La deuda pública española asciende a 1,188 billones de euros. Medida en relación con el PIB, esta cifra supone el 95,5% de la producción anual, un ratio que supera en más de treinta y cinco puntos el umbral máximo exigido por las reglas del euro. Sin embargo, los niveles de endeudamiento que registra el Tesoro vienen de experimentar una repentina caída en diciembre, reduciéndose en casi 3.800 millones.
Para ser precisos, las obligaciones del Reino han caído en 3.798 millones entre los meses de noviembre y diciembre de 2019. ¿Significa esto que el gobierno ha realizado algunas operaciones de amortización? ¿Se ha reducido acaso la necesidad de financiación de las Administraciones Públicas? Nada más lejos de la realidad.
En realidad, lo que ha ocurrido es que, desde finales del año pasado, se ha revisado la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo, que indica qué obligaciones deben entrar en el cómputo de la deuda pública y qué partidas pueden quedarse fuera de dicha cifra. Esta diferenciación hace, por ejemplo, que la deuda de AENA, RENFE o ADIF sea excluida del cómputo general de la deuda pública, a pesar de que, en última instancia, dichos compromisos tienen el respaldo del Estado.
La modificación del Protocolo de Déficit Excesivo ha supuesto, por ejemplo, la reclasificación del Consorcio de Compensación de Seguros. Este cambio de criterio ha hecho que, de un plumazo, la deuda pública oficial ha bajado en 3.798 millones de euros. Según explica el regulador, "la reclasificación del CCS en el sector de las Administraciones Públicas (AAPP) afecta al saldo de la deuda según el PDE de las Administraciones Públicas, dado que una parte de sus inversiones está materializada en valores de deuda emitida por el Estado y las Comunidades Autónomas, y el importe de la deuda consolidada de las Administraciones Públicas se ve reducido al consolidar estos valores".
La deuda "oculta"
La deuda total, que se obtiene considerando todo tipo de pasivos en circulación ligados a las Administraciones Públicas, alcanza los 1,8 billones de euros, lo que se traduce en un monto equivalente al 144,3% del PIB. Por lo tanto, hay 612.000 millones de obligaciones financieras que no figuran dentro del cómputo de la deuda oficial, pero sí están vinculados a nuestros organismo públicos.