El Gobierno de España no ha dejado de comportarse de una manera poco inteligente con dos de las ramas de actividad que más contribuyen a la actividad económica en España y a su empleo. Uno es el sector del turismo y la hostelería, al que el ministro Garzón atacó al decir que es estacional, precario y de bajo valor añadido. El otro es la automoción, perseguido, en muchos casos, por la estrategia política del Gobierno, impulsada por la vicepresidenta Ribera, con el beneplácito de Sánchez.
Hace ya meses, la entonces ministra -todavía no ascendida a vicepresidenta- dijo que el diésel "tenía los días contados", posición en la que se mantiene y que lo único que ha hecho ha sido frenar a un sector puntero en España, que genera mucho empleo y que es uno de los más exportadores de la economía nacional.
Dicho acoso al sector de la automoción, unido a la inseguridad jurídica provocada por el Gobierno y a la amenaza de nuevas subidas de impuestos, puede provocar el abandono del sector en España por parte de muchos fabricantes, como, de hecho, ya ha anunciado Nissan.
La compañía japonesa ha decidido cerrar sus plantas de Barcelona, que conllevará la pérdida de 3.000 empleos directos y de entre 15.000 y 20.000 indirectos, por toda la industria auxiliar de dichas plantas.
La compañía ha considerado, dentro de su plan estratégico, reducir su capacidad de producción en todo el mundo. Aunque todavía mantiene las factorías de Cantabria y Avilés, su intención es dejar sólo una planta en Europa. El lugar elegido para mantener dicha planta parece que es Sunderland, en el Reino Unido. ¿Qué debería haber hecho y estar haciendo el Gobierno español? Eliminar barreras para la actividad productiva, reducir el impuesto de sociedades y allanar el camino para que inversiones como la de Nissan permanezcan y se capten nuevas. Sin embargo, la estrategia del Ejecutivo va en otra dirección, la del intervencionismo, amenaza de nacionalización -como no dejan de repetir Iglesias y Garzón- y subida de impuestos.
Con esta política de persecución del automóvil, en particular, y de maltrato empresarial, en general, el Gobierno sólo conseguirá destruir actividad económica y muchísimos puestos de trabajo.
España, segundo fabricante de Europa
Este sector, el de la automoción, es un sector tractor de la economía española y de su mercado de trabajo. España es el segundo fabricante de automóviles en Europa y el octavo mundial, que denota la importancia del sector en nuestra economía y la elevada capacitación española en dicho sector. A ello le une ser el primer fabricante europeo de vehículos comerciales.
Todas las primeras marcas están establecidas en España, que hace que contemos en nuestro país con diecisiete plantas de fabricación, que mermará con la salida de Nissan del territorio nacional. Eso ha hecho que entre 2012 y 2018 se haya incrementado la producción un 42,5%, al pasar de 1.979.179 unidades producidas en 2012 a 2.819.565 en 2018, cerca de la capacidad productiva máxima estimada.
Esta industria, además, genera una actividad indirecta importantísima, pues más de mil empresas trabajan dentro de la cadena de suministro en la fabricación de componentes y equipos para la automoción.
Es, además, una industria tecnológicamente avanzada, pues hay un robot por cada diez trabajadores, siendo uno de los sectores que más invierte en I+D+i, que mejora su productividad y facilita su competitividad, con una inversión de 4.000 millones de euros en la modernización y ampliación de sus plantas productivas.
De esa manera, el sector de la automoción representa el 10% del PIB español y el 19% de las exportaciones españolas, ya que exporta el 82% de toda la fabricación de vehículos en España, hasta alcanzar una cifra de 2.304.418 vehículos exportados.
Y eso permite generar empleo, 2 millones, de los cuales 300.000 son directos y 1,7 millones indirectos, un 10,15% de toda la ocupación en España.
Por tanto, podemos hacernos una idea de la importancia del sector en la economía española y en la creación de puestos de trabajo. Sin embargo, el Gobierno lo está lastrando con su gestión y con la inseguridad que crean sus anuncios mientras vive una situación dramática, pues la caída de las ventas son tremendas: en mayo, ha descendido la venta de vehículos de gasolina un 77% interanual, un 70% la del diésel y un 73% la del total de combustibles.
Si lo analizamos por canales, el resultado es también desolador, pues cae un 66% en el de particulares, un 64% en el de empresas, un 93% en el de alquiler y un 73% en el total de todos los canales.
Nacionalizar no es una opción
Frente a esto, el Gobierno pone sobre la mesa unas tímidas ayudas, cuando debería incentivar mucho más al sector y facilitarle la inversión, dando facilidades para que realicen en España su actividad económica en lugar de ponerles trabas que provocan salidas como las de Nissan.
En un mundo globalizado como en el que estamos, hay que competir ofreciendo los mayores incentivos para atraer inversiones. No hablo de subvenciones, que la Unión Europea, además, las prohíbe como ayudas de Estado. Me refiero a un entorno atractivo para invertir y desarrollar la producción, buena disponibilidad de instalaciones y terrenos, y, sobre todo, completa seguridad jurídica y certidumbre económica.
España reúne todos los elementos para atraer inversiones -las más intensivas en mano de obra no, por la mayor especialización española y los mayores costes inherentes a la misma- pero desde que gobierna Sánchez, y especialmente, desde que éste se ha puesto a la cabeza de la manifestación comunista de Iglesias, la seguridad jurídica se está resintiendo en España y la certidumbre se volatiliza.
Hay rumores constantes de incremento del impuesto de sociedades, que lo único que consigue, como vemos, es que la recaudación baje, porque un tipo impositivo del 20% por un beneficio de 100 unidades son 20 unidades de recaudación. Si se implanta un tipo impositivo del 40%, recaudará ese cuarenta por ciento de cero, es decir, la recaudación será nula. Ésa es la visión comunista de la economía: todo lo que toca lo convierte en un desierto económico y laboral que conduce a la miseria, que es lo que después quiere repartir para hacer un país subsidiado.
Por otra parte, siempre que pueden, los podemitas recuerdan que la nacionalización es una opción. Esto crea un clima de incertidumbre que ahuyenta las inversiones existentes y levanta barreras de entrada a las que estuviesen pensando venir a invertir a España.
El Gobierno, con su deriva comunista, está generando un efecto expulsión, no ya sólo por el elevado endeudamiento, que drena recursos a las empresas privadas, sino especialmente por la gran inseguridad jurídica que genera. Calviño sabe que no se puede seguir así: o se impone la ortodoxia o Sánchez e Iglesias van a dejar el campo de las inversiones sembrado de sal, y el sector de la automoción será uno de los más tristemente afectados, poniendo en riesgo cientos de miles de empleos, como ya ha empezado a suceder con el anuncio de la salida de Nissan.