El Ministerio de Trabajo es la gran pieza. Incluso, podría ser la justificación del pacto. Aunque todavía no hay cerrado (al menos oficialmente) un reparto de carteras, las propuestas que unos y otros se cruzaron este verano, durante las fallidas conversaciones preinvestidura, nos dejan pistas de por dónde puede ir la conformación del nuevo Gobierno. En aquel momento, Podemos pidió una "Vicepresidencia de Derechos Sociales e Igualdad" y tres ministerios a elegir entre: Sanidad, Vivienda, Ciencia, Transición Ecológica, Agricultura… y Trabajo. De las peticiones incluidas en todas las combinaciones propuestas, la cartera que ocupa Magdalena Valerio era, sin duda, la más relevante.
De hecho, si los de Pablo Iglesias entran en el Gobierno y reciben a cambio cinco ministerios, sería incluso lógico que Trabajo fuera uno de ellos. Y más ahora, que tienen más fuerza en la negociación que entonces. Los demás son carteras menores, con poco presupuesto y exposición pública. Pueden servir para algún anuncio dirigido a la hinchada y para hacer un poco de marketing, pero no implicarían cambios sustanciales en la política económica. Pero un socio de legislatura con el peso que quiere Podemos debería pedir algo más. Y Trabajo encaja en la estrategia: una de las tres grandes carteras del área económica, con exposición pública constante, dos de las dos Secretarías de Estado que más aparecen en los medios y posibilidad de aprobar medidas muy del gusto del votante de izquierdas.
Porque en este punto, el de las propuestas concretas, el programa de Unidas Podemos plantea un cambio radical respecto al modelo vigente. El partido de Iglesias quiere volver a la situación previa a las reformas de comienzos de los años 90. Sacar el franquismo de la tumba no sólo en lo que hace referencia al cadáver del dictador, sino a las leyes laborales que regían cuando éste murió y que volverían a la vida: eliminar de facto la opción de la contratación temporal, disparar los costes, preeminencia de la negociación colectiva sectorial entre patronal y sindicatos… Democracia orgánica. En pocas áreas habría más cambios, si en Podemos se salen con la suya, que en el mercado laboral. Y sí, es cierto que el PSOE ya había prometido derogar la reforma de 2012, pero también es verdad que había hecho muy poco al respecto. De hecho, escuchando a Nadia Calviño, no parecía muy probable que esta cuestión estuviera entre las prioridades de un Gobierno en solitario de Pedro Sánchez (la ministra de Economía llegó a decir en mayo de este año que revertir la reforma de 2012 "no iba a mejorar las condiciones" de los trabajadores y que no creía que fuera "productivo" derogar aquella norma).
Las propuestas
Las siguientes son las principales propuestas de Podemos en este campo:
1. Derogar la reforma laboral
Derogar la reforma laboral de Zapatero de 2010 y la de Rajoy de 2012. (…) Unas reformas laborales que han impedido que la gente recuperara los niveles de bienestar previos a la crisis y que fueron escritas al dictado de la troika y con el beneplácito de la CEOE y el Círculo de Empresarios.
Quizás lo que más llama la atención en esta parte del programa de Podemos es la retórica. Y más aún ahora, que van a formar parte de un Gobierno conjunto con el PSOE. La formación morada lanza sus dardos contra la reforma de Rajoy de 2012, pero también contra la que José Luis Rodríguez Zapatero impulsó en 2010. En realidad, van más allá y se dirigen a la troika, a la que acusan de haber impuesto en España reformas "escritas" a su "dictado".
Aquí la clave es hasta dónde tensarán la cuerda con Bruselas. Porque en aquel famoso rescate del verano de 2012 (y sí, hubo rescate) las condiciones no fueron sólo para el sector financiero, sino también macroeconómicas: el Gobierno español se comprometió con sus socios a aprobar una serie de reformas para mejorar la competitividad de nuestra economía a cambio de su apoyo. Un respaldo, además, que no terminó entonces: la política de tipos bajos y compra de activos que ha llevado a cabo el Banco Central Europeo (BCE) ha tenido como objetivo principal el dar más margen de maniobra a los estados más endeudados de la Eurozona. Ahora Podemos, como hizo la Liga de Matteo Salvini, quiere romper con Bruselas y con Fráncfort. No lo tendrá sencillo.
Y un apunte interesante: hablando de "troika", no hay nadie más "troika" que Nadia Calviño, miembro de la cúpula comunitaria que impuso a España aquellas condiciones. De hecho, cuando Pedro Sánchez la fichó y cuando hace unos días anunció que será su vicepresidenta económica, lo que buscaba era el respaldo de las instituciones internacionales, a las que quería camelar con uno de los suyos. Ya en la campaña electoral, Podemos lanzó unos cuantos dardos a Calviño, sobre todo por sus propuestas en materia laboral (esa mochila austriaca que no gusta nada a los de Iglesias). Si hay un apartado en el que la cohabitación entre los ministros de Podemos y su vicepresidenta económica será tensa, ése es el del mercado de trabajo.
2. Acabar con la temporalidad
Dejaremos un único tipo de contrato temporal, eliminando las demás figuras, y solo podrá realizarse por causas productivas absolutamente imprevistas (no campañas ni estaciones) y organizativas estrictas, como sustituciones por bajas (interinidad).
Prohibir los contratos temporales de menos de un mes y el fraude de la concatenación de contrato. El contrato temporal tendrá una duración de entre 1 mes y 6 meses. Cuando se concatenen contratos más allá de ese límite de seis meses, aunque sea con varias personas, la última contratada de manera temporal se considerará indefinida.
Estableceremos una regulación clara y adecuada a la coyuntura de qué circunstancias económicas justifican el despido objetivo.
Limitaremos la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, de manera que los servicios propios de la empresa queden excluidos.
Todo el programa en materia laboral de Podemos parte de tres principios: el primero es que empresarios y trabajadores son enemigos. Aquéllos sólo quieren enriquecerse a costa de estos últimos y, por lo tanto, el Estado debe intervenir para equilibrar el terreno de juego. Porque, además, las empresas gozan de mucho más poder que sus empleados en una negociación.
El segundo es que las condiciones en el mercado no cambian y que, si lo hacen, las empresas pueden ajustarse a las nuevas circunstancias sin ningún problema. Y el tercero de esos principios es que las dificultades que se impongan a la contratación o al despido no tendrán ningún impacto en las decisiones de los empresarios: la palabra incentivos ni aparece en todo este bloque.
A partir de ahí, lo que Podemos pretende es homogeneizar las relaciones laborales y encarecerlas. Como si eso no fuera a tener consecuencias. En la práctica, la idea es acabar con los contratos temporales (que no estarán prohibidos expresamente, pero tendrán unas condiciones tan estrictas que no se aplicarán) y disparar el coste del despido (por una doble vía: todos los nuevos contratos serán fijos y se limitarán mucho las causas del despido objetivo, el que paga 20 días por año).
La idea de Podemos es que la mayoría de los contratos que ahora mismo son temporales se convertirán, de esta manera, en indefinidos y, además, con más protección para el trabajador. El problema de esta manera de pensar es que excluye otra posibilidad: que el empresario no contrate o lo haga a un coste-salario inicial mucho más bajo para protegerse.
Todas las empresas del mundo, no sólo las españolas, saben que el futuro es incierto. Y que necesitan un margen de flexibilidad para organizar su negocio, porque pueden ocurrir muchas circunstancias: desde un cliente importante que cambia de proveedor a una crisis económica. Por eso, necesitan ser capaces de adaptar su negocio a esos eventos sobrevenidos. España lleva años limitando la capacidad de maniobra de sus empresarios y estos han respondido tirando de la contratación temporal para obtener esa flexibilidad que saben que necesitarán en el futuro. Podemos quiere prohibirla o complicarla mucho (lo mismo con la subcontratación) y esto tendría dos derivadas: contratar sería mucho menos atractivo y sería más costoso. Los incentivos apuntan en una dirección muy peligrosa, un mercado laboral todavía más rígido y en el que incorporar un nuevo empleado es más caro que antes.
Normalmente, cuando el coste de un bien sube, la demanda del mismo se reduce. Pero en Podemos creen que al mercado laboral española la ley de la oferta y la demanda no le afecta.
3. Falsos autónomos y cotizaciones
Se presumirá que existe una relación laboral por cuenta ajena cuando la persona autónoma tenga una única vía de ingresos relevante.
Es urgente atender la situación de estas personas [los autónomos], que deben cotizar solo por los rendimientos que realmente obtengan.
Algo parecido ocurre con los autónomos. Podemos quiere limitar la práctica de los falsos autónomos haciendo que cualquiera que contrate sólo con una empresa (o que tenga un pagador principal muy por encima del resto) sea considerado empleado. Esto deja abierta muchas preguntas, porque las empresas se convertirán, de esta manera, en policías que tendrán que comprobar cada mes si los autónomos con los que contratan tienen o no varios pagadores. ¿Y si no los tienen? Pues lo lógico es que dejen de contratar con ellos ante el riesgo de ver incrementada su plantilla por la puerta de atrás. De nuevo, la palabra mágica: incentivos.
En segundo lugar, los de Iglesias proponen que los autónomos coticen sólo por los rendimientos que obtengan. Para los que cobran poco, puede ser una buena noticia (de hecho, casi todos los partidos llevan una medida similar en su programa). Pero para el 80% de los autónomos esto supondría una importante subida de las cotizaciones que pagan.
4. Negociación colectiva
Estableceremos la prevalencia de los convenios de sector, sean de ámbito provincial, autonómico o estatal, para establecer las condiciones mínimas de trabajo. Se revisarán las amplias posibilidades que tiene ahora la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
Todo el poder para las centrales sindicales. Se termina, de un plumazo, con la mínima flexibilidad que habían introducido las reformas de 2010 y, sobre todo, 2012. A partir de ahora, si Podemos cumple su programa, los convenios sectoriales tendrán la última palabra: da igual si la empresa es pyme o una mutinacional, si está en pérdidas o tiene beneficios, si acaba de abrir o lleva 40 años en el sector. A todas ellas, sean cuales sean sus circunstancias, se les aplicará el convenio de ámbito superior "para establecer las condiciones mínimas de trabajo".
En España, entre 2008 y 2010, al mismo tiempo que se destruían un millón de empleos al año, se subían los salarios, ligados a convenios firmados durante la burbuja. Era imposible el descuelgue de esos convenios y el ajuste a la nueva situación del mercado. Incluso en el sector de la construcción, subían los sueldos mientras colapsaba el mercado. La mayoría de los expertos apunta en esta dirección para explicar por qué mientras otros países capearon la crisis con aumentos del paro moderados, en España nos fuimos al 26% de tasa de desempleo. En Podemos creen que una cosa y la otra no tienen nada que ver y proponen volver a 2010 (en realidad, más bien a 1975-80) en esta cuestión.
En este punto, es importante recordar que este control de las centrales sindicales se obtiene a costa de los empresarios, pero también de las filiales de los sindicatos en las empresas. El modelo que Podemos quiere imponer se sustenta en la eliminación de la autonomía sindical, en quitarles poder a los representantes de los trabajadores que están a pie de fábrica para dárselo a las grandes centrales. O lo que es lo mismo: priorizar el papel de los dirigentes de UGT y CCOO en detrimento de sus delegados en las empresas.
5. SMI de 1.200 euros al mes
Alcanzar un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros en la próxima legislatura.
Los partidarios de subir el SMI aseguran que es una medida que sólo trae ventajas: suben los salarios, los trabajadores tienen más dinero para gastar, hay más actividad económica y los empresarios pueden subir los precios a esos consumidores que ahora tienen más dinero en su bolsillo. Como consecuencia, también suben los beneficios y las contrataciones. En este sentido, la pregunta es evidente: si esto puede hacerse sin temor a los efectos secundarios (que los costes laborales superen la productividad de ese empleado y, por lo tanto, el empresario decida no contratarle)… entonces, ¿por qué no poner el SMI en 1.500 euros al mes? ¿O 2.000? ¿O 5.000?
6. Mejores subsidios de desempleo
Incrementaremos la prestación al 70% la base reguladora desde el primer día y hasta el final, sin recortes, y elevaremos las cuantías máximas y mínimas.
En este punto, el de las prestaciones por desempleo, Podemos también apunta en la dirección contraria a la que marcan los organismos internacionales. De nuevo, la palabra incentivos no aparece en su vocabulario.
A primera vista, podría parecer que es una medida que favorece al desempleado: le garantizan un subsidio por desempleo más alto y durante más tiempo y sin ninguna rebaja según transcurran los meses. El problema es que todos los estudios nos dicen que lo peor que le puede pasar a un parado es que se cronifique su situación: en los seis primeros meses tras perder su empleo, un trabajador tiene bastantes posibilidades de encontrar otro (tiene contactos, conoce el sector, mantiene sus rutinas y está al tanto de las novedades técnicas de su oficio) a partir de ese momento, sus opciones se hunden. El peligro de ser un parado de larga duración es que a partir de esos seis meses (por no hablar de los que superan el año sin un empleo) las cosas se complican mucho y en las entrevistas de trabajo se pasa uno más tiempo explicando por qué no ha trabajado en ese período que detallando sus cualidades.
Por eso, los organismos internacionales recomiendan desde hace años a España que cambie su subsidio de desempleo y que lo asocie a una búsqueda intensiva de un nuevo trabajo. Es decir, que empuje al nuevo parado a que se recicle cuanto antes y que evite que se alargue su situación.