Sólo han transcurrido 22 días desde la investidura del 7 de enero y 15 desde la formación del Gobierno de 'los Magos de Oriente', y parecen siglos.
Salvo la fecha elegida por Sánchez, poco tienen que ver nuestros gobernantes con los Magos, aunque sí actúan como prestidigitadores, pero esa será ya la referencia histórica del Gobierno de coalición que quiso emerger jugando al despiste con los españoles y desafiando a todas las instituciones del Estado.
Pocas pero intensas fechas de Gobierno (o desgobierno), en las que se ha puesto de manifiesto que han elegido la estrategia del ataque como la mejor defensa y su exclusivo argumento al servicio del "porque yo lo valgo y yo lo mando" del jefe de filas. Son los primeros pasos de un Gobierno de coalición con un presidente cuyo ideario es un manual de resistencia y cuyo objetivo siempre fue llegar a la Moncloa y permanecer en ella, por encima de todo y de todos, a cualquier precio, siguiendo el conocido aserto de "el fin justifica los medios".
Es útil como nunca, a la par que exasperante, seguir su cambiante, incoherente, pero bien planificada hemeroteca, para ver cuál es su verdadera base logístico-ideológica: el Parlamento hace lo que yo diga. La Fiscalía, "¿de quién depende? (de mí, ¿no?, pues eso)". Y los jueces me molestan, así que ordeno una ofensiva contra ellos, sin que importen los viejos principios de separación de poderes y lealtad institucional. Además, para que el cóctel sea perfecto, debe parecer que todo es culpa de los demás, de la oposición, de las derechas.
Dejó de haber prisa para que el Parlamento funcione después de forzar una convocatoria en periodo inhábil y en fin de semana, haciendo competencia a la cabalgata de Reyes. Cesó de forma fulminante y cuestionable (que ya le tenía ganas) a María José Segarra y propuso, sin constituir Gobierno, a la todavía diputada socialista y ministra Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado. Para el presidente, las sentencias del Tribunal Supremo ya no se acatan, da igual si se critican o no, se combaten, y en modo activista se ha colocado al lado de los delincuentes condenados y frente al Estado: presiona a la Abogacía del Estado para que se convierta en defensora de aquéllos y además, como no consigue torcer la mano del Tribunal, saca otro as de la manga: reformar el Código penal a la carta, ad hominem, por medio de una suerte de ley orgánica singular y con efecto llamada. ¡Hágase!
Esto sí, dado el primer paso, proponen ahora una reforma convenientemente disfrazada por una campaña sin precedentes de marketing fake: "Es una revisión necesaria y actualizadora de tipos del Código Penal", "es para homologarse con lo que nos exige Europa" o con una inexistente uniformidad legislativa europea... No importa que los dirigentes políticos, o quien sea, hayan actuado o actúen en el futuro contra el Estado; los recibimos con los brazos abiertos porque, como todo en el mes de enero, también han decidido poner en rebajas nuestra calidad democrática. Ahora valoramos y facilitamos los ataques al orden público, al Estado y al orden constitucional y, además, el Gobierno utiliza la estrategia de la venta privada, dirigida a beneficiar primero a destinatarios concretos para después abrir la puerta al gran público.
Pero, por si no ha quedado claro, todo eso es fruto, consecuencia y reacción defensiva frente a lo que una periodista, con intensidad y pasión militante incalificable, denominó, en Los desayunos de TVE del pasado día 23, "una derecha echada al monte".
¿Por qué? ¿Qué hace el Partido Popular a juicio del Gobierno Sánchez y de sus voceros para ser objeto de esa calificación? Denunciar los blanqueos de acciones intolerables y perjudiciales a los españoles; ejercer su lógico, legítimo y democrático derecho a la crítica, a la oposición, a defender la Constitución, la unidad de España, la igualdad entre españoles, la libertad de ideología, la defensa de las víctimas frente a los delincuentes y de los valores, frente al todo vale.
Cargan contra el PP porque se resiste al ataque permanente contra aquél que no siga el pensamiento único o presente alternativas razonadas frente a una autodefendida e inexistente superioridad moral y social de la izquierda. Porque reivindica la separación de poderes, el respeto institucional, la defensa de la Justicia como baluarte del Estado de Derecho y de la democracia, la responsabilidad y ejemplaridad de los dirigentes públicos, que han de someter su actuación siempre a la ley, como todo español, pero con una ejemplaridad imprescindible que ya se ha olvidado (hay que releer con urgencia, entre otros, a Gomá).
Utilizar el Código Penal para desautorizar a los tribunales, que es lo que se pretende con la reforma Junqueras, para pagar 13 votos, y que ahora blanquean grandes teóricos y prácticos del Derecho Penal como Adriana Lastra, aprovechando torticeramente la retroactividad de la norma penal más favorable al reo para dejar sin efecto unas condenas de políticos que burlaron y quebrantaron gravemente la ley, es uno de los peores peajes que podían pagarse por un Gobierno en democracia.
¿Creen ustedes que lo hemos visto todo? Me temo que no. Y prueba de ello es que ya han dado un paso más al envolver la reforma utilizando las agresiones a las mujeres y a los necesitados. No se puede caer más bajo. Créanme que me espanta la convicción de que sí quedan aún muchas cartas en la manga del prestidigitador. Y todo a la máxima velocidad, creando confusión, profusión de noticias y de enfrentamientos, buscando normalizar y evitar la sorpresa y la reflexión.