Para empezar, es justo reconocer que la papeleta que tenían hoy la ministra de Trabajo, la podemita Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, no era nada sencilla: tenían que comunicar y justificar los peores datos de paro y destrucción de empleo de toda la serie histórica. Unos datos que superan en rapidez y crudeza al peor momento tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, en enero de 2009, cuando el número de parados subía en casi 200.000. Ahora han sido 300.000 parados y una destrucción de empleos que roza los 900.000 puestos de trabajo por el impacto de la crisis del coronavirus y la gestión del estado de alarma del Gobierno.
También es justo decir que lo único que ha salvado a la ministra Yolanda Díaz de tener que explicar las causas que han arrojado estos nefastos datos de paro ha sido el monumental lío que ha protagonizado con los datos de afectados por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en este último mes.
Los periodistas hemos perdido la cuenta de la cantidad de veces que ha tenido que aclarar los datos ofrecidos por el Ministerio y que básicamente son:
Número de empresas acogidas a ERTE: 246.335
(Esos sí, ha tenido que aclarar que es una cifra que "no responde a la realidad" porque "hay comunidades autónomas que no están colaborando con el Gobierno en la transmisión de los datos de estos expedientes")
Número de trabajadores afectados por ERTE: 620.000
(También ha aclarado que no corresponden a la realidad, porque "hay comunidades autónomas que no están colaborando")
También ha dicho que desde los servicios de empleo estatales han recibido 9.670 ERTE de empresas, pero, por sus competencias, solo ha podido tramitar 5.520, el restante, 4.150, han sido devuelto a las comunidades autónomas para que estas los tramiten.
Además, ha puesto en valor que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) llegó a tramitar 98.000 expedientes en 24 horas, una "cifra récord".
No ha sido hasta el final de su comparecencia cuando, a preguntas de Libertad Digital, ha aclarado que las Comunidades Autónomas que colaboran con el Gobierno son: País Vasco, Cantabria, Baleares, Castilla-La Mancha, Madrid, Valencia, Aragón, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Navarra y Asturias. Lo que quiere decir que las que "no colaboran" son, nada menos que: Andalucía, Extremadura, Murcia, Canarias y Galicia.
Es decir, que en los cómputos del Ejecutivo, no figuran los trabajadores afectados por ERTE en estas cinco comunidades autónomas, que sólo por demografía y extensión, dejan ver que suponen unos datos no menores para valorar la incidencia de los ERTE.
La pregunta que ha soliviantado a Díaz
Pero si algo ha molestado a la ministra Díaz ha sido la primera pregunta que ha hecho el grupo Libertad Digital y esRadio, quien, recogiendo datos que están ofreciendo los sindicatos y algunos medios de comunicación y que elevan el número de afectados por ERTE por encima de los 2,5 millones de personas, preguntaba si el Gobierno contemplaba que el frenazo de actividad laboral se podía ir a los 6 millones de personas y, además, preguntaba por si el Gobierno consideraba que la subida del 22% del SMI en el último año podría estar detrás de buena parte de la destrucción de empleo (recordemos, cerca de 900.000 puestos de trabajo en un mes) registrada en marzo. Esta ha sido la secuencia
Libertad Digital: "Ya hay cálculos de que con los ERTE nos podemos ir a los 6 millones de parados si finalmente estas empresas no logran superar la crisis. ¿Cuentan con esta estimación? ¿Se va a reforzar la inspección de trabajo para controlar que se cumplen las condiciones sanitarias en las empresas que están autorizadas a trabajar? ¿Creen que si no se hubiera elevado el salario mínimo más de un 22% en los últimos 2 años se hubiera podido salvar alguno de los puestos de trabajo destruidos en esta situación?"
Y estalló Yolanda Díaz:
"Bueno… yo… eh… me quedo perpleja porque observo que hay un enorme desconocimiento de cómo funcionan los ERTE, estas cifras que observo en medios de comunicación de 6 millones de parados, permítanme que sé que son periodistas profesionales y especializados en esta materia, no hay ningún rigor en las mismas. Y observo, y lo vuelvo a explicar, que no comprenden lo que ha comprendido muy bien la Comisión Europea, que es la dinámica de ERTE que ha propiciado el Gobierno de España, los ERTE no engordan las listas de desempleo, sirven para evitar la destrucción de empleo. Seamos, por favor, muy pedagógicos en la situación en lo que nos encontramos. No hay 6 millones de desempleados, ni sumando todos los ERTE. La persona está de alta" (..) "Por eso creo que hay una deficiente comprensión sobre el funcionamiento de los ERTE. Seamos riguroso porque la credibilidad es colectiva y no hay ninguna cifra, ningún dato que advere este extremo".
Pero no quedaba ahí la respuesta de Díaz, porque también ha querido explicar sus profundos conocimientos sobre el funcionamiento de los incentivos en el mercado laboral y ha explicado la importancia del SMI.
"Y lo que estamos haciendo es cambiar los diferenciales de la crisis financiera, que es la política de rentas para que nadie quede atrás. Y en este contexto, que también supone tener cierto desconocimiento de cómo funciona, no tener un salario mínimo que garantice que los trabajadores hoy tienen un suelo mínimo sería desde luego profundamente errático. Lo digo porque se están mezclando muchas cosas a la vez y el SMI afortunadamente en nuestro país afecta a a una parte muy pequeña de los trabajadores y trabajadoras españoles".
Aunque la ortodoxia de las definiciones no permite, según la normativa, pasar a la casilla de desempleados a aquellos trabajadores que han tenido que irse a su casa a cobrar el desempleo, sin cobrar indemnización y con la promesa de que se reincorporarán a su puesto de trabajo cuando termine el estado de alarma –hay que decir, si la empresa en cuestión sigue existiendo o no tiene que despedirla pasado ese periodo–, lo cierto es que no trabajan porque las empresas no pueden seguir manteniéndolos porque han frenado su actividad y sus ingresos. Recordando las palabras de José Manuel García-Margallo en 2014, "si croa (sic) como un pato y nada como un pato, es un pato". Es decir, que si no trabaja y cobra la prestación por desempleo… ¿qué es? ¿Un trabajador en diferido?
En cuanto a sus explicaciones sobre el SMI, parece que tendrá que asombrarse también del "cierto desconocimiento" del exsecretario de Estado de Seguridad Social Octavio Granados quien ya ha dicho que esta medida provoca destrucción de empleo.
El impacto económico
Entre los datos que sí ha ofrecido Díaz está el de la cuantía de la nómina cerrada de las prestaciones públicas que asciende a 1.215 millones, con una media de 950 euros al mes. A día de hoy, el número de personas con una prestación pública asciende a 2,2 millones de personas y la tasa de cobertura se sitúa en el 65%.
Datos excepcionales
Volviendo al paro, ¿cuál es la explicación del gobierno? La excepcionalidad de la situación que se vive con el Covid-19. También ha puesto en valor el dato llamativo de que en España siguen registrándose muchos contratos y existe evidencia de que hay sectores que necesitan "obviamente mano de obra y actividad fuerte".
"Los datos son absolutamente excepcionales y de las medidas que tomemos va a depender la salida rápida y la reconstrucción de esta crisis que es social y económica", ha concluido.