Todo lo que María quería era ayudar a su hija. Deseaba que llevara el negocio familiar dado que la joven se había quedado en paro y tuvo que volver de Alemania, país en el que estaba trabajando. Lo que nunca imaginó es que sus inquilinos se iban a convertir en el peor de los enemigos.
La dueña del Hostal Estela situado en el número 44 de Gran Vía (Madrid) avisó con seis meses de antelación de la "no renovación de su contrato de alquiler" a sus arrendatarios, un grupo de inmigrantes cubanos. Los inquilinos llevaban el negocio del hostal y tuvieron tiempo de sobra para buscar otro sustento. Pero no lo hicieron.
María se temía lo peor. Viendo que no obtenía respuesta, volvió a enviarles un burofax. Pero nada ocurrió. Los mensajes de whatsapp tampoco eran contestados. Fue entonces cuando la dueña empezó a ponerse realmente nerviosa. Sabía que, si su inquilino dejaba de pagar o se oponía a la decisión legítima de disponer de sus bienes inmuebles habiendo informado con antelación, tenía todas las perder consigo. "La ley no está con los propietarios. Yo ya sabía lo que podía suceder", lamenta María.
El 31 de Diciembre de 2019, fecha en la que se cumplía el contrato de arrendamiento del Hostal Estela, María y su hija se dirigieron hasta el edificio y, en la misma puerta, los inquilinos las echaron "de muy malas maneras", inquilinos que, en ese momento, pasaban a convertirse en okupas.
Lo pasaron mal. Pero madre e hija no se dieron por vencidas. El día de Año Nuevo regresaron y consiguieron entrar por la planta baja del hostal de la hermana de María, Hostal Elena, también okupado por los mismos. Uno de los pasillos conectaba con el vestíbulo del Hostal Estela. Inmediatamente, los okupas llamaron a la policía porque "había dos señoras que estaban alborotando y armando jaleo", narra María que aún no puede creer el episodio que vivió.
Los agentes se personaron y, amablemente, invitaron a la propietaria a abandonar su propiedad porque "no había nada que hacer". Con las mismas, la policía intentó que los usurpadores se fueran, pero no sirvió de nada. "Les dijeron a los inquilinos que tenían que irse y los okupas se negaron. Los agentes nos comunicaron que tendríamos que iniciar los trámites legales con el ayuntamiento para poder recuperar el negocio", comenta la arrendadora.
A la espera
"Ya hemos presentado la documentación al Ayuntamiento. Además, los okupas ya nos deben 14.000 euros. No pagan agua ni luz y, mientras no tengamos la orden para desalojarlos, la deuda sigue aumentando. Solo quiero que me lo devuelvan. Mi hija necesita trabajar. La licencia del hostal es mía, yo no puedo hacer ya nada más. Solo nos queda esperar".
Mientras tanto, María ha acudido a Desokupa, la empresa de Daniel Esteve. Al tratarse de la okupación de un negocio, el empresario ha confirmado a este diario que han presentado toda la documentación pertinente al consistorio madrileño por "una actividad ilegal de ocupación".
Por último, cabe destacar que sendos hostales cuentan con 32 habitaciones sumando un total de casi 30.000 euros de deuda entre ambos. María se queja de que los okupas siguen haciendo caja a su costa y a la de su hermana. "Lo más sorprendente es que siguen reservando a turistas y ganando dinero a nuestra costa. Es el colmo", concluye.