El sector del bricolaje y la ferretería cuenta con 8.000 comercios en España y emplea a más de 150.000 personas, entre distribuidores y proveedores. Esta rama de actividad, que mueve un gasto medio por hogar de 500 euros anuales, genera un impacto económico directo e inducido que asciende a 27.000 millones.
A raíz del estallido del coronavirus, el gobierno de España ha exigido a estos negocios que cierren sus puertas al público. Desde mediados de marzo, el sector se ha visto obligado a cerrar la persiana, colgar el cartel de "cerrado" y aprobar miles de despidos, algunos de ellos temporales (vía ERTE) y otros definitivos (como acredita el deterioro observado en las cifras de paro del sector).
Foro Regulación Inteligente ha contrastado la legislación española con el resto de Europa y la OCDE. Este análisis comparado revela que nuestro país ha sido el único que, o bien forzó al sector a dejar de operar durante la fase de confinamiento, o bien no le permitió reabrir con normalidad una vez se inició el proceso de normalización.
Muchos de los países estudiados han permitido que estos establecimientos sigan operando, al entender que sus productos y servicios satisfacen necesidades de primera necesidad. No hay que olvidar que, además de ofrecer bienes vitales para la conservación y el mantenimiento del hogar, estos negocios también despachan mascarillas, guantes, limpiadores, desinfectantes y otros productos básicos en tiempos como los que corren. Es el caso de Alemania, Estados Unidos, Francia, Portugal o Reino Unido.
El resto de países analizados por Foro Regulación Inteligente pidieron al sector que cerrase sus puertas durante las semanas de confinamiento generalizado, pero permitieron la reapertura de sus comercios de forma más o menos acelerada, en el marco de las primeras medidas de reapertura de la economía.
En España, todas las empresas del ramo han permanecido cerradas durante una fase de confinamiento que, además, ha sido más prolongada que la observada en la mayoría de países del resto de Europa y la OCDE. Ahora que la desescalada está en marcha, la reapertura de los pequeños comercios del ramo está sujeta a grandes restricciones (no en vano, solo el 20% de los autónomos ha reabierto sus negocios), lo que a su vez genera colas y aglomeraciones.
Se ha hablado, y mucho, de las peluquerías pero en la Fase 0 las mayores colas se están produciendo ante las ferreterías. Hemos pasado de comprar levadura a arrasar con los tornillos pic.twitter.com/qTAElIz4fm
— Rubén Fernández (@rubenfdez) May 5, 2020
Peor aún, las grandes superficies del ramo, como Leroy Merlin y otros gigantes, deberán esperar a finales de mayo para abrir sus puertas, a pesar de que sus instalaciones facilitan la adopción de protocolos y medidas de precaución tales como el distanciamiento social, la higienización y limpieza continua de los espacios de venta al público o los controles de aforo.
Todo esto tiene un impacto fiscal muy acusado, puesto que el cerrojazo del bricolaje y la ferretería acarrea 279,3 millones de coste mensual para las arcas públicas: 128,8 millones por el gasto asociado al paro y los ERTE del sector y 150,5 millones de euros por la merma de ingresos fiscales derivada de dicha hecatombe laboral.