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Alta tensión por el final de los ERTE: la cláusula que pone en jaque a las empresas

El fin de los ERTE por fuerza mayor está cada vez más cerca. Las empresas claman por la prórroga y por poder despedir antes de los seis meses.

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El fin de los ERTE por fuerza mayor está cada vez más cerca. Las empresas claman por la prórroga y por poder despedir antes de los seis meses.
Una Oficina de Empleo ubicada en Ronda de las Provincias | Europa Press

Saber qué va a pasar con los ERTE tras la desescalada es una de las prioridades de las empresas españolas a día de hoy. Así se lo han trasladado los diferentes sectores al Gobierno y a todo aquel que han querido escucharlos, porque de la evolución de este instrumento laboral, va a depender en muchos casos la continuidad de sus negocios.

Tras la declaración del estado de alarma el 14 de marzo, cientos de miles de empresas se vieron abocadas a paralizar su actividad por completo, y el Gobierno ideó una solución para los millones de trabajadores que quedaban en el limbo: los ERTE. Aunque era desconocida para la mayoría, los ERTE ya existían, y se usaban habitualmente cuando una empresa disminuía su pico de producción por causas de fuerza mayor económicas, técnicas, organizativas o de producción. "Los ERTE por fuerza mayor suelen declararse cuando se quema una fábrica o hay una catástrofe natural que la paraliza o la destruye. Por tanto, tiene sentido que esto se aplique al coronavirus porque es un hecho imprevisible, inevitable y ajeno a la empresa", explicaba a mediados de marzo el abogado y profesor de derecho laboral de la UOC, Víctor Canalda, a Libre Mercado.

El Ejecutivo socialista aceptó, como no podía ser de otra forma, que todos los ERTE originados por la pandemia se consideraran de fuerza mayor y facilitó el uso de esta herramienta laboral a las empresas. Eso sí, hasta que durase el estado de alarma y con condiciones.

Despidos blindados

El principal requisito del Gobierno para que las empresas pudieran acogerse a sus ERTE era el mantenimiento del empleo en los 6 meses siguientes a la vuelta a la actividad. Así reza el BOE.

Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el presente real decreto ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

Esto significa que el empleo de los afectados por ERTE queda blindado durante 6 meses, una vez la empresa retome la actividad. Saltarse este plazo obligaría a las empresas a devolver a la Seguridad Social la exención de las cotizaciones de sus empleados y lo que han cobrado estos en prestaciones públicas del SEPE. Un castigo de dimensiones mayúsculas.

Con esta cláusula, bautizada como "de salvaguarda del empleo", el Gobierno se juega un arduo enfrentamiento en los tribunales. "Puede haber mucha conflictividad laboral, porque igual por causas objetivas, el negocio iba mal antes o empieza a ir mal a la vuelta y no te queda otra que mantener a ese trabajador. También habrá conflictividad con los ERTE rechazados o los fraudulentos. Va a ser un show", señala Víctor Canalda. "Ya veremos cuál va a ser el resultado de la economía, porque ahora estamos en un paréntesis, pero un señor que lleva 6 meses sin pagar el alquiler, que el banco no le da un crédito del ICO —porque no se fía de él— y que le obligan a mantener la plantilla, lo va a reclamar por la vía judicial", vaticina.

Después de la publicación de la polémica cláusula, el Gobierno intentó matizar con otro decreto ley, cambiando el "compromiso" de la empresa por la "voluntad" de mantener el empleo, aunque se desconoce el impacto legal de este cambio, porque puede tratarse de una interpretación no vinculante.

En cuanto al compromiso fijado en la Disposición Adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 este debe entenderse como la voluntad de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses desde la finalización de las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos basadas en el COVID-19.

En el último documento de propuestas del Consejo General de Economistas publicado esta semana, los expertos clamaban por "flexibilizar las condiciones exigidas para los ERTE de fuerza mayor en cuanto al mantenimiento de empleo en los seis meses siguientes", por lo que son los últimos que no han tenido en cuenta la matización del Ejecutivo.

Por tanto, la condición de mantener el empleo 6 meses pesa como una losa sobre los diferentes sectores de la economía, y más, teniendo en cuenta, el polémico plan de desescalada del Gobierno. Y es que, Sánchez pretende que la hostelería, el turismo o el comercio empiecen a abrir con cuentagotas sus locales y con unos niveles de actividad inviables para su supervivencia. ¿Cómo van a incorporar los hoteles al 100% de su plantilla si no se permite siquiera la movilidad de viajeros entre comunidades? Si un bar sólo puede tener al 30% la terraza, ¿cómo va a sacar del ERTE a todos sus camareros? Estas son algunas de las dudas que le surgen a las empresas, que no saben si en las primeras fases de la reapertura ya tienen que reincorporar a todos sus empleados o no, algo que sería insostenible para cualquier negocio.

A pesar de que la prórroga todavía está pendiente de votación, vamos a suponer que el estado de alarma termina en la fase III, en torno a junio. Para entonces, van a ser contadas las empresas que hayan conseguido recuperar toda su actividad. Si el propio Gobierno estima que hay más de 4 millones de empleados en ERTE, esa avalancha de nóminas en unas empresas que apenas han echado a andar podría acabar por dinamitar el tejido productivo del país. Por eso, desde la CEOE y desde las patronales de turismo, hostelería o comercio están presionando desde hace días para que el Gobierno prorrogue los ERTE.

¿Qué camino seguirá Yolanda Díaz?

Parece que el Gobierno está dispuesto a prorrogar los ERTE, pero todavía falta por delimitar hasta cuándo. El Ejecutivo sólo daría su brazo a torcer hasta el verano, una fecha demasiado precipitada si tenemos en cuenta que los negocios todavía no se habrán recuperado. Hay sectores que piden la prórroga hasta final de año, con la posibilidad de ir incorporando empleados, según vayan evolucionando sus ingresos. Esta última posibilidad ha sido confirmada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en un criterio publicado este viernes. Concretamente, explica que esto podrá hacerse de forma progresiva conforme vayan desapareciendo las razones vinculadas a la fuerza mayor.

La segunda incógnita es si la prórroga de los ERTE beneficiará a unos sectores concretos o será para todas las empresas, sin discriminación. En tercer lugar está si se mantendrán los mismos beneficios de los ERTE para trabajadores y empresas. Ahora, todos los trabajadores afectados por un ERTE tienen derecho a cobrar la prestación por desempleo aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello, que antes era de un año. Además, el tiempo que se perciba la prestación por desempleo durante un ERTE no se comerá el paro del trabajador. La legislación anterior obligaba al empleador a seguir pagando las cotizaciones sociales de su empleado afectado por ERTE, ahora, están exentos de esas cotizaciones.

El fin de los ERTE por fuerza mayor, dejaría a las empresas la posibilidad de llevar a cabo ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP). Esto supondría un aumento de los trámites burocráticos y una complicación añadida para los afectados. "Tienen que simplificar los trámites al máximo, porque si no, los trabajadores no cobran. Por estas vías, en las que hay que respetar periodos de consulta, de negociación y presentar documentación, nos iríamos a los dos meses", avisa el abogado laboralista.

ERTE sin cobrar

Las oficinas de empleo están desbordadas por la cascada de ERTE que se ha producido en nuestro país, y lo mismo ocurre con las de los asesores y gestores, que no dan abasto con la cantidad de trámites burocráticos que tienen que hacer para llevar a cabo estos procesos en nombre de sus clientes. El 3 de abril se produjo el primer pago del paro de los ERTE por la covid-19 y fueron muchos los empleados que se quedaron sin cobrar, aún habiendo dejado de trabajar el marzo. Según Escrivá, a día de hoy, no llegan a 2 millones los que están cobrando la prestación, por lo que más de la mitad de los ERTE no habría recibido ningún ingreso en la actualidad. Hasta el próximo día 3 de mayo no se va a producir el siguiente pago.

Que unos ERTE flexibles son la clave para supervivencia de las empresas en su vuelta a la actividad es una realidad, pero que el coste para las arcas públicas de este instrumento cargará con miles de millones a los contribuyentes también lo es. El Gobierno ha publicado hoy la factura de los ERTE, y será de 17.894 millones de euros. La aprobación de una subida de impuestos para sufragar el aumento de gasto cada vez se hace más patente.

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