La nefasta gestión que está evidenciando el Gobierno de Pedro Sánchez en todo lo relacionado con la crisis del coronavirus alcanzó un nuevo hito el pasado sábado, cuando entró en vigor el estado de alarma en todo el país. El Real Decreto por el que se declara el estado de alarma por el COVID-19 establece en su artículo 13 lo siguiente:
Medidas para el aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública. El Ministro de Sanidad podrá:
c) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias en aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada protección de la salud pública, en el contexto de esta crisis sanitaria.
Así pues, el Gobierno se arroga la potestad de, entre otra muchas cosas, confiscar "todo tipo de bienes" para proteger la salud pública, lo cual incluye el conjunto del material sanitario, como es el caso de mascarillas, geles desinfectantes y equipo de protección, cuya demanda se ha disparado en las últimas semanas por parte de los servicios sanitarios de todo el país para poder hacer frente a la oleada de infectados.
Sin embargo, la puesta en marcha de esta medida está logrando justo el efecto contrario en el peor momento posible, cuando más urge la producción y distribución de este tipo de material. Hoy por hoy, España sufre un grave problema de escasez en lo que respecta a este equipamiento de protección y todo apunta a que irá a más y se extenderá a otros productos de similar naturaleza en caso de que el Ejecutivo no rectifique de inmediato.
Así, apenas 48 horas después de la entrada en vigor de dicho decreto, el Gobierno de Sánchez convocó una rueda de prensa para anunciar que "la Guardia Civil ha incautado 150.000 mascarillas quirúrgicas en una fábrica de la localidad de Alcalá la Real", en Jaén. La noticia abrió telediarios y fue muy comentada por los medios de comunicación.
Pero, ¿de qué se trataba? ¿Mercado negro? ¿Un contrabandista? ¿Un acaparador que pretendía hacer negocio con la especulación de mascarillas aprovechando su escasez? No, ni mucho menos. La víctima del robo estatal había sido una empresa textil de 30 años de antigüedad que, desde finales del pasado año, entró en el negocio de los materiales sanitarios y empezó a fabricar mascarillas, alcanzando un ritmo de 80.000 diarias.
En las últimas semanas, había destinado casi toda su producción al Servicio Andaluz de Salud. De hecho, su dueño, a pesar de haber recibido grandes ofertas para vender toda su producción a otros demandantes, mantuvo en vigor el compromiso adquirido con la Junta de Andalucía. "Todo ello iba directamente a hospitales y centros de salud desde que el virus llegó a España. Con un margen de beneficios mínimo. Sus trabajadores no se estaban dejando el alma por sacar más dinero, sino por echar un cable", tal y como relata el familiar de uno de sus socios en este hilo en Twitter.
En Twitter no suelo meterme en cosas de las que no sé, pero con el tema del Coronavirus voy a hacer una excepción. Hay un caso que me toca de cerca, y que debería recordarnos la responsabilidad de quienes comunican lo que está pasando, medios e instituciones. Dentro hilo p> — Miguel Muñoz Garnica (@mmgarnica) March 17, 2020
¿Consecuencia? La Junta de Andalucía se ha quedado sin su pedido, con la consiguiente desprotección de sus sanitarios. La respuesta no se hizo esperar, ya que la Consejería de Sanidad andaluza remitió una carta al ministro de Sanidad denunciando la situación, dado que el requisamiento les había dejado sin su principal proveedor de mascarillas en un momento crítico. Y algo parecido sucede con el resto de sus suministradores, dado que el Gobierno les ordenó derivar toda su producción al Ministerio.
Hasta aquí, lo que se ve. Lo más grave, sin embargo, es lo que no se ve. La confiscación de material y la ausencia de justiprecios para compensarla, junto a la incertidumbre sobre cómo y cuándo pagará el Estado, ha hecho que muchos fabricantes que operaban en España hayan parado las máquinas, según explican fuentes del sector a Libre Mercado. "Es muy difícil encontrar proveedores de material sanitario. No se atreven a producir por miedo a los requisamientos del Gobierno", añaden.
Y lo peor es que tampoco llega de fuera. Tal y como explica Israel Cabrera, los productores y distribuidores que operan en China tampoco se atreven a enviar material a España por miedo a las confiscaciones, dado que nada garantiza que el encargo llegue al destino final, pudiendo cobrar lo acordado.
¿Cómo está afectando a las importaciones de material sanitario las intenciones del gobierno de requisar dicho material cuando llegue a España?
Acompañadme en esta triste historia. pic.twitter.com/nCstSsInOm
— Israel Cabrera (@Absolutexe) March 17, 2020
La orden de requisamiento generalizado y la ausencia de un procedimiento reglado que fije precios y forma de pago por parte del Estado en caso de confiscación está secando la importación de material sanitario procedente de otros países, especialmente de China.
Ahora que la crisis sanitaria en el gigante asiático parece que está bajo control, las autoridades chinas están restableciendo poco a poco los canales de producción, permitiendo incluso que se pueda vender parte de la fabricación al extranjero desde hace apenas una semana, siempre y cuando se destine al sistema sanitario.
La demanda de material es tan intensa por parte de los diferentes países afectados que ya hay cola para poder recibir los encargos, con hasta dos semanas de espera. Mascarillas, tests, respiradores… Las fábricas chinas no dan abasto. China ya vende a todos los países… Excepto a España. Las razones de semejante situación son tres, según estas mismas fuentes:
- El Ministerio de Sanidad no ha hecho todavía ningún pedido. Al parecer está elaborando una lista de la compra en base a las peticiones que le hacen llegar las diferentes CCAA en lugar de encargar ya material a fin de no quedar el último en la cola. "Hasta Pakistán ha hecho ya sus pedidos", señala un proveedor que opera en China.
- El riesgo de que el material sea requisado en frontera ha hecho que muchos fabricantes se nieguen a vender a clientes en España, ya que nadie les asegura que van a cobrar.
- Y a todo ello se suma el hecho de que la importación de material sanitario en España precisa de una autorización especial por parte del Ministerio de Sanidad, siendo muy escasos los operadores existentes, lo cual genera un preocupante cuello de botella a la hora de atender la avalancha de pedidos en las últimas semanas.
El Gobierno de Sánchez, lejos de garantizar el suministro de estos productos en una situación crítica, está agravando la escasez en el peor momento posible.