Thomas Piketty vuelve a la carga. Su nuevo libro, Capital e Ideología, plantea la "superación del capitalismo" a través de un amplísimo programa de intervenciones económicas orientadas a confiscar buena parte de las grandes fortunas y redistribuir dichas rentas entre el resto de la población, con gravámenes del 90% para quienes más tienen.
Libre Mercado ha revisado algunas de las tesis centrales que ha defendido Piketty en el marco de la campaña de lanzamiento de su libro, con ánimo de cuestionar algunas de sus afirmaciones más polémicas.
La propiedad privada puede ser alienante
Los datos son muy claros: un mayor blindaje de los derechos de propiedad redunda en cotas mucho más altas de prosperidad económica y humana. Así lo acredita el Índice Internacional de Derechos de la Propiedad que elabora el Instituto de Estudios Económicos de la mano de la Property Rights Alliance.
Dicho estudio muestra que los niveles de PIB per cápita son mucho mayores en los países que mejor protegen la propiedad de sus empresas y familias. Lo vemos en el siguiente gráfico.
También existe una correlación positiva y fuerte que vincula los derechos de propiedad y el emprendimiento. Queda de manifiesto en el siguiente gráfico.
Por otro lado, el vínculo es también positivo entre el derecho de propiedad y la inversión, el activismo cívico, la ausencia de corrupción, la reducción de la economía sumergida, el desarrollo de nuevas tecnologías, etc. Como muestra la siguiente tabla, las correlaciones para todos estos indicadores van de 0,7 a 0,74 a 0,92 puntos.
Me habría gustado pagar el impuesto a las grandes fortunas
Las deducciones o exenciones fiscales no impiden que ningún contribuyente aporte recursos a las arcas públicas de forma voluntaria. En Francia, como en España, es perfectamente posible elevar la contribución tributaria por diversas vías. Por un lado, es posible renunciar a las deducciones y exenciones, asumiendo la carga máxima aplicable. Por otro lado, cabe hacer una donación al Tesoro, tanto monetaria como en especie. Un ejemplo de lo segundo lo tenemos en España, donde Amancio Ortega ha realizado millonarios aportes a la Sanidad pública a través de la compra de equipamiento para la lucha contra el cáncer.
La solución es un impuesto del 90%
Aplicar semejante tasa a las rentas altas o los grandes patrimonios es incompatible con la legalidad vigente, como muestran las sentencias de la Justicia gala o española. Hay, además, muchos otros obstáculos ligados a tal propuesta:
- Introducir un gravamen tan duro motivaría una fuerte salida de capitales y un desplome de la inversión.
- Parte importante del patrimonio de las grandes fortunas es líquido, de modo que el impuesto exigiría la venta masiva de bienes inmuebles, obras de arte… con el consecuente colapso de los mercados.
- Confiscar las grandes fortunas solo cubriría tres meses de gasto público, de modo que no generaría ningún cambio estructural en las políticas de redistribución a corto, medio y largo plazo.