La perspectiva macroeconómica para 2020 no puede ser más preocupante. Según la previsión del gobierno, el PIB del año en curso puede experimentar una fuerte caída cercana al 10% del PIB. Si nuestra economía alcanzó en 2019 una producción cercana a los 1.245.000 millones de euros, en 2020 se estima que esta cifra se quedará en el entorno de los 1.120.000 millones. El impacto del coronavirus será, pues, de muy gran alcance.
Las perspectivas de recaudación también plantean un escenario complejo en el plano fiscal. La recaudación del año en curso podría situarse en el entorno de los 450.000 millones de euros, muy por encima de una proyección de gasto que apunta a los 575.000 millones. En términos de PIB, el descuadre presupuestario sería superior al 10% del PIB. En términos monetarios, hablamos de un gasto un 22% más grande que los ingresos.
Ante estas cifras, ¿qué puede hacer nuestro país para ajustar las cuentas públicas y evitar un colapso? La respuesta canadiense a la crisis económica y fiscal de los años 90 ofrece un camino eficaz para lidiar con el complejo escenario fiscal provocado por la pandemia. El país norteamericano lidiaba entonces con un desaguisado presupuestario comparable al que ha provocado la covid-19 en nuestro país y su respuesta la crisis consistió en aplicar un ajuste lineal del gasto público.
Todos los ministerios se vieron obligados a presentar un presupuesto que redujese los desembolsos un 20%. Había margen para mantener ciertos gastos en pie, pero siempre a cambio de que el presupuesto total de cada departamento experimentase la reducción dictada por el primer ministro Jean Chrétien y su ministro de Finanzas, Paul Martin.
En el caso español, una respuesta parecida consistiría en regresar en 2020 a los niveles de gasto de 2018. Esto supondría situar los desembolsos de las arcas públicas en niveles cercanos a los 500.000 millones de euros, lo que permitiría dejar el déficit fiscal en el entorno del 4% del PIB, muy lejos del descuadre superior al 10% del PIB en el que, probablemente, nos moveremos a final de año en ausencia de medidas de austeridad.
Como es lógico, atender la emergencia económica exigiría reordenar partidas presupuestarias. En algunas podría darse un aumento (por ejemplo, sanidad o atención al paro o los ERTE), mientras que en otras sería lógico que se produjese un descenso. En paralelo, las Administraciones podrían aplicar todo tipo de políticas de oferta que faciliten la recuperación empresarial y la creación de empleo.
Pero, al final, en clave de gasto, el plan canadiense trasladado a España consistiría en que cada ministerio se comprometa a manejar el presupuesto de 2020 con los mismos desembolsos totales ejecutados en 2018, un ejercicio en el que se alcanzó el segundo mayor nivel de gasto público de la historia, solo superado por 2020.
Asumiendo que el PIB "rebota" un 7% en 2021 (en línea con lo que esperan las autoridades) y que la recaudación fiscal experimente una cierta recuperación (mejorando en un 5% su desplome de 2020), España cerraría el próximo curso con un déficit cercano a los niveles de 2018 y 2019 (alrededor del 2,5% del PIB).
La deuda pública aumentaría bajo este escenario, pero lo haría de forma más moderada. Ahora mismo, el escenario de referencia un repunte de veinte puntos en el ratio deuda/PIB, pasando del 95% al 115% solamente en 2020. Bajo el plan propuesto, este descuadre solo crecería diez puntos en 2020 y 2021, hasta quedar la deuda en el 105% del PIB.
La alternativa a la austeridad ya la conocemos: según la AIREF, si no se actúa a corto plazo, España terminará sufriendo dos décadas de ajustes fiscales para regresar a los niveles de deuda que se esperaban para el presente año antes del estallido de la covid-19. De manera que nuestro país deberá elegir entre hacer sacrificios fiscales en tiempos de crisis o crear una montaña de deuda que nos obligará a ajustes continuados durante los siguientes veinte años.