Malos humos en Hacienda por Podemos y el tabaco. El diputado de la formación morada Txema Guijarro ha hecho un anuncio, durante la intervención en el debate en el Pleno del Congreso de este jueves, que no ha gustado nada al departamento que dirige María Jesús Montero. Guijarro ha avanzado que el Gobierno subirá el IVA a los cigarrillos en el marco de la batería de incrementos fiscales que están preparando con los socialistas.
El IVA "se subirá para determinados productos y servicios", como el tabaco y las casas de apuestas, ha dicho el diputado de Podemos, lo que ha hecho que Hacienda le desmienta rápidamente. "Ahora no estamos estudiando subir los impuestos a ninguna de estas dos partidas", señalan fuentes de Hacienda a Libre Mercado. "En lo que estamos trabajando es en la fiscalidad medioambiental", han añadido sorprendidos por la información que ha desvelado su compañero de Gobierno. Dentro de esos impuestos verdes, podrían empezar por elevar el gravamen a los plásticos y a los viajes en avión, como ya ha amenazado la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, en el caso de los vuelos.
Desde Hacienda justifican que el Gobierno no podría subir el IVA al tabaco porque ya está "en el nivel máximo, el 21%, y no se puede subir más", explican. Aquí no les falta razón. La normativa europea no permite elevar el tipo general de IVA en ningún país para un producto específico. En España la mayoría de bienes y servicios están gravados al 21%, por lo que, si el Gobierno quisiera incrementar la fiscalidad de algún producto en concreto, tendría que incrementarla para todos. Por esta razón, el IVA al lujo del 25% que plantea Podemos es una utopía.
Sí pueden subir los Impuestos Especiales
Pero con el tabaco existe un matiz muy importante. Los cigarrillos soportan unos Impuestos Especiales que el Gobierno puede subir cuando quiera. Estos impuestos se se dividen básicamente en dos: un tributo Ad Valorem y otro Específico, que son independientes del IVA (aplicable a todos los productos). El impuesto Ad Valorem es un porcentaje que se paga sobre el precio de venta al público (es decir, el precio que paga el consumidor final por cada cajetilla). El Específico es un impuesto fijo que paga el fabricante por cada millar de cigarrillos.
De entre toda esta fiscalidad, el Estado se fuma casi el 80% del precio final de una cajetilla, lo que convierte a este producto en el más gravado de España muy por delante de los hidrocarburos, el alcohol o la electricidad.
Pues bien, existe la posibilidad de que el diputado de Podemos se haya equivocado con el anuncio del IVA, y lo que quisiera avanzar es que el Ejecutivo de Sánchez va a tocar los Impuestos Especiales sobre las labores del tabaco. Desde Hacienda insisten en que "tampoco estamos estudiando subir esa fiscalidad". El tiempo dirá si incumplen su palabra.
La última vez que se subieron los impuestos al tabaco en España fue en 2016 por decisión del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Que el fisco decida ahora volver a incrementar los impuestos al producto con el que más engorda sus arcas en todo el país es un tanto arriesgado. En 2019, Hacienda ingresó unos 9.000 millones de euros gracias a los fumadores, un 0,88% más que un año antes. En los últimos años, el Estado ha mantenido los ingresos tabaqueros estables, por lo que, otro golpe fiscal, podría incentivar a los consumidores a pasarse a otras alternativas más baratas, como la picadura de liar, o al tabaco de contrabando.
En la Mesa del Tabaco, la agrupación formada por los principales protagonistas del sector tabaquero de nuestro país, agricultores hasta las tabaqueras, alertan de las perversas consecuencias de elevar los impuestos. "Si bien el precio del tabaco puede influir en ciertos comportamientos de consumo hay, que tener en cuenta un factor prácticamente único de nuestro sector: el comercio ilegal. Un aumento desproporcionado de los impuestos puede ocasionar un desvío del consumo legal a mercado negro que no pasa controles sanitarios, como así ha ocurrido en el pasado en España en los años 2010-2012. Los principios de cualquier regulación deben ser la protección de los menores, la defensa de la libertad individual, junto con la efectividad y proporcionalidad de las medidas", ha señalado su presidenta, Águeda García-Agulló.