Sorpresa entre los funcionarios. El Gobierno ha aprovechando el último decreto ley de esta semana para iniciar el traspaso a la Seguridad Social de las pensiones que están dentro del régimen de las Clases Pasivas. Hasta ahora, estas prestaciones dependían del Ministerio de Hacienda, y cuando José Luis Escrivá tomó las riendas del Ministerio de la Seguridad Social el pasado mes de enero, se propuso hacerse con su control.
Por tanto, los funcionarios afectados por este régimen ya sabían que tarde o temprano se iba a producir el cambio que, por otra parte, tiene sentido por cuestiones organizativas y de transparencia para conocer el gasto real del Estado en pensiones. Pero lo que no se esperaban es que fuera por decretazo. "No se dan los requisitos de urgencia que requiere el vehículo normativo del decreto ley para hacerlo sin trámite parlamentario y sin contar con los agentes sociales, como han hecho", señala a Libre Mercado el secretario nacional de acción sindical del CSIF, Francisco Lama. "No lo entendemos y nos genera mucha desconfianza sobre los planes futuros para estas pensiones", asegura.
El Ejecutivo de Sánchez ha incluido este cambio entre una batería de más de 30 medidas que pretenden "aliviar el impacto de la covid-19 entre las personas trabajadoras", aunque es difícil saber en qué va a beneficiar ahora esta mudanza de prestaciones a los ciudadanos afectados por la pandemia.
El Gobierno sí ha dado una explicación en el BOE: "Es razonable considerar que esos cambios normativos no pueden ser aprobados mediante el procedimiento ordinario de tramitación parlamentaria" por la covid, "circunstancia que generaría inseguridad jurídica e incertidumbre en una materia, las pensiones, particularmente sensible para el conjunto de la ciudadanía. Tal motivo justifica la extraordinaria y urgente necesidad de la situación y la conexión con ella de las medidas adoptadas", reza el texto, aunque Lama cree que estas prisas "están completamente injustificadas" y que la justificación "no tiene sentido".
Por ello, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que es el sindicato más representativo en las administraciones públicas, señalan en un comunicado que el Gobierno "ha aprovechado el real decreto de medidas laborales y fiscales para paliar los efectos de la crisis por la covid-19 para modificar de extranjis la gestión de las pensiones de los funcionarios".
¿Quiénes son esos jubilados?
A cierre de marzo de 2020, el Ministerio de Hacienda contabilizada a 657.118 pensionistas dentro del régimen de las Clases Pasivas. Se trata de exfuncionarios de la Administración General del Estado, de Justicia, de las Cortes Generales o militares que tienen algunas ventajas, como la de poderse jubilar a los 60 años. En el tercer mes del año, las arcas públicas abonaron 1.161 millones de euros en prestaciones y el gasto anual supera los 15.000 millones.
En el año 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió acabar con las Clases Pasivas, y a partir de ese momento, todos los funcionarios cotizarían en la Seguridad Social, por lo que este régimen ya estaba abocado a la extinción. Mientras tanto, los funcionarios de las Clases Pasivas que estaban en ese régimen hasta 2011 se siguen jubilando y engordando la factura.
Con el cambio del Gobierno, la Seguridad Social tendrá que asumir esos nuevos 15.000 millones y la prisa por su aprobación puede responder a la inminente reforma de un sistema completamente tensionado, con 55.000 millones de deuda a cierre de 2019 y menos de 2.000 millones en la famosa hucha.
Teléfonos sonando
Los teléfonos del sindicato no paran de sonar desde que la norma se publicara ayer miércoles en el BOE. "Hemos recibido centenares de llamadas entre ayer y hoy de personal funcionario preocupados por el futuro del régimen de clases pasivas y la regulación de sus pensiones, señalan en CSIF. "Hay mucha inquietud entre los que nos llaman, sobre todo, por si se produce una modificación a la baja de sus pensiones", añade Lama.
Su sindicato se ha dirigido a los grupos parlamentarios para intentar frenar este traspaso, mediante la tramitación del decreto como proyecto de Ley, con el fin de que se pueda eliminar esta modificación. "Si prospera este Real Decreto Ley, la gestión de las pensiones de clases pasivas, en su totalidad, pasa a estar a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social y el estado transferirá a la Seguridad Social los fondos necesarios para la financiación de estas pensiones. De una forma inmediata se iniciarán los trámites para la adaptación de la gestión administrativa, contable, presupuestaria y financiera durante un breve periodo transitorio", explican.
Tras el real decreto, la competencia para el reconocimiento las pensiones de las Clases Pasivas corresponderá al Instituto Nacional de la Seguridad Social y el complemento por maternidad pasa a depender asimismo del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de su Tesorería General. Con este cambio, estos funcionarios perderán el tratamiento que les diferenciaba y pasarán a formar parte del grueso de cotizantes del Régimen General, como ellos mismos observan. "La actual modificación legislativa implica un cambio en el reconocimiento y la gestión de las pensiones, las modificaciones incluidas en este Real Decreto Ley parecen encaminadas a finalizar con cualquier atisbo de separación y de autonomía del régimen de clases pasivas del estado, de una manera completamente sorpresiva", critican.
Por todo ello, llaman a "una reunión urgente a los ministerios de Hacienda y de Seguridad Social para aclarar el traspaso en la gestión de las pensiones de los funcionarios a este último departamento".