La renovación de un órgano tan importante como la Comisión Nacional de Mercados y Competencia no se iba a escapar del escándalo. Lo que en un principio parecía un intento por dotar a la comisión de la experiencia y capacidad técnica que requiere para tratar de mantener un organismo regulador que dé certidumbre y dotar de seguridad jurídica a los agentes que operan en el mercado, se ha convertido en un auténtico vodevil.
La semana pasada conocíamos la elección de Cani Fernández para presidir la CNMC. Su currículum es técnicamente intachable, aunque políticamente reprochable al haber ocupado un puesto de confianza de Iván Redondo en su último destino laboral –llega a la CNMC directamente desde el gabinete de Iván Redondo en Moncloa–. "Pero técnicamente es irreprochable", nos decían las fuentes consultadas. "Se ha curtido en mil batallas" relacionadas con la competencia a escala europea, señalaba otra de esas fuentes. "Ha dedicado dos décadas de su vida a estudiar y aplicar la legislación de competencia desde el ámbito público y el privado –desde el despacho de Cuatrecasas–", nos advertía otro de los expertos consultados.
Además de su paso por Moncloa, llama la atención el conflicto de intereses que Fernández tiene en su propia casa ya que está casada con Jorge Padilla, un asesor en materia de competencia conocido y reputado al ser el director gerente senior de la consultora Compass Lexecon y jefe de la división europea de la compañía. Compass Lexecon es una consultora económica en la que Padilla lleva los asuntos, sí, de competencia ante los tribunales de la UE, la Comisión Europea, el Tribunal General Europeo, Tribunal de Apelación y Competencia del Reino Unido, y otros en Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, India, Israel, Jamaica, Singapur, Sudáfrica, Turquía y EEUU, según su perfil en la web de Compass Lexecon.
Según recoge la propia Ley de creación de la CNMC, cada miembro del Consejo de la CNMC debe someterse a este examen previo a su nombramiento formal, y la Comisión competente –en este caso la de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que preside el popular Celso Delgado– podrá vetar por mayoría absoluta el nombramiento de cada miembro del Consejo, presidencia y vicepresidencia incluida, en el plazo de un mes natural tras recibir la propuesta del Gobierno. Pero este jueves esa comisión aprobaba los nombramientos propuestos por el Gobierno para renovar el consejo de la CNMC, superando los vetos presentados por el PP y Vox.
Tras lograr este aval, las propuestas de nombramiento de Cani Fernández como presidenta, Ángel Torres como vicepresidente y Carlos Aguilar Paredes, Josep María Salas Prat y Pilar Sánchez Núñez como consejeros queda pendiente solo de su aprobación por parte del Consejo de Ministros.
En cualquier caso, el artículo 7 de la Ley 5/2006 de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado establece que:
1. Quienes desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, o familiar dentro del segundo grado y en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público.
A tal efecto, los altos cargos formularán una declaración de sus actividades profesionales, mercantiles o laborales que hubieran desempeñado durante los dos años anteriores a su toma de posesión como alto cargo. Esta declaración comprenderá una relación pormenorizada de sus intereses referida al citado periodo de dos años.
Dicha declaración se efectuará ante el Registro de Actividades de Altos Cargos.
Ante esta normativa, es probable que Cani Fernández tenga que inhibirse de multitud de asuntos relacionados con la Competencia. No sólo aquellos en los que intervino desde Cuatrecasas, como los asuntos que tengan que ver con Mediaset, a quien asesoró en su conflicto con Competencia, o cualquiera que afecte a los clientes de la consultora de su marido.
La in-competencia de los consejeros de competencia
Otro de los escándalos llegaba esta semana con la propuesta de Carlos Aguilar para el Consejo de la CNMC por parte de Podemos. Este jueves defendía su propuesta en sede parlamentaria ante la comisión de asuntos económicos y transformación digital y lo hacía de este modo: "Evidentemente no soy ningún experto en el tema de la competencia. Mi propuesta responde a tener una comisión más plural".
Carlos Aguilar durante su comparecencia para ser miembro del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (@CNMC_ES):
"Evidentemente no soy ningún experto en el tema de la competencia. Mi propuesta responde a tener una comisión más plural". pic.twitter.com/8OYctDNWKl
— Roger 🇳🇱🇦🇹🇩🇰🇸🇪 (@RogerMedina_) June 11, 2020
Su pluralidad y mérito parece venir de su relación con Podemos, partido al que se inscribió "como militante hace cuatro años influenciado por mis alumnos. Pero en ningún caso he mantenido alguna relación ni cargo más allá de que se me ha pedido colaborar con mi conocimiento en la discusión política", se defendía. "No tengo absolutamente ninguna relación con el partido, ni relación económica con nadie", añadía. Eso sí, Podemos le propuso ir a las listas en el Congreso en 2019 y defiende que sus publicaciones no "se significan políticamente", porque "la labor docente es incompatible con demostrar un sesgo político", decía el profesor que se inscribió en Podemos.
Los medios de comunicación en el punto de mira
Aguilar, además de defender su candidatura, también negó tener amistad alguna con Jaume Roures, por quien le preguntó el grupo parlamentario Vox en la comparecencia: "Que alguien haya escrito que soy amigo de Roures no tiene por qué ser verdad. Yo en mi vida he visto a Roures y mucho menos tengo algún tipo de amistad con alguien a quien no he visto en mi vida".
El candidato a consejero de la CNMC aprovechó esta pregunta para destacar que España necesita, a su juicio "una mejor autorregulación en los medios". Además, cree que la CNMC tendrá que actuar ante la "difuminada linea" entre los sectores audiovisual y tecnológico con la excusa de "preservar los derechos de los consumidores, empresas, usuarios y colectivos vulnerables", decía.
Actualmente, Carlos Aguilar es vicedecano de la Facultad de Información y Medios Audiovisuales de la Universidad de Barcelona. ¿Cuál sería su función en la CNMC? "Supervisar los medios públicos y salvaguardar la independencia editorial y la calidad".