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Las medidas económicas de Iglesias: prohibición de cortar la luz a todos, subsidios, créditos al consumo aplazados...

El Gobieno amplía la prohibición de cortes de suministro de electricidad, gas y agua a todos los hogares, independientemente de su renta.

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El Gobieno amplía la prohibición de cortes de suministro de electricidad, gas y agua a todos los hogares, independientemente de su renta.
Pablo Iglesias, este martes | EFE

El vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha enumerado una gran lista de medidas económicas y sociales en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Iglesias, que ha hablado antes que la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha anunciado desde luz gratis para todos los consumidores, hasta la prestación para los trabajadores del servicio doméstico. En total, se trata de un paquete de más de 50 medidas que se incluyen en el enésimo Real Decreto Ley que aprueba el Ejecutivo para paliar la crisis económica del coronavirus. Aunque no todas provienen de Podemos, ni mucho menos, lo cierto es que Iglesias ha sido el primero en anunciarlas. Estas son las más destacadas:

  • Suministros sin cortes: se amplía la prohibición de cortes de suministro de electricidad, gas y agua a todos los hogares durante el periodo que se prolongue el estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus, salvo por motivos ligados a la seguridad del suministro. "Excepcionalmente", mientras esté en vigor el estado de alarma, no podrá suspenderse el suministro de estos servicios energéticos (electricidad, gas natural, derivados del petróleo) y de agua, considerados básicos, a los consumidores "en su vivienda habitual", aunque exista esa posibilidad en los contratos de suministro. Las compañías "no podrán suspender el servicio a ningún ciudadano", señaló Iglesias, independientemente de la renta del cliente. Hace dos semanas, el Ejecutivo ya había prohibido el corte de estos suministros esenciales para los considerados hogares vulnerables.
  • Extensión del bono social eléctrico: en materia eléctrica, el Gobierno ha extendido el derecho a acogerse al bono social de electricidad a los trabajadores afectados por despidos y a los autónomos que hayan cesado su actividad o reducida su facturación por la crisis del coronavirus. "De manera excepcional y temporal", a todas aquellas personas físicas con derecho a contratar el PVPC (la tarifa regulada), que tengan una renta igual o inferior a determinados umbrales referenciados al IPREM, y que acrediten "encontrarse afectados por medidas de regulación de empleo adoptadas por sus empresas, haber cesado en su actividad profesional como profesionales autónomos o haber visto su facturación reducida en un 75% en promedio respecto al semestre anterior".
  • Congelación de las tarifas de telefonía: el Gobierno ha prohibido la subida de las tarifas de telefonía mientras los usuarios no puedan cambiar de compañía por las limitaciones impuestas para frenar el brote de coronavirus, al mismo tiempo que ha matizado la suspensión de portabilidades impuesta hace dos semanas para permitir aquellas que no requieran desplazamientos físicos.
  • Subsidio a los trabajadores temporales: se establece un subsidio excepcional para los trabajadores temporales a los que les venza el contrato durante el estado de alarma y no tengan derecho a cobrar el paro por no haber reunido la cotización mínima. La duración de esta ayuda será de un mes, ampliable si así se decide, y su cuantía ascenderá al 80% del Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem), unos 430 euros mensuales con el Iprem vigente en 2020. El único requisito que se exigirá para percibir este subsidio es que la duración mínima del contrato que se extingue sea de al menos dos meses, excluyéndose así las relaciones contractuales esporádicas.
  • Moratoria a los préstamos al consumo y a las hipotecas: también han aprobado una moratoria del pago de créditos al consumo para las personas en situación de vulnerabilidad económica y la ampliación de la moratoria hipotecaria, inicialmente para vivienda habitual, que ahora se extiende a locales y oficinas de autónomos golpeados por la pandemia. Podrán solicitarla los autónomos cuya actividad haya sido suspendida por el estado de alarma o bien hayan registrado una reducción significativa de su nivel de ingresos. Las entidades, ha detallado Iglesias, no podrán requerir a este colectivo el pago de la cuota hipotecaria ni de ninguno de los conceptos integrados en el contrato, incluidos intereses, "hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma".
  • Servicio doméstico: el Gobierno ha dado luz verde a un subsidio de desempleo temporal que pueden solicitar las empleadas de hogar dadas de alta en la Seguridad Social, si las despiden o ven reducidas sus horas de trabajo en esta crisis del coronavirus. El colectivo mayoritariamente femenino de empleadas del hogar está formado por unas 580.000 trabajadoras, según la última encuesta de población activa (EPA), pero solo hay 394.171 personas afiliadas en el sistema especial, lo que refleja la irregularidad que se da en estos empleos. Solo las dadas de alta podrán pedir este subsidio de paro que será del 70% de la base de cotización de la trabajadora.

El detalle de los alquileres

Según el Gobierno, el paquete de medidas en materia de alquiler que beneficiará a unas 500.000 familias vulnerables. Contempla la suspensión de los desahucios durante seis meses tras el fin del estado de alarma, la prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de alquiler de vivienda habitual, una línea de microcréditos avalados por el Estado o ayudas directas de hasta 900 euros tras la crisis, por importe de 700 millones de euros, entre otros. Conforme al real decreto-ley aprobado, quien caiga en situación de vulnerabilidad puede acogerse a un microcrédito que dará el estado a tipo 0 de interés, a devolver en 6 años ampliable a 10 en caso de dificultades.

A su vez, se recoge una definición "muy amplia" de los supuestos de vulnerabilidad para acogerse al sistema, sumado a facilidades para devolución de los mismos créditos, lo que permitirá que un "gran número" de personas con dificultades puedan acogerse, como por ejemplo los parados, los trabajadores inmersos en ERTE o reducción de jornada o autónomos con ingresos reducidos como consecuencia del Covid-19.

Si después de la crisis se mantiene la vulnerabilidad, el Estado pagará la deuda de alquiler a través de una línea de ayudas públicas que contempla ayudas de hasta 900 euros al mes y 200 euros para gastos de suministros o mantenimiento, con un importe total de hasta 700 millones de euros. "Si se produce una situación en que hay inquilinos en situación de vulnerabilidad que, tras recibir los préstamos a coste cero no pueden pagar, el Estado no les va a dejar tirados y se va a ocupar de garantizar que nadie pueda ser expulsado de su casa por no pagar el alquiler", ha insistido Iglesias. Los grandes propietarios de vivienda tendrán que elegir entre realizar una quita del 50% o bien reestructuración de la deuda en 3 años para los afectados, por lo que, al final, Iglesias no se ha salido con la suya de conseguir que los fondos de inversión pierdan el 50% del dinero que obtenían de sus inquilinos.

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