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Impuestos y prohibiciones: los planes de PSOE y Podemos para el diésel

Todos los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán que tener zonas de bajas emisiones que limiten la entrada de coches.

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Todos los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán que tener zonas de bajas emisiones que limiten la entrada de coches.
El diésel, en el punto de mira | Pixabay/CC/nile

El Gobierno de coalición formado por el PSOE y Podemos tiene un claro objetivo: subir los impuestos en todas las áreas del día a día de los ciudadanos. Tras declarar ayer martes la emergencia climática en el Consejo de Ministros, el foco vuelve al diésel. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó al diario El País y a La Sexta que usarán la fiscalidad para atacar a un combustible que quieren hacer desaparecer.

El impuesto al diésel siempre ha estado encima de la mesa. Cuando el Gobierno de Pedro Sánchez trabajó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2019 ya contempló un aumento de la fiscalidad a través del Impuesto de Hidrocarburos. Hace solo unos meses, el Ejecutivo planeó subir el precio del litro en 3,8 céntimos, lo que supone que llenar un depósito costaría 2,3 euros más y los principales afectados podrían ser los autónomos como los taxistas y los transportistas independientes. Los profesionales del transporte pesado no sufrirían no sufrirían la subida, si aplican los mismos criterios que en 2019. "La tributación que recae sobre el gasóleo de uso profesional y el gasóleo bonificado no sufre variación alguna al objeto de mantener la competitividad de los sectores intensivos en su consumo", señalaba el proyecto de Ley.

El Gobierno preveía recaudar 670 millones de euros anualmente con la subida de esta figura fiscal. Manuel Maestre, presidente del Consejo General de Agentes Comerciales de España, ya calificó en su momento esta subida como un "golpe a la economía" asegurando que el coste para el sector de los agentes comerciales sería de 5 millones de euros anuales.

¿Cómo se reparte el precio del diésel?

El precio de la materia prima, lo que es el petróleo en sí, solo supone un tercio sobre le precio final. La mitad del precio total son impuestos y el resto corresponde a los costes de distribución y a los beneficios para las empresas, que suelen ser de un 15% por litro. Esto supone que, si un consumidor paga 1,2 euros por un litro de diésel, solo 4 céntimos corresponden a la materia prima.

"No tiene afán recaudatorio"

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró ayer en rueda de prensa que, con su nuevo Gobierno, "no habrá" nuevos subsidios a combustibles fósiles, como el diésel, la gasolina o el gas. En este sentido, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, señaló que en la hoja de ruta del nuevo Ejecutivo la fiscalidad verde "cobra especial interés" en sus planes.

Así, indicó que se lleva "meses" trabajando y revisando la fiscalidad en lo que se refiere a la figura del cambio climático y protección del medio ambiente con el objetivo de tomar decisiones en dos "direcciones", una de ellas es el impuesto al diésel, del que llegó a decir en La Sexta que no tiene afán recaudatorio. "Tenemos que contribuir. Lo que hacemos básicamente es quitar la bonificación del diésel con respecto a la gasolina. Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena". Ayer también mencionó el inexistente afán recaudatorio de la subida del diésel.

"Acometer aquellas figuras que no tienen afán recaudatorio pero que son disuasorias de comportamientos perjudiciales medioambientalmente y los incentivos fiscales que el sistema pueda coger para producir, animar e impulsar la transformación del sector productivo y caminar en la dirección a 2050 una economía neutral en carbono", dijo Montero.

Ciudades con su propio Madrid Central

Los planes de PSOE y Podemos para los coches van más allá, y contemplan la prohibición de que los vehículos que emitan dióxido de carbono (CO2) puedan seguir circulando en nuestro país a partir del 2050.

Además, la norma en la que trabaja el Ejecutivo recoge la obligación de que todos los municipios de más de 50.000 habitantes creen zonas de bajas emisiones en las que determinados coches no puedan circular, al igual que han hecho Madrid o Barcelona.

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