Ministerio contra la España Vaciada y el Invierno Demográfico".

Para terminar, abogan por la "justicia fiscal y el equilibrio presupuestario". PSOE y Podemos dicen que "la evaluación y el control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un Estado del bienestar sólido y duradero". Llama la atención esta afirmación cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha disparado el gasto público al mayor ritmo de la última década debido a los polémicos viernes sociales. Y como consecuencia, el déficit.

Todo apunta a que Pablo Iglesias será el vicepresidente del Gobierno, pero todavía queda esperar a ver qué carteras les ha concedido Pedro Sánchez a los morados. A nivel económico, en las primeras negociaciones Podemos exigió ministerios de tanto peso como el de Trabajo, que dirige Magdalena Valerio. El PSOE se negó en redondo, e Iglesias, desesperado, intentó quedarse con las competencias "en políticas activas de empleo", a lo que Sánchez también se negó. El líder socialista también anunció en el debate a cinco que, si se quedaba en Moncloa, nombraría a Nadia Calviño como vicepresidencia económica en el Gobierno.

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