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Cataluña obligará a los propietarios a ofrecer un alquiler barato a sus okupas

El Parlamento autonómico aprueba la medida con la abstención del PSC.

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El Parlamento autonómico aprueba la medida con la abstención del PSC.
Nuevas ventajas legales para los okupas en Cataluña | Flickr/CC/Almusaiti

El pleno del Parlamento de Cataluña ha convalidado el Decreto Ley de vivienda que obligará a los propietarios a ofrecer un alquiler a precio reducido (es decir, por debajo del precio de mercado) a aquellos okupas que lleven seis meses usurpando la vivienda y residiendo en ella sin autorización.

Ya el pasado 23 de diciembre, el gobierno de coalición conformado por JxCat y ERC había anunciado este Decreto Ley. Sin embargo, era necesaria la aprobación del Parlamento para que saliese adelante. La votación ha contado con el respaldo de los dos partidos del gobierno autonómico, así como de los diputados de En Común (Podemos) y la CUP. Los votos en contra han sido solamente de Ciudadanos y el PP, puesto que el PSC ha optado por abstenerse.

La aprobación del Decreto Ley llega después de que, hace escasas semanas, el Parlamento aprobase también una modificación de la ley autonómica de vivienda vacía. Bajo el marco vigente hasta ahora, el gobierno catalán ya se arrogaba la expropiación forzosa temporal de inmuebles que estuviesen en estas circunstancias, salvo en el caso de que el propietario hubiese denunciado ante la Justicia la okupación de su vivienda. Sin embargo, el nuevo paradigma no permite que la okupación sirva como freno para evitar la expropiación forzosa de viviendas no ocupadas.

Ahora, se introduce la citada obligación de ofrecer un alquiler a precio reducido a toda aquella persona que acredite al menos seis meses de okupación en una vivienda. La condición, de momento, es que el propietario sea una empresa o un particular con al menos quince activos inmobiliarios, aunque diversos sectores de ERC, En Común Podemos o la CUP dejan abierta la puerta a un nuevo endurecimiento de esta norma.

Una situación límite para la propiedad privada

Las ventajas legales que el gobierno catalán y el ayuntamiento de Barcelona han ofrecido a los usurpadores de vivienda explica, por ejemplo, que uno de cada cuatro pisos libres en la Ciudad Condal estén okupados por las mafias y los colectivos antisistema que perpetran de forma organizada estos delitos de usurpación.

Si atendemos a las denuncias presentadas ante las fuerzas y cuerpos de seguridad, vemos que cada año se producen 12.000 okupaciones de vivienda. La cifra podría ser aún mayor, puesto que muchas de estas situaciones se están negociando al margen de la ley, con acuerdos entre las partes o con desalojos coordinados por empresas de seguridad expertas en este tipo de escenarios.

La Justicia actúa contra la okupación, pero con suma lentitud y penas excesivamente laxas. En Cataluña, el número de condenas por delitos de usurpación se ha multiplicado por cinco en los últimos años, pero apenas supone la resolución de unos 350 expedientes al año. En consecuencia, la okupación campa a sus anchas en Barcelona y otras ciudades de la región mediterráneo-pirenaica.

Según el Instituto de Estudios Económicos y su Índice de Derechos de Propiedad, España figura entre los países que peor protegen la propiedad privada, con una nota de apenas 6,452 puntos sobre 10 que nos deja en el puesto 27 de los 36 mercados de la OCDE que analiza el informe.

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