El curso pasado, PSOE y Podemos aprobaron un proyecto de Presupuestos Generales del Estado que terminó topándose con un doble rechazo a la hora de ser validado por las Cortes y las instituciones europeas. El primer "no" fue político: ambos partidos carecían de apoyos suficientes en el Congreso. El segundo "no" fue técnico: Bruselas entendió desde un primer momento que las cuentas planteadas para 2019 carecían de rigor en materia de estabilidad presupuestaria.
Este 2020, ambas fuerzas volverán a negociar unos PGE con la esperanza de sacarlos adelante y asegurar una legislatura más prolongada. No hay que olvidar que, a base de prorrogar tales cuentas, Sánchez e Iglesias conseguirían retrasar las siguientes Elecciones Generales hasta 2022 o 2023, siempre y cuando no hubiese una moción de censura de por medio. Hay mucho, pues, en juego.
Tanto en el borrador fallido de 2019 como en el acuerdo de gobierno de 2020, socialistas y comunistas han incluido dos tipos de medidas en el Impuesto de Sociedades: por un lado, anuncian un refuerzo de la fiscalidad aplicada a las grandes empresas; por otro lado, incluyen un descuento de dicho gravamen para las pymes.
La idea es similar a la que se cultiva en la fiscalidad sobre la renta o el patrimonio de los españoles: quienes más ganan deberán hacer un esfuerzo adicional (a pesar de que ya sostienen el grueso de la recaudación) y quienes menos ganan recibirán algún tipo de ayuda extra (sin importar que ya sean estos grupos los grandes beneficiarios de los distintos programas de redistribución del gasto).
Pero, más allá de la retórica inherente a estas promesas, ¿cuánto suponen las medidas sugeridas por Sánchez e Iglesias para el Impuesto de Sociedades que pagan las mercantiles de menor tamaño? Los cálculos que elaboró el ministerio de Hacienda en 2019 reconocen que, en la práctica, solo una fracción de las pymes se verá beneficiada.
Una nimia rebaja
Para ser precisos, la reducción del tipo del 25% al 23% está condicionada a un volumen de facturación inferior al millón de euros, pero además hay que tener en cuenta que el pago del Impuesto de Sociedades exige también la existencia de un beneficio, puesto que las ganancias constituyen la base imponible de este gravamen.
Si consideramos ambas restricciones, podemos ver que el primer corte deja el total de empresas beneficiarias en un total de 1,4 millones de sociedades, mientras que el segundo corte reduce aún más esta cifra hasta llegar a un total de 350.000 mercantiles a las que, potencialmente, se les podría aplicar la rebaja del tipo general de Sociedades.
Hacienda considera que tal descuento ahorrará unos 260 millones de euros, lo que supone una tímida reducción cercana al 1% en la recaudación total de dicho tributo, cuya aportación a las arcas públicas ronda los 25.000 millones de euros anuales. Por lo tanto, no hablamos de una medida fiscal de calado, sino de una rebaja más simbólica que efectiva.
De hecho, si repartimos esos 260 millones entre las 350.000 sociedades a las que se les podría aplicar la medida, vemos que el ahorro medio sería de 740 euros anuales. Por comparación, la subida del salario mínimo en 2019 ha hecho que el coste mínimo de contratar a jornada completa crezca en más de 3.000 euros.