En clave fiscal, la salida de la crisis económica ha estado marcada por un notable refuerzo de la presión impositiva que soportan los contribuyentes españoles. El IVA ha pasado del 16% al 21%, el Impuesto de Sociedades ha sido modificado más de doscientas veces y el IRPF ha llegado a situarse entre los niveles más altos del mundo.
Ante semejante panorama, miles de contribuyentes no se han resignado a permanecer de brazos cruzados, sino que han optado por defender sus derechos ante los tribunales económico-administrativos de la Administración. De hecho, las reclamaciones ante Hacienda han dado un salto del 60% entre 2007 y 2018.
En el año 2007, coincidiendo con el estallido de la Gran Recesión, el número de reclamaciones presentadas ante dichas instancias rondaba las 136.000. En los tres años anteriores, dicho indicador se movió entre las 143.000 y las 154.000 quejas. El promedio de todo este periodo pre-crisis arroja unas 145.000 reclamaciones por curso.
Sin embargo, la evolución observada desde entonces presenta un comportamiento claramente alcista. No en vano, si comparamos las 136.000 quejas de 2007 con las 216.000 del año 2018, encontramos que se ha producido un incremento cercano al 60% en el volumen de reclamaciones que se registran en los tribunales del ramo.
Al calor de este aumento, el porcentaje de casos que se resuelven con una sentencia favorable a los intereses de Hacienda ha experimentado una rebaja progresiva, pasando del 52% al mínimo del 45% anotado en 2016. Sin embargo, en los años 2017 y 2018 se volvió a observar un aumento en los triunfos de Hacienda, que en el último año con datos disponibles obtuvo el 49% de las resoluciones favorables.
Un fallo desfavorable del tribunal económico-administrativo no extingue la posibilidad de reclamar, puesto que este es simplemente el paso previo antes de apelar ante los tribunales de justicia. Esta instancia previa gestiona anualmente unos 216.000 litigios. Se estima que hay 12.000 millones de euros "pillados" en procesos pendientes de juicio.