La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, protagonizó esta semana una polémica intervención en el Congreso de los Diputados durante la cual propuso que las administraciones locales aporten el superávit conseguido en el año 2019 "al gran pacto por la reconstrucción" que quiere impulsar el gabinete de la nación.
En vez de permitir que las corporaciones que obtuvieron un saldo positivo el pasado año hagan el mejor manejo posible de estos recursos y vean así recompensado su buen manejo fiscal, Montero plantea que se fijen prioridades para delimitar los gastos o inversiones que puedan decidir los alcaldes de municipios con superávit.
"Esto no es tan simple como decir que cada uno utilice sus recursos", apuntó la titular de Hacienda cuando fue preguntada por varios grupos parlamentarios acerca de esta cuestión. Montero criticó la idea de que "el dinero de cada uno es de cada uno" y señaló que "esto no es tan simple como decir que cada parte use sus recursos y la que no los tenga se busque la vida".
La también portavoz del Ejecutivo señaló que los remanentes municipales no deben ser llamados ahorros, porque no se han logrado de forma "voluntaria", sino por la obligación de cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Regla de Gasto. Esto avalaría, pues, la toma de tales fondos, para su uso de acuerdo con criterios fijados desde Moncloa. Por otro lado, conviene recordar que esas mismas normas obligaban al gobierno de España a haber reducido el déficit y la deuda en 2019, a pesar de lo cual se produjo un aumento del descuadre fiscal que rompió la tendencia de siete años consecutivos de mejoras en el saldo presupuestario.
"No se habla de quitar nada a nadie. Propongo un gran pacto de reconstrucción", se defendió Montero, quien también afirmó que "el dinero del gobierno de España es de todos, el de las corporaciones locales es de todos, el de las comunidades es de todos, porque se paga con los mismos impuestos".
Un superávit de 5.000 millones
Según los datos que facilitó la Federación Española de Municipios y Provincias a finales de 2019, el superávit alcanzado durante el pasado ejercicio por las corporaciones locales alcanzó los 5.000 millones de euros, una cifra que supone aproximadamente el 4% del presupuesto manejado por las Administraciones locales. Parte importante de tales recursos proviene del Ayuntamiento de Madrid, que desde el comienzo de la crisis de la covid-19 ha reivindicado que los municipios puedan emplear sus ahorros para financiar programas de lucha contra la crisis sanitaria y económica.
No es de extrañar, pues, que desde Cibeles hayan interpretado con alarma las palabras de Montero. "Esto es un exprópiese en toda regla. Pretenden difuminar la responsabilidad de las Administraciones y poner todos los recursos que ha generado la buena gestión municipal al servicio de su nefasta gestión sanitaria y económica", apuntan fuentes consultadas por Libre Mercado.