Tras las dos primeras semanas de encierro, publiqué en Libre Mercado un artículo que narraba la revolución sanitaria eficiente que supuso la gestión de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid, porque era de prever que la izquierda se lanzase a atacar a la Comunidad de Madrid con su mantra de siempre, ante la falta de previsión que el Gobierno de Sánchez tuvo para tomar medidas en enero y evitar la propagación del virus y que nos habrían evitado medidas económicas duras y, sobre todo, tantos fallecimientos, y su mala gestión, tanto sanitaria como económica.
Como era de esperar, acorralados por unas cifras de fallecidos tremendas, que tras Bélgica colocan a España con el mayor número de muertos por coronavirus por millón de habitantes; tras los fiascos de las compras de material, que o no llegaban o lo hacían de manera defectuosa; tras dejar a la intemperie a los sanitarios, al no dotarlos de los equipos de protección necesarios; tras no hacer test masivos a toda la población, para poder contar con un buen mapa epidemiológico con el que avanzar más seguros; y tras cerrar la economía de la manera que lo hizo Sánchez, y reabrirla de manera muy lenta, que terminará de arruinar a los españoles, buscan un culpable.
Como buscan un culpable por la ignominia que supone el pacto con el antiguo brazo político de ETA, con el que han acordado, además, derogar la reforma laboral, que tanto flexibilizó el mercado laboral e impulsó la creación de empleo, dando un portazo a la Unión Europea cuando ésta pide reformas a cambio de conceder las ayudas que solicita Sánchez.
Y como buscan un culpable ante tantas y tantas cifras de fallecidos por coronavirus, compatriotas a los que no se les ha dejado ser despedidos por sus familiares, a los que no se les ha honrado con luto hasta ahora por parte del Gobierno, a los que se intenta tapar con bailes en las cifras, tratándolos como un mero número, cuando tras cada uno de ellos hay una vida irrecuperable.
Buscan un culpable y recurren a lo de siempre: la culpa es del centro-derecha, específicamente, del PP, y dentro del PP, de la Comunidad de Madrid, pues no soportan que demuestre que se puede gestionar de otra manera, y en particular de quien transformó la Comunidad de Madrid en los años en los que la gobernó, Esperanza Aguirre, que junto con José María Aznar son las dos obsesiones de la izquierda porque ambos le han plantado cara defendiendo valores y principios y demostrando que la gestión que realizaron era más eficiente que la de los partidos de izquierdas.
Por eso, además de las declaraciones, grupos anónimos de izquierda –aunque seguro que bien teledirigidos por los de siempre– han puesto a circular diferentes vídeos atacando a la sanidad madrileña. En el último, además de las típicas afirmaciones sobre que el PP ha privatizado la sanidad en Madrid o que la sanidad madrileña es para ricos, o que ha descendido el número de profesionales, elementos que son falsos todos, como veremos más adelante, llegan a decir que la fórmula más sofisticada de lo que ellos llaman privatización es la concesión de la Fundación Jiménez Díaz, diciendo, al tiempo, que es donde fueron ingresados Esperanza Aguirre y su marido cuando se infectaron de coronavirus, dando casi a entender que puede haber un trato de favor gracias a esa concesión, concesión que ni siquiera concedió ella. En política pueden utilizarse muchas armas, pero cuando se llega a este nivel es que pocos argumentos se tienen.
Como pocos argumentos son los de Rafael Simancas, que sigue respirando por la herida, la de la venganza de dos compañeros suyos que impidieron que no fuese presidente regional por el reparto de carteras que había acordado en junio de 2003 con IU, concretamente, la consejería de Justicia, según recogieron entonces los medios de comunicación. Su frustración le llevó a encadenar derrota tras derrota por decir barbaridad tras barbaridad, como que para acceder en los hospitales madrileños los ciudadanos iban a tener que entrar con la tarjeta de crédito en la boca. Simancas fue pulverizado en las elecciones. Desde entonces, su rencor y amargura le pueden: impidió –junto con Sánchez– que el profesor Carmona fuese alcalde de Madrid con los votos del PP con tal de que no prosperase la propuesta de Esperanza Aguirre, que había ganado las elecciones municipales con el 34,9% de los votos y 21 concejales (a sólo 7.937 votos del número 22, que le habría permitido sumar mayoría absoluta con Ciudadanos) y prefirió abrir la senda radical por la que camina desde entonces el PSOE, al elegir a Carmena y los podemitas. Ahora, en un nuevo esperpento, ha declarado que si han pactado con Bildu se debe a que el PP no quiso apoyar la prórroga de un estado de alarma que no está justificado y que ha sobrepasado muchos límites, como el de la suspensión de libertades, propio de un estado de excepción.
Los socialistas y toda la izquierda pueden insistir, una y otra vez, en decir que el PP ha privatizado la sanidad, que ha eliminado recursos del sistema, que ha recortado inversiones, pero los números los desmienten. Las matemáticas tienen una gran cualidad: hablan un lenguaje que no se puede interpretar, sino que muestran lo que es.
En primer lugar, veamos qué ha sucedido en la sanidad madrileña todos estos años de Gobierno del PP desde la recepción de las competencias en materia sanitaria, año 2002, que en gestión se corresponde prácticamente con la llegada de Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Así, en su primera legislatura en Madrid, se gozaba de la parte alcista del ciclo económico, Aguirre invirtió fuertemente en las grandes infraestructuras: Educación, Servicios Sociales, Transporte y, sobre todo, en Sanidad. Es verdad que el exceso de ingresos podría haberse destinado a reducir deuda, pero con una población que había crecido un millón y medio en pocos años, era imprescindible dotar de las infraestructuras adecuadas que permitiesen que no colapsasen los servicios públicos, y en esas circunstancias, mejor hacerlo en los momentos de mayor desahogo económico.
Por eso, en dicho período inicial (2003-2007), se llevó a cabo buena parte de la gran extensión de la sanidad madrileña: el esfuerzo presupuestario se incrementó en alrededor de 1.000 millones de euros, los hospitales públicos pasaron de 25, al ser transferidas las competencias de Sanidad, a 33, el número de recetas aumentó en casi 12,5 millones, las consultas de atención especializada aumentaron en un millón y los profesionales sanitarios colegiados se incrementaron en casi 9.000.
Fuente: Comunidad de Madrid
No obstante, y pese a entrar en 2007 en la anterior y dura crisis económica, Madrid eliminó gastos superfluos y centró todo su esfuerzo presupuestario en Sanidad: mientras el presupuesto total descendía, el porcentaje del peso de Sanidad sobre el total aumentaba. Así, si en 2007, inicio de la crisis, el peso de la sanidad sobre todo el presupuesto madrileño era del 40,1%, al finalizar la misma, en 2015, se había elevado hasta el 48,9%.
Es más, desde 2007 hasta el último ejercicio ejecutado, 2019, el presupuesto sanitario de la Comunidad de Madrid se ha elevado en 2.366 millones de euros.
Eso muestra que, pese a la dura crisis económica que España atravesó entre 2007 y 2015, el gasto sanitario siempre fue prioritario. Si en 2007 había ocho nuevos hospitales, en 2015 –ya en el mandato de Ignacio González– llegaron a ser doce los hospitales nuevos abiertos por Madrid.
Esos doce nuevos hospitales son los que han hecho posible que, pese al colapso provocado por el coronavirus, pueda haberse atendido adecuadamente a los pacientes hasta que llegase el refuerzo del hospital de campaña instalado en Ifema. Son doce hospitales que han salvado, salvan y salvarán muchas vidas, miles de vidas. Y cada vida es un tesoro.
De la misma manera, en todo el período de la era de Aguirre, que después continuó Ignacio González, aumentó el número de médicos en 3.300, desmintiendo otras de las falsedades esgrimidas ahora por quienes quieren tapar incompetencias propias o de sus allegados políticos. Esos 3.300 médicos adicionales constituyen unos recursos humanos imprescindibles para luchar contra esta enfermedad y cualquier otra a la que nos enfrentemos. Además, la red asistencial sanitaria aumentó en noventa sus centros de salud, reforzando, así, los centros de atención primaria y especializada.
Es más, si analizamos el número de médicos en establecimientos sanitarios con régimen de internado, vemos cómo evolucionan desde 10.393 en 1995 hasta 20.858 en 2015, al final de la crisis.
Y si comparamos 2010 con la actualidad, podemos observar cómo se ha incrementado el personal sanitario desde entonces, contrariamente a lo que dice la izquierda.
Como culminación de todo ello, Madrid –ya con Ignacio González como presidente de la Comunidad de Madrid, dentro del mismo proyecto de Aguirre– inició una gran reforma sanitaria en 2013. Esa reforma sanitaria que impulsó la Comunidad de Madrid, paralizada políticamente aprovechando un defecto de forma o error material que se iba a subsanar, tenía su base en una búsqueda de la mejora de la eficiencia para lograr unos ahorros de costes que permitían mantener la misma prestación de servicios, a la misma población y sin que los pacientes tuviesen que pagar nada por recibir dichos servicios.
Al fin y al cabo, no era más que la aplicación de una de las posibilidades que da la teoría de la elección pública a la hora de decidir cómo gestionar y producir los bienes públicos, donde la disyuntiva se encuentra en si los produce el sector público directamente, o el sector privado, siempre bajo la financiación y provisión pública de dichos bienes, que son y seguirán siendo públicos.
Por tanto, a la hora de tomar esta decisión, la Comunidad de Madrid y, concretamente, la Consejería de Sanidad, se basó en el análisis de comparación entre los distintos modelos de gestión, tanto desde el punto de vista del coste, como desde el punto de vista del servicio, con la premisa de no menoscabar ni un ápice el servicio ni la cobertura del mismo, pero abaratando el coste.
Y esa decisión la pudo tomar la Consejería de Sanidad con fundamento, porque en la Comunidad de Madrid se contaba con los dos modelos de gestión: el público directo y la externalización del servicio, todo ello manteniendo el servicio público y la financiación pública.
En definitiva, lo que se pretendía era ahorrar fondos a los ciudadanos, que financian la Sanidad y otros servicios con sus impuestos, sin disminuir en nada ni la calidad ni la cantidad de prestaciones sanitarias, para poder emplearlos en incrementar los servicios sanitarios. Es decir, se trataba de hacer más con los mismos recursos, de ser más eficientes para poder prestar más servicios. No eran recortes ni privatización, como siempre repite el mantra de la izquierda. Se trataba, en definitiva, de garantizar y mejorar la sostenibilidad del Sistema Sanitario, de la excelente sanidad madrileña de la que gozan los ciudadanos, de asegurar que se iba a poder seguir prestando en el futuro.
A los ciudadanos les es indiferente quién prepara la comida, quién realiza la labor de lavandería o si la gestión del hospital la realiza directamente la Comunidad de Madrid, el sector público, o si la realiza una empresa a la que se le encarga la prestación del servicio. Lo que los ciudadanos quieren es poder seguir gozando de los mismos servicios, con la misma calidad, que lo que pagan con sus impuestos dé sus frutos en forma de unos servicios excelentes, como lo es la sanidad madrileña, y que los sigan atendiendo a todos. Y, precisamente, esta reforma sanitaria es lo que garantizaba: que gracias a los ahorros que se conseguirían por la vía de la eficiencia, este sistema sanitario sería viable y podrían seguir disfrutando de él todos los madrileños de manera reforzada. Tan sencillo como eso. Ésa era la realidad de la reforma.
Los beneficios de la externalización
Es falso que la sanidad le cueste más por ello a Madrid, como dice la izquierda, y que la atención sea peor debido a la externalización. Todo lo contrario: los datos son los que muestran cómo la externalización de la gestión de este servicio público consigue importantes ahorros sin menoscabo en lo más mínimo del servicio sanitario que reciben los madrileños. Esa comparación se puede realizar, como hemos dicho antes, gracias a que Madrid cuenta tanto con hospitales con gestión directa pública como con hospitales que ya tienen externalizada dicha gestión.
Así, para poder realizar una comparación homogénea y ortodoxa, debemos considerar dos hospitales comparables, con similar tamaño, similar cartera de servicios y similar tramo de población, uno de cada modelo de gestión.
Un hospital con los servicios externalizados, sistema que se pretendía extender, en la reforma, a seis hospitales, es el hospital Infanta Elena de Valdemoro. Un hospital comparable con gestión pública directa era uno en los que su gestión se iba a externalizar para ahorrar costes sin menoscabo de los servicios, el hospital del Tajo. Ambos hospitales tienen un tamaño similar, con una población semejante –algo mayor el externalizado– e idéntica cartera de servicios.
El ahorro en gasto sanitario es de 18 millones de euros al año gracias a la externalización.
El ahorro en coste per cápita asistencial de los pacientes es de 459 euros al año gracias a la externalización.
El número de personas que se pueden atender en el hospital externalizado con el coste del hospital no externalizado es del doble (es decir, el menor coste del externalizado permite atender al doble de pacientes por el mismo coste):
El servicio externalizado mejora la atención, ya buena de por sí, de los no externalizados, de manera que las reclamaciones por 10.000 habitantes bajan de 22 a 3.
Y no hay menor satisfacción por parte de los pacientes, sino todavía mejor, al pasar de un 93% en el hospital no externalizado al 95% en el externalizado.
Sus sucesores siguieron el camino marcado por Aguirre al reforzar la sanidad madrileña, de manera que el número de sanitarios ha alcanzado los 80.200, el presupuesto sigue representando, como con Aguirre, casi la mitad del gasto madrileño y el esfuerzo que se ha hecho para afrontar la pandemia pasa por el incremento de 6.000 efectivos en la sanidad, 1.000 camas más de UCI’s o UVI’s y 6.000 camas adicionales, más el mencionado hospital de campaña.
Y a nivel nacional, también es falso que el PP -ahora a nivel nacional- recortase la sanidad, sino que la mejoró. Cuando la sanidad se recorta es en el mandato de Rodríguez Zapatero. Entonces, el gasto sanitario pasó de 73.081 millones de euros en 2009 a 71.667 millones en 2011, es decir, 1.414 millones menos. Sin embargo, en 2018 el gasto sanitario era de 75.435 millones de euros, 3.768 millones de euros más que en 2011.
No, Aguirre no recortó la sanidad, y el PP tampoco, sino que se consiguió que la sanidad madrileña se situase entre las mejores del mundo y se recuperó el gasto sanitario a nivel nacional. No se recortó el número de médicos, sino que se aumentó. No se recortó el número de hospitales en Madrid, sino que se construyeron uno por año de mandato de las legislaturas entre 2003 y 2015. Se amplió la sanidad, se modernizó, se extendió. La situación ha sido dramática en esta crisis del coronavirus, pero sin aquel impulsó dado por Esperanza Aguirre en Madrid y sin haber recuperado la inversión en sanidad a nivel nacional entre 2011 y 2018, bajo los gobiernos del PP, sería mucho peor. El mantra de la izquierda continuará, pero los datos que demuestran lo contrario son claros y están ahí.