La Asociación del Transporte Internacional por Carretera ha alzado la voz ante el escenario de violencia que enfrentan los camioneros que intentan circular por la AP-7 para salir de España y llegar a Francia. Según la patronal del sector, las pérdidas de facturación y de cargas que han provocado los incidentes de las últimas semanas ascienden ya a 100 millones de euros. No solo eso: cada día de parón añade otros 15 millones de pérdidas.
Los cortes en la AP-7 se concentran ahora en el paso fronterizo de La Junquera e incluso se extienden a Le Perthus, ya en territorio galo, donde los agentes policiales de nuestro país vecino se han visto obligados a actuar de forma coordinada con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español.
Detrás de las interrupciones de la circulación están los Comités de Defensa de la República (CDR), grupos radicales alineados con el separatismo catalán que también protagonizaron las protestas violentas que han sufrido las principales ciudades de la región mediterránea en las últimas semanas.
Las empresas del ramo ofrecen más datos de lo que está pasando. Por ejemplo, LOTRANS apunta que el bloqueo está afectando a cerca de 20.000 camiones y que cada camión parado puede suponer un golpe de 450 euros diarios. La imposibilidad de circular por carreteras nacionales y la lejanía de la única vía alternativa (la salida a Francia por Irún) dejan a los profesionales del ramo en una situación muy compleja.
Y es que, aunque siempre cabe la posibilidad de circular por las vías de Guipúzcoa, no todas las rutas pueden reordenarse de esa forma. Por ejemplo, un camionero español que exporta sus productos a Italia enfrentaría cinco horas más de circulación por carretera, además de un repunte considerable en los costes logísticos, gastos de repostaje, etc. En resumen: una alternativa inviable para muchos de los transportistas afectados.
Es importante recordar que las dos carreteras que están en el punto de mira de los radicales concentran el 70% de las exportaciones de bienes españoles a Europa. Los CDR son conscientes de ello y, desde esta misma semana, han intentado boicotear también a aquellos transportistas que procuran salir de España por Irún ante la imposibilidad de hacerlo a través de Gerona.
Desde la Asociación del Transporte Internacional de Carretera (ATIC) recuerdan en un comunicado que "el daño a los conductores es incalculable" y recuerdan que "los camioneros se están viendo retenidos contra su voluntad durante jornadas completas". La entidad añade, además, que el transporte tiene un efecto multiplicador en otros sectores productivos y estima que las protestas de los CDR restan otros 400 millones de actividad adicional generada en el conjunto de la economía, elevando a 500 millones la cifra total de pérdidas.
Responsabilidades políticas
ATIC ha mandado un mensaje al gobierno socialista: "mientras el ministro de Fomento comentaba ante la prensa los resultados electorales de su partido, miles de profesionales del transporte permanecían retenidos durante horas y horas en la principal vía de comunicación rodada con la Unión Europea. Parece que los saboteadores tienen más claro que nuestros propios dirigentes políticos la importancia estratégica del transporte por carretera".
Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER) centra sus críticas en el gobierno autonómico catalán y habla de "dejación" e incluso de "connivencia". En este sentido, no han ayudado mucho las declaraciones de Quim Torra, presidente de la Generalidad de Cataluña, quien esta misma semana afirmó que "no habrá cargas" y sostuvo que los Mossos de Escuadra "no tienen por qué actuar de forma más contundente" ante los cortes de carreteras de los CDR, que describió como "manifestaciones".