Han pasado casi tres meses desde la declaración del estado de alarma. De hecho, gracias a que el drama sanitario ha remitido, España está a punto de salir de esta situación excepcional, aunque en materia económica, la recuperación del país va a ser mucho más lenta. Bajo el eslogan de "no dejar a nadie atrás", desde el inicio de la pandemia el Gobierno ha dado luz verde a una larga lista de medidas para paliar el golpe a las finanzas de empresas y particulares. Pero algunas de ellas, apenas han llegado ni a la economía real, ni a sus beneficiarios. A pesar de que fueron anunciadas a bombo y platillo y de que llevan meses en el BOE, no se han implementado como el Ejecutivo de Sánchez prometió.
La ayuda para el pago de los alquileres y el subsidio para empleadas domésticas son las más sangrantes: fueron aprobadas el 31 de marzo, nada más empezar la crisis, pero todavía están en el aire.
Ni rastro de los pagos
A nadie se le escapa que las empleadas de hogar (la mayoría son mujeres) son uno de los colectivos más vulnerables del mercado laboral. Por este motivo, el Gobierno decidió aprobar una ayuda temporal para todas las que estuvieran dadas de alta en la Seguridad Social desde antes del 14 de marzo de 2020 y hubieran sufrido "la falta de actividad, la reducción de las horas trabajadas o la extinción del contrato como consecuencia de la crisis sanitaria de la covid-19". Los requisitos están en este enlace. Según los cálculos del Gobierno, el subsidio mensual beneficiaría a unas 20.000 empleadas y la cuantía a ingresar sería el 70% de la base reguladora correspondiente a la actividad que se hubiera dejado de desempeñar. A día de hoy, no hay ni rastro de una ayuda que se iba a cobrar los días 10 de cada mes.
Primero, porque el Gobierno tardó casi dos meses en habilitar el proceso de solicitud de la prestación, dejando a muchas empleadas de hogar sin ingresar un sólo euro desde entonces. El segundo motivo que explica el atasco es la saturación del SEPE, que es el que se tiene que encargar del abono de este nuevo subsidio, igual que hace con los ERTE.
Según explicaba el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, a principios de mes, el SEPE ha recibido 27.815 solicitudes por esta prestación. El número dos de Yolanda Díaz reconoció que la mayoría no había cobrado, aunque no dio ningún dato sobre cuántas perceptoras sí lo habían hecho. Pérez Rey se limitó a asegurar que "ya se estaban empezando a reconocer" los subsidios. Fuentes del sindicato de funcionarios CSIF niegan a Libre Mercado que el SEPE esté abonando estas prestaciones. "Todavía no se han empezado a pagar", aseguran y señalan a la ingente cantidad de trabajo que tienen a cuenta de los ERTE como el motivo principal. ¿Cuándo cobrarán? Como pronto, en julio. Con casi 4 meses de retraso.
La ayuda a los inquilinos que nadie quiere
Además de prohibir los desahucios durante seis meses cuando acabe el estado de alarma, el 31 de marzo el Gobierno aprobaba también en Consejo de Ministros una ayuda para las personas que vivieran de alquiler. Se trataba de una línea de microcréditos avalados por el Estado a través del ICO para inquilinos que no pudieran hacer frente a la renta y cuyos caseros fueran propietarios particulares (más del 85% de los casos).
Los préstamos se concederían por un máximo de seis mensualidades, con un tope de hasta 900 euros por mensualidad, y con retroactividad a 1 de abril. Para conseguirlos, el inquilino tendría que cumplir unos requisitos de vulnerabilidad, como haber sufrido un ERTE, haber sido despedido, tener una renta familiar inferior a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual o no tener un inmueble en propiedad. Una vez cumplidos, con sólo acudir a su banco, la entidad le ofrecería un crédito sin intereses. Pero el dinero no se lo daría a él, sino que se lo ingresaría directamente al propietario del piso. Aparentemente, menos el Estado si se produce un impago, todos ganan.
Llegó abril, el primer mes del cobro de los alquileres de la pandemia, pero la ayuda no estaba disponible. Al igual que con el subsidio a las empleadas de hogar, no fue hasta primeros de mayo cuando el Gobierno acordó con el ICO los detalles de una línea de créditos de 1.200 millones de euros que, supuestamente, beneficiaría a casi medio millón de inquilinos en España. Por aquel entonces, la realidad que había inquilinos que habían tenido que pagar ya dos mensualidades con dificultades o propietarios que llevaban dos meses sin cobrar.
A día de hoy, estos créditos se encuentran completamente atascados, según denuncian asociaciones como la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) o la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
La directora general de ASVAL, Beatriz Toribio, señala a este periódico que uno de los motivos por el que "no acaba de funcionar" la medida es que muchos de los inquilinos que han tenido dificultades para pagar el alquiler estos meses "han optado por el impago en lugar de acudir al banco a pedir el crédito, porque debido a su situación económica, no quieren endeudarse más". Según los cálculos de ASVAL, se ha producido un incremento de la morosidad de los alquileres en España del 5% al 15% a causa del coronavirus. Otra de las prácticas habituales durante la pandemia ha sido la libre negociación entre inquilinos y propietarios, que han aceptado rebajas temporales en las rentas debido a la delicada situación que atravesaban sus alquilados. Toribio también señala a la "desinformación" y a que "los bancos estaban centrados en los créditos ICO a pymes y autónomos", como otros de los motivos.
Desde la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) califican de "fiasco" la medida. Tanto es así, que la presidenta, Patricia Suárez, llega a reconocer que "no conocemos a nadie al que le hayan concedido un crédito de estos. Hay un atasco considerable". Suárez también coincide en que el Ejecutivo de Sánchez ha metido a los bancos "en muchas medidas, como los créditos ICO o el pago de los ERTE", y no han dado abasto. Además, este crédito a los alquileres es muy poco atractivo para las entidades. "Los bancos sólo ganan, como mucho, un cliente", señala Suárez. Para aprobarles el crédito, los inquilinos tienen que ser clientes de la entidad, pero no les pueden obligar a hacerse clientes antes.
La OCU señalaba el 27 de mayo que "la efectividad" de esta ayuda estaba siendo "prácticamente nula" porque "estas adhesiones se hacen a cuentagotas y por el momento en la página web del ICO figuran sólo estas entidades: Caja Onteniente, Caja Pollença, Laboral Kutxa, Bankoa, Abanca, Unicaja, Liberbank y de reciente incorporación, Cajamar. Como se puede comprobar, no se ha adherido ninguna de las grandes entidades que tienen mayor implantación nacional", añadían.
El 29 de mayo, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana —el competente en la línea de avales—, publicaba una nota de prensa en la que aseguraba que Santander y Bankia también estaban adheridas. Posteriormente se unió BBVA. ¿Por qué han tardado tanto los bancos en apuntarse a esta iniciativa? Fuentes financieras señalan a la "tardanza del ICO en fijar los detalles de cómo se iba a llevar a cabo" como el motivo.
En el ministerio que dirige José Luis Ábalos niegan que esta medida haya supuesto un fracaso, es más, consideran que "se está implementando con relativa celeridad", señalan a este periódico. Eso sí, todavía no disponen de datos de cuántos créditos se han concedido.