En 2014, Pablo Iglesias bramó con fascista retórica chavistoide en una asamblea de Podemos: "El cielo no se toma por consenso, se toma por asalto". Han pasado sólo seis años, y ahora el caudillo bolivariano es vicepresidente del Gobierno del socialista Pedro Sánchez Castejón, que debe el cargo al potentado comunista tanto como a los golpistas catalanes y a los albaceas de la organización terrorista ETA.
Seis años después, con la pandemia del coronavirus –salida de madre por la letal incompetencia del Gobierno– devastando la economía nacional, el leninista Iglesias está apostando al cuanto peor, mejor y aprovechando la confusión para imponer su devastadora agenda liberticida. Sin vergüenza, el antisistema que con gran emoción perpetraba charlas en herriko tabernas anda ahora invocando cada dos por tres la Constitución que pretende dinamitar; por ejemplo, el potencialmente formidable artículo 128, que dice que "la riqueza del país está subordinada al interés general".
El chavista-leninista Iglesias pretende apoyarse en ese artículo para desatar una campaña que dé luz verde al Gobierno para confiscar a su antojo cualquier propiedad. En pleno estado de alarma, el Ejecutivo social-comunista ha dictado un alarmante real decreto que le faculta para requisar "todo tipo de bienes" por mor de la emergencia sanitaria, provocada en tan gran medida por el propio Gobierno de Sánchez e Iglesias.
Los nefastos efectos ya están causando estragos entre las empresas fabricantes de geles y mascarillas, algunas de las cuales ya han visto cómo el Gobierno les confiscaba impunemente la producción. Como no podía ser de otra forma, en LD nos hemos hecho eco de este ataque intolerable a la propiedad privada; y, como no podía ser de otra forma, TVE ha actuado como perro de presa del Gobierno y tratado, naturalmente en vano, de desacreditarnos con una verificación orwelliana infame e infecta. En la Cuba castrista y la Venezuela de Maduro estarían orgullosos de lo que están haciendo los secuaces de la comisaria Mateo.
Iglesias no tiene la menor intención de detenerse en su ataque sostenido al régimen constitucional, de ahí que pretenda también controlar los precios de todos los productos sanitarios y de higiene que se puedan comercializar libremente, lo que generará desabastecimiento y agravará la trágica situación en que nos encontramos.
La prohibición de los desahucios por impago de alquiler también se ha aprobado en plena pandemia. Como han denunciado los expertos del sector, los propietarios podrán estar todo un año sin cobrar la renta sin que la Justicia les ampare. Demoledor. Brutal. Un atropello escandaloso. A pesar de que el Gobierno no deja de cacarear que no va a dejar a nadie atrás, a los caseros –el 85% de los cuales son particulares, muchos de ellos en situaciones de tremenda precariedad– piensa dejarlos tirados. Con Iglesias, en la cuneta.
Prohibir a las grandes compañías energéticas cortar el suministro por impago, promover que el Estado respalde todos los créditos que se otorguen a las empresas –lo que les hará más dependientes y menos competitivas– y abogar por la nacionalización de empresas –lo cual secunda el irresponsable Borrell– eran planes comunistas de impensable aplicación hace sólo unos meses; hoy, son puntales del Gobierno presidido por Pedro Sánchez, el que dijo que no podría dormir tranquilo teniendo como vicepresidente a Pablo Iglesias.
El covid-19 está siendo la coartada perfecta para contagiar a España el virus del chavismo. Ha de decretarse la alerta antichavista y activar todas las defensas para preservar el orden constitucional, amenazado desde un Gobierno copado por comunistas y sostenido por golpistas y proterroristas.