Gran expectación con la rueda de prensa sin periodistas que ha dado Pedro Sánchez este jueves. El presidente del Gobierno ha comparecido para dar cuenta de su plan de choque económico con el que intentará paliar los efectos de la parálisis en la producción, la caída de la actividad y las tensiones de liquidez que están sufriendo las compañías españolas por la crisis del coronavirus.
Aunque Sánchez ha reconocido que la pandemia tendrá "repercusiones económicas muy serias" para España, a nivel fiscal, las medidas acordadas podrían resultar insuficientes para las empresas de nuestro país, ya que no contempla ninguna bajada de impuestos. En el Consejo de Ministros extraordinario de hoy, PSOE y Podemos se han limitado a aprobar "aplazamientos y fraccionamientos de las deudas tributarias de las empresas con la Administración" durante seis meses, como si fueran el más altruista de los bancos. Según sus cálculos, esta idea liberará 14.000 millones de euros para las compañías en ese medio año, pero ese dinero lo van a tener que devolver, sin intereses, en cualquier caso. Hacienda no perdona.
Quizá dentro de seis meses, las empresas que se acojan a este aplazamiento fiscal se encuentren con que deben pagar el doble de impuestos al fisco. Eso sí, como no han podido obtener los mismos ingresos, porque su negocio ha caído en picado por el coronavirus, las cuentas pueden descalabrarse aún más. Sánchez asegura que con este plan su Ejecutivo "protege el empleo y, en especial, a las pymes".
"Nadie está hablando de bajar impuestos"
Llama la atención que esta misma mañana, la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha declarado que, entre las medidas del Gobierno, "nadie está hablando de bajar impuestos", sino de aprobar moratorias y aplazamientos para no "ahogar a las empresas que tienen dificultades de tesorería" por la caída de la demanda.
Ayuntamientos como el de Madrid, sí han anunciado hoy rebajas fiscales para dar un respiro a las empresas ahogadas por la parálisis de la actividad. En concreto, el consistorio madrileño, ha aprobado una bonificación del 25% en el IBI de 2020 para los inmuebles destinados a los usos de ocio y hostelería y comercial a condición de que mantengan el empleo cuando retomen la normalidad de su día a día. Esta bonificación se estima que puede beneficiar a más de 106.000 comercios y establecimientos de ocio y hostelería, con un impacto estimado de 53 millones. También, rebajarán otro 25% el Impuesto sobre Actividades Económicas de sectores afectados por la sangría de la afluencia de clientela: Ocio y Restauración, Agencias de Viaje, Comercial y Grandes Superficies. En la rueda de prensa de hoy de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, la banquera central ha recordado que "la respuesta" de los gobiernos "debe ser ante todo fiscal". Sánchez, de momento, no sigue esta teoría.
Preguntado por los periodistas por si va a mantener la gran batería de subidas de impuestos acordados con Podemos a pesar de esta situación económica excepcional, Sánchez ha salido por la tangente y se ha limitado a decir que "seguiremos aprobando nuevos paquetes fiscales". El Gobierno socialista tiene en marcha una larga lista de incrementos fiscales con los que pretende sufragar el aumento del gasto público de los próximos años. Los viajes en avión, los plásticos, la comida basura, el diésel, la subida del IRPF para rentas de más de 130.000 euros, la subida de Sociedades, la tasa Tobin, la tasa Google y el incremento de los impuestos autonómicos están entre las principales.
Transfiere a las CCAA... su propio dinero
Otro anuncio llamativo del Gobierno, dentro de este paquete de medidas, son los 2.800 millones de euros que ha acordado transferir a las comunidades autónomas para que destinen más recursos a Sanidad. Se trata de un adelanto de los anticipos a cuenta que reciben mensualmente las autonomías, tal y como establece el sistema de financiación autonómica. Es decir, es el dinero que le corresponde a cada región, no se trata de ninguna cuantía extra. De hecho, el Ministerio de Hacienda todavía le debe a las regiones 2.500 millones de euros por la liquidación del IVA de 2017, y parece que no piensa devolvérselo.
La única partida que ha anunciado movilizar Sánchez proveniente de los PGE será en torno a 1.000 millones de euros del fondo de contingencia que irán destinados a intervenciones sanitarias "prioritarias" señaladas por el Ministerio de Sanidad, ha explicado Sánchez.
Además, El Ejecutivo va a dotar una línea de crédito ICO de 400 millones de euros destinada a las empresas y autónomos del sector turístico y se permite que las empresas que han recibido préstamos de la Secretaría General de Industria y de la pequeña y mediana empresa puedan aplazar su reembolso. También se amplían las bonificaciones a la Seguridad Social para contratos fijos discontinuos que se realicen entre los meses de febrero y junio en los sectores de turismo, comercio y hostelería vinculados a la actividad turística. Esta es la única, y mínima, reducción fiscal.
En el real decreto, el Gobierno ha aprobado también una norma para regular los precios de los medicamentos y el material sanitario "esencial" fijando "si es necesario precios máximos de venta al público". Este tipo de medidas hay que tomarlas con cautela porque pueden provocar efectos perversos, como la aparición de un mercado negro de suministros. El Gobierno también vigilará a través de Competencia, si se producen subidas llamativas de los alimentos y anunciará más medidas "en las próximas semanas".