Nada más declararse el draconiano estado de alarma, en estas mismas páginas alertamos de la absoluta necesidad de llevar a cabo un plan de austeridad que permitiera hacer frente al mayor gasto en sanidad y desempleo y aliviar la carga fiscal de empresas, autónomos y familias. Desde entonces, solo alguna entidad de la sociedad civil, como el Círculo de Empresarios, ha abogado por un plan que incluya una reducción temporal del sueldo de los funcionarios, cuyo puesto de trabajo no corre peligro. Pero ni el Gobierno ni la mayoría de la oposición han aprobado o defendido una sola medida de reducción del gasto público; de hecho, el Ejecutivo ha aprovechado el estado de alarma para disparar las colocaciones a dedo, ampliando su ya de por sí mastodóntica Administración con 14 nuevas direcciones y subdirecciones.
Frente a este irresponsable y timorato consenso que lo fía todo a disparar el déficit y el endeudamiento públicos, sólo Vox ha planteado una propuesta para eliminar diez ministerios y tres vicepresidencias y elaborar una auditoría a la "mastodóntica" estructura del Gobierno. Se dirá que este discreto ejercicio de austeridad se hace después de que el partido de Santiago Abascal propusiera hace un mes que el Estado se hiciera cargo durante tres meses del sueldo de todos los empleados sometidos a confinamiento, ruinosa ocurrencia más propia de un corporativismo falangista socialistoide que de un partido que pretenda ser una auténtica alternativa liberal-conservadora al consenso socialdemócrata. Ahora bien, la última propuesta de Vox, aun cuando sea claramente insuficiente y tampoco contemple reducción alguna del salario de los numerosísimos funcionarios y empleados públicos, al menos trata de reducir el ritmo de crecimiento de la deuda pública, que ya rozaba el 100% del PIB antes de la aparición de la pandemia y que para finales de año podría llegar a un pavoroso 115%.
Así las cosas, o se empieza ya a elaborar un ambicioso y valiente plan de austeridad que reduzca la presión que la mastodóntica Administración ejerce sobre el cada vez más empobrecido y reducido número de contribuyentes netos, o será Bruselas la que, más pronto que tarde, venga con las tijeras. Los países del norte de Europa no parecen dispuestos a pagar la barra libre del endeudamiento público. Menos aún cuando el Gobierno social-comunista, ante una noticia como la de que en abril ya había 7 millones de personas en el paro o sometidas a ERTE, en lugar de lamentarse o preocuparse se vanagloria por haber alcanzado el "record histórico" de 5,2 millones de prestaciones por desempleo, por un valor superior a los 4.500 millones de euros...