La pasada semana, el gobierno remitió a Bruselas el Plan de Estabilidad para 2020-2021, un documento estratégico de carácter anual mediante el cual las autoridades de cada país transmiten a los técnicos de la Comisión Europea sus proyecciones de referencia en el campo macroeconómico y en el ámbito fiscal.
Como publicó Libre Mercado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez planteó en dicho documento un hundimiento del PIB, que bajará un 9,2% durante 2020, y un fuerte repunte del déficit, que se disparará al 10,3%. Sin embargo, la solvencia de estas estimaciones fue puesta en duda desde el minuto uno. Sorprendió, por ejemplo, que se plantease un gigantesco aumento del gasto en asalariados públicos (+6%), que se defendiese un crecimiento sin precedentes del tamaño del Estado (hasta el 51,5% del PIB) o que se plantease que los intereses de la deuda apenas subirán de 25.000 a 29.000 millones en un contexto en el que las obligaciones del Tesoro van a saltar del 95% al 115% del PIB.
La respuesta del gobierno ante estas dudas fue anunciar que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal había revisado la documentación enviada a Bruselas y concluido que sus proyecciones eran razonables. Sin embargo, el organismo que dirige Cristina Herrero se ha desmarcado del discurso oficialista y publicó ayer miércoles una estimación mucho más pesimista.
La AIREF estima que, en caso de que se de una caída del PIB cercana al 9%, los ingresos tributarios no alcanzarán el 41,2% del PIB que plantea el Plan de Estabilidad, sino que se quedarán en el 39,5%. No se trata, pues, de una diferencia pequeña, sino de una discrepancia mayor que revela un desajuste de hasta 15.000 millones de euros en la documentación enviada a la Comisión Europea.
No obstante, el organismo que venía dirigiendo José Luis Escrivá hasta su nombramiento como ministro de Seguridad Social advierte que el desplome de la actividad podría ser mayor. Así, si hubiese un rebrote de la COVID-19 en los meses de otoño, la producción se reduciría un 13,8% y los ingresos fiscales solo llegarían al 39,4% del PIB, lo que desbordaría en 30.000 millones las estimaciones comunicadas por el gobierno a Bruselas. En términos laborales, 1,2 millones de afectados por ERTEs se quedarán definitivamente sin empleo cuando termine la situación de excepcionalidad.
La AIREF plantea que también puede haber un cierto desfase en el cálculo relativo al gasto público, puesto que su evaluación de los planes comunicados por el Ejecutivo plantea un repunte que podría llegar al 53,2% del PIB, superando el escenario del 51,5% que se ha remitido a la Comisión Europea.
Considerando todo lo anterior, ¿qué dos escenarios baraja la AIREF? En el mejor de los casos, el descuadre entre ingresos y gastos será del 10,9% del PIB, mientras que en el peor de los supuestos se alcanzará un déficit del 13,8%. Esto quiere decir que las cuentas del gobierno subestiman el agujero fiscal por un monto que va de 8.000 a 35.000 millones de euros.