Nuevos presupuestos, nueva negociación, nuevas fechas, pero el mismo escenario y el mismo protagonista. Da igual cuál sea la aritmética parlamentaria o el partido en el Gobierno. El PNV consigue, cada año, ese papel central en la política española que tan complicado resultaría explicarle a un extranjero. Con seis escaños, los nacionalistas vascos son capaces de condicionar la vida política española como ningún otro partido. Y de sacar concesiones sin que quede muy claro la razón última.
Bueno, sí, la razón última son esos seis escaños y su voto favorable. Lo que llama la atención es que otros, con unos cuantos más, consigan muchísimo menos.
En esta ocasión, además, se intuye una cierta urgencia. No por su parte, por supuesto, sino por la de sus interlocutores en la mesa de negociación. El Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos necesita estos Presupuestos Generales del Estado. Para dar credibilidad al experimento; consolidar la mayoría parlamentaria; renovar unas cuentas públicas que, no lo olvidemos, fueron prorrogadas el pasado año; y, por supuesto, poder anunciar algunas de esas "políticas sociales" que quieren que sean su sello.
Como, además, las relaciones con los nacionalistas catalanes están siempre expuestas a cualquier sorpresa (y más ahora que hay unas elecciones anunciadas, que no convocadas), hay que atar con los peneuvistas el acuerdo cuanto antes. De hecho, la convocatoria de elecciones en el País Vasco, con lo imprevisible que siempre es lo que digan las urnas, también anima a un acuerdo más o menos rápido.
En este contexto, el PNV ha planteado el órdago. Dos de las competencias más deseadas desde hace años para completar las transferencias que aseguran que recoge el Estatuto de Guernica (prisiones en el ámbito político y gestión de las pensiones en el económico), están encima de la mesa. Y el Gobierno ha ofrecido señales de que está abierto a ceder en los dos casos.
La gestión y la caja
En lo que hace referencia al apartado económico, no hay ninguna competencia más polémica que la de la Seguridad Social. La llamada "caja única" es intocable. Las cotizaciones de todos los españoles van al mismo saco y las prestaciones las paga también este organismo. En un país tan descentralizado como el nuestro, no hay ninguna otra política pública tan relevante (al menos en términos de coste y peso en el Presupuesto) que siga en manos del Estado al 100%.
Por eso, unos y otros se empeñan en recordar que no estamos ante un cambio en la naturaleza de esa caja. O lo que es lo mismo, que no habrá una Seguridad Social vasca independiente que pueda desentenderse de lo que ocurra en el resto de España. Sólo se habla de la "gestión" de las cotizaciones y las prestaciones de los trabajadores y los pensionistas que vivan en esta comunidad. Suena a técnico, a cuestión menor, aunque, si uno repasa el contenido, no estamos ante algo anecdótico: afiliación, altas y bajas, gestión de las cotizaciones que pagan las empresas y sus empleados, cuotas (aplazamientos, ayudas a la contratación…), abono de las prestaciones, reconocimiento de las mismas… También es verdad que primero habrá que ver cuáles de todas esas competencias terminan traspasándose (aunque muchas están relacionadas y parece lógico que se gestionen desde la misma administración).
En este punto, hay que recordar que si hay un aspecto económico en el que el País Vasco no tiene demasiado de lo que presumir es éste. La región pugna con Madrid por ser la primera comunidad autónoma en términos de PIB per cápita. Por ahora ocupa el segundo puesto, pero la aspiración está ahí. Y en algunos indicadores, como la tasa de paro, está incluso un poco mejor que la CAM. Pero no en lo que respecta a las pensiones.
Tomaremos como referencia el estudio "Las pensiones en las comunidades autónomas" que en diciembre de 2018 publicó José Antonio Herce para BBVA Mi Jubilación. En la página 29 del mismo se recoge el cuadro resumen que podemos ver a la derecha (click para ampliar). En el mismo, se incluyen los datos más importantes y la situación de cada región. En el caso del País Vasco, estas son sólo algunas de esas cifras:
- La cotización media anual es en el País Vasco la más alta de España: 7.108 euros al año por trabajador por 5.859 en el conjunto del país. Y también lo es la pensión media: 15.996 euros al año para los jubilados vascos frente a los 12.888 euros en el conjunto de España (siempre con datos de 2017)
- El problema llega con la ratio de cotizantes / pensionistas. De media, en España, esa cifra alcanza los 1,9 trabajadores para cada pensionista. Pero en el País Vasco, la ratio es de 1,7 (en Madrid, por ejemplo, es de 2,6).
- Lo anterior provoca un desfase de más de 2.200 millones (en negativo, por supuesto) entre lo que aportan los trabajadores vascos y lo que reciben sus pensionistas. O lo que es lo mismo: 4.037 euros de déficit del sistema por cada pensionista o 2.400 por cada cotizante.
Evidentemente, esto no pasa sólo en el País Vasco. La Seguridad Social tuvo en 2017 un balance negativo de 17.661 millones entre cotizaciones y prestaciones. Sólo Baleares, Canarias, Madrid y Murcia tuvieron saldo positivo.
Pero el caso vasco llama la atención por dos razones: en primer lugar, por su condición de segunda región más rica de España. Una de las pocas comunidades autónomas, además, en las que la tasa de paro se sitúa por debajo del 10%. Es decir, a pesar de sus buenas cifras económicas, una supuesta Seguridad Social vasca independiente no podría pagar las prestaciones de sus jubilados. Pero hay más: el País Vasco es una de las regiones más envejecidas de España (con mayor porcentaje de mayores de 65 años respecto a población en edad de trabajar). Y también es una de las que tiene una tasa de natalidad más baja. O lo que es lo mismo: todo apunta a que ese balance deficitario en pensiones sólo podrá empeorar en los próximos años.
Porque, además, si comparamos los 2.200 millones con el déficit total de 17.661 millones para el conjunto de España, comprobamos que el peso de los números rojos de las pensiones vascas (12,5% del total) supera con holgura lo que le correspondería a la región, tanto si lo comparamos con lo que supone su economía en el conjunto del PIB nacional (6%) como en lo que respecta a la población (4,7%).
Las razones
En este punto, puede causar sorpresa que el Gobierno vasco dé un paso que podría parecer, en un primer vistazo, que le generará dolores de cabeza a futuro. Está asumiendo una competencia en la que su región es deficitaria.
En realidad, como apuntamos anteriormente, lo que quieren los nacionalistas es hacer la transferencia, pero no pagarla. Es decir, la clave de mantener la caja única y asumir la gestión está en que te llevas lo bueno (el ciudadano recibe la pensión y las notificaciones desde un organismo autonómico) y subcontratas en Madrid el problema (cuadrar las cuentas del sistema). Además, en un momento dado, y como el País Vasco tiene unas cuentas públicas relativamente saneadas (entre otras cosas por un cupo calculado a su medida y que perjudica claramente al resto de regiones), el Gobierno autonómico podría plantearse medidas muy atractivas desde el punto de vista electoral: desde complementar las prestaciones más bajas a dar una pequeña ayuda en algún año en el que vayan a congelarse o subir poco en el conjunto del país.
Además, ya hemos dicho que estamos ante una región envejecida: o lo que es lo mismo, una región en la que el peso electoral de los jubilados es bastante superior al de otros lugares. Y hacen notar ese peso: en ningún otro lugar se han manifestado con tanta frecuencia como en el País Vasco, la región en la que más activos son los colectivos de pensionistas.
Visto así, todo encaja mejor. La separación de la gestión haría que saliera del País Vasco uno de los pocos organismos públicos estatales relevantes que siguen teniendo presencia en la comunidad autónoma. En los primeros meses, todos recordaremos que en realidad la caja única sigue siendo la norma y que las pensiones de los vascos se pagan (como todas en España) con las cotizaciones del conjunto de los trabajadores. Pero de aquí a 10-15-20 años, lo que les quedará a los pensionistas de la región es una transferencia mensual del Gobierno autonómico, que es la que les paga su pensión. Es fácil olvidar quién paga en realidad o si estamos hablando sólo de la gestión. Y, desde luego, si un día se quiere romper la caja única o establecer diferencias en las pensiones contributivas por regiones, este primer paso es fundamental. En un país que no se caracteriza, precisamente, por la lealtad institucional de sus administraciones, ésta no es una cuestión menor. Durante años, gobiernos del PSOE y del PP se negaron a darlo, por miedo a la reacción del electorado en el corto plazo y por lo que podría significar a medio y largo plazo. En este 2020, todo indica que eso podría cambiar. En el pasado, ya hubo otras cesiones a los nacionalistas que en principio parecían menores y sin importancia. Y casi siempre fueron sólo el primer paso en la búsqueda de otros objetivos.